lunes, 22 de noviembre de 2010

Palabra de Antígona

Dádivas y Derechos

Por Sara Lovera

El próximo jueves inicia en todo el mundo la Jornada de 16 días contra la violencia que viven las mujeres y que terminará el 10 de diciembre al conmemorarse la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Esta jornada, que ya empieza a ser una sana costumbre, la de la jornada, permite reflexionar sobre el estado que guarda la situación de violencia que viven las mujeres.

En México la situación no mejora. La guerra desatada en campos y ciudades contra el narcotráfico; el círculo de violencia que se vive, en los lugares más recónditos o apacibles es nefasto. Pero se insiste en políticas públicas que pueden, en algunos casos, salvar vidas, en otros se trata de políticas de relumbrón y simuladas para aprovechar algunos recursos que se etiquetan tanto en presupuestos oficiales como en los organismos internacionales.

Este año, por ejemplo, el Instituto Nacional de las Mujeres etiquetó recursos para los gobiernos estatales para analizar cómo el lenguaje excluyente y demoledor, coadyuva o no a la violencia que viven las mujeres, siete de cada 10 en todo el país.

Sin embargo, el lenguaje no es más que el reflejo de una situación social y de convivencia agresiva que no servirá de nada, si no hay otro tipo de transformaciones, por ejemplo que cese la política de guerra y la idea generalizada de que todos los conflictos sólo pueden solucionarse por la vía violenta, los golpes, los insultos o simplemente las armas.

De ahí la importancia de pensar, más bien, en la urgente necesidad de establecer un sistema de relaciones democráticas, de la familia al gobierno. De otro modo la espiral de la violencia será infinita. No es, como dice la derecha, que en los hogares se anida la violencia y, sí es al mismo tiempo, un reflejo que documenta como anda el país.

De la misma forma actúa sobre los hogares la política institucional violenta, donde las policías, el ejército, los sicarios, los empleados del narco y la delincuencia cotidiana dan muestra de una manera de abordar todas las relaciones, de las amorosas a las comerciales.

La Jornada de los 16 días intenta reflexionar y hacer mirar cómo funciona este sistema envolvente, donde todas y todos participamos de distintas formas y a pesar de leyes, políticas públicas y discursos, cada vez que se reflexiona se constata que no cesa la violencia contra las mujeres.

Sólo en el Distrito Federal, la capital del país, entre enero y septiembre de este año, 44 mil denuncias llegaron a las Unidades de Prevención y Atención de la Violencia familiar y personal en materia legal y psicológica atendieron 119 mil casos. El asunto revela que no hemos avanzado casi nada.

Sin embargo, hay intentos de parar seriamente el círculo. Por ejemplo, durante años las feministas han sostenido que una mujer se ve impedida de salir de un hogar donde es violentada sistemáticamente, del desprecio y desvalorización a los golpes y el miedo, porque no tiene cómo enfrentar la vida sin los recursos económicos del agresor, casi siempre su pareja, pero también se trata de los padres y a veces de hijos mayores.

Para remediar esto, en el Distrito Federal hace dos años, se creó un derecho: el seguro para mujeres violentadas, que consiste en una beca en dinero, en apoyo psicológico, un acompañamiento legal; capacitación para el trabajo y con frecuencia crédito para una casa. Este seguro, que no es dádiva sino un derecho en la capital del país, ayuda a salvar vidas, sin discusión, pero es también un acto de Estado a que obliga la ley, la Convención Interamericana contra todas las formas de Violencia que sufren las mujeres y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida sin violencia.

No es una dádiva, reitero, pero se confunde con ella, porque la población no tiene una explicación clara del significado de ésta, junto a otras políticas integrales que operan en el Distrito Federal y que en general no son cabalmente explicadas ni entendidas por la población.

También en el Distrito Federal se ensayan otras políticas, como la que ha establecido una casa de emergencia o la que recibe en un refugio temporalmente a mujeres violentadas. Además de la ley que creó, hace ocho o 10 años, las Unidades de Prevención que tampoco reciben la publicidad necesaria para que las mujeres acudan.

No se trata pues de dádivas, ni de discursos. La violencia contra las mujeres puede atenuarse con estas políticas, pero persiste en la sociedad porque la misma población la consciente. Se sigue creyendo que las mujeres son menores de edad, no tienen valor o pueden ser sin responsabilidad, controladas y maltratadas, porque es su destino.

Habrá quien me diga que estoy exagerando, pero no es posible encontrar una respuesta al número creciente de mujeres agredidas y asesinadas.

En esta jornada vale la pena explorar los datos que se irán dando durante 16 días; los modelos de atención a las víctimas y las formas como funciona este entramado que permite que no se solucione el problema.

Es maravilloso que haya muchas mujeres con un seguro contra la violencia que puedan usar. Es encomiable que de nuestros impuestos muchas de ellas reciban apoyos económicos para tener la fuerza de romper el círculo de su violencia familiar individualmente, pero valdría la pena pensar en comunicad y colectivamente, lo realmente necesario es que desecháramos en la vida diaria esta manera agresiva de relacionarnos, individual y colectivamente; tener un sistema de justicia que fuera eso y consiguiera hacer claro a quienes infligen violencia contra una mujer que eso es un delito inaceptable y que la política global del gobierno de Felipe Calderón retirara las armas como mecanismo para solucionar lo que llaman “inseguridad”, puesto que esa se anida, crece, se desarrolla tanto en la casa como en la calle, tanto en las relaciones de pareja, como en las laborales y comerciales, tanto en la idílica familia como en la escuela y en las carreteras.

Acabo de estar en Chiapas, y me contaron que en Comitán, la tierra de Rosario Castellanos, todos los días hay un hecho de violencia, o sea, se aprende, se recrea, se acepta y entonces no existe la fuerza millonaria para pararla. Hacen falta un millón de personas pidiendo que esto cambie, tomar el zócalo para pedir democracia y cero violencia, porque tenemos miles de huérfanos, miles de mujeres mutiladas, miles de mujeres deprimidas, miles de funcionarias frustradas porque ni todas las políticas, ni todo el dinero pueden hoy evitar el sufrimiento femenino que está ligado a la desigualdad y a la antidemocracia, el engaño y también, la demagogia que escucharemos repetida todos estos días.

saralovera@yahoo.com.mx

Mujeres y política

México, una necrópolis

Soledad JARQUIN EDGAR

México se ha convertido en una necrópolis moderna, donde los seres humanos no valen ni en su vida ni en su muerte, en su vida porque el estado no es capaz de garantizar sus derechos básicos y en su muerte porque las víctimas ni sus familias alcanzan la justicia, asegura Julia Estela Monárrez Fregoso, investigadora del Colegio de la Frontera Norte quien estuvo en Oaxaca para dar la conferencia magistral: “Elementos de análisis para conceptualizar el daño a las víctimas y reposicionar el valor de la vida”, dictada dentro de las actividades de la Jornada Oaxaca Feminicidio 2010.

La afirmación de la investigadora del Colegio de la Frontera Norte en Ciudad Juárez, Chihuahua, está más que bien fundamentada y lo sabemos. Basta con abrir los periódicos, escuchar y ver los noticiarios de radio y televisión o conectarse a la red de redes para darse cuenta.

Así, vemos cómo este mapa del Hades mexicano ha ido extendiendo a lo largo y ancho del país por dos razones: el feminicidio y el narcotráfico. El primero que ha existido a lo largo de los tiempos, basado en otro inframundo: el de la misoginia. El segundo, el narcotráfico y la guerra producida por este Ares de apellido Calderón, han recrudecido la violencia, la violencia extrema contra mujeres y hombres de todas las edades.

Tanto en el feminicidio como en la guerra contra el narcotráfico, las víctimas han sido vituperadas, difamadas, denigradas o injuriadas, en el fondo se trata de “justificar” la violencia que es simple y sencillamente injustificables, además de despersonalizarlo, hacerlo ajeno al resto de la sociedad, hacernos creer que ellas y ellos son distintos al resto de quienes vivimos en este país.

Los estereotipos, que todo el aparato de justicia y mediático, crean de las víctimas no corresponden a nuestra forma de vida, la nuestra suponemos “normal”, esa es la idea que nos venden y que por muchas razones compramos.

Julia Monárrez, quien participó en la Jornada Oaxaca Feminicidio 2010 O –conferencias, cursos y talleres organizados por la Regiduría de Equidad y Género, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y las organizaciones sociales Comunicación, Educación y Desarrollo para la Igualdad (CEDI) y la asociación española Otro Tiempo-, desmonta esas falsas ideas que de alguna manera normalizan la violencia y nuestra convivencia con ella.

Sin embargo, la doctora Monárrez desmitifica a Ares, cuando sostiene que en el feminicidio, los cuerpos de las víctimas muestran la estructura de una sociedad que ha sido injusta con ellas. Porque estas mujeres –o una mayoría de estas mujeres- son económicamente marginales, producto de un orden económico que no satisface los derechos humanos básicos, como podrían ser su derecho a la alimentación, al empleo, la escolaridad, al ocio, al placer, a disfrutar de la sexualidad, a transitar libremente… en suma el Estado no garantiza sus vidas y al vituperarlas tampoco les da justicia.

Lo mismo sucede con las y los jóvenes asesinados en la guerra contra el narcotráfico donde todos y todas resultan ser parte de las bandas delictivas, eso dice Ares Calderón, aún cuando se trate de estudiantes brillantes y destacados seres humanos. Así, en ambos casos el imaginario colectivo construye que estos jóvenes como las mujeres asesinadas carecen de valor, construcción que realiza, como ya vimos el poder hegemónico patriarcal.

Lo cierto, es que el fondo es otro y tiene que ver con la responsabilidad no satisfecha del Estado de proteger la vida de las personas y persiste la tendencia a no reconocer, a no prevenir y a no castigar el Feminicidio y los asesinatos que se cometen también contra hombres y mujeres jóvenes en estos nuevos tiempos del Ares mexicano, que convierte a México en una necrópolis moderna, como llamó la doctora Julia Monárrez a este escenario nacional.

Por eso, las feministas, académicas e investigadoras, señalan con precisión que el Feminicidio (el asesinato de mujeres –etimológicamente- por ser mujeres) es resultado de una fractura del Estado de Derecho que ha favorecido la impunidad y que ha omitido la gravedad de este problema.

Gran parte de la sociedad y todo el aparato de gobierno, en sus diversos niveles, hacemos como que le tapamos el ojo al macho cuando una mujer es asesinada, pero no tomamos medidas de fondo como dar justicia a las sobrevivientes y víctimas de la violencia, poner dinero suficiente para desmontar los viejos esquemas que dan mayor valor a la vida de los varones que a la vida de las mujeres, es decir educar y requiere sobre todo cambiar las leyes, lo que la niñez aprende en las instituciones educativas, que ya vimos invisibilizan el aporte de las mujeres en la historia, desde ahí las mujeres no tienen valor.

Así lo plantean las feministas y estudiosas, y lo recordaba en el taller de Feminicidio desde una perspectiva global, la periodista Graciela Atencio, hay que reconocer que el primer gran obstáculo para alcanzar la igualdad es la violencia de género, si no logramos eliminar esa violencia no podemos plantearnos ningún cambio cultural y seguiremos viviendo en estas sociedad que reproducen la desigualdad, la pobreza y la antidemocracia.

Citaré algunos datos proporcionados también en esta Jornada Oaxaca Feminicidio 2010, son cifras del III Informe Internacional Violencia contra la Mujer en las Relaciones de Pareja, del Instituto de Estudios sobre Violencia Reina Sofía de España, que señalan que en México 24 por cada millón de mujeres son asesinadas. La regidora de Equidad y Género, Bárbara García Chávez, señalaba que en el estado de Oaxaca, lamentablemente está un punto por arriba de esta media nacional, con 25 mujeres asesinadas por cada millón de ellas.

Es urgente, pues hacer algo, reconocer en nuestras leyes locales el problema, la gravedad del Feminicidio, es decir, el asesinato de mujeres conformado por un conjunto de hechos misóginos, sin ocultamiento de nada, como seguramente lo habrán de solicitar este 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las mujeres, las oaxaqueñas y ahí está la responsabilidad de las nuevas autoridades legislativas, no seguir cerrando los ojos ante el daño que siguen produciendo el patriarcado, la el machismo y el androcentrismo y que las instituciones hegemónicas reproducen, me refiero a las instituciones, los gobiernos y las iglesias.

La violencia, señor Ares Calderón no tiene ningún tipo de justificación. Las mujeres queremos vivir en una sociedad libre de violencia, que nos garantice nuestros derechos y también deseamos, como ciudadanas que somos, que se establezcan los mecanismos para que no haya impunidad y sí justicia.

Poner el tema el tema del Feminicidio es abrir los ojos y darnos cuenta que las victimas son mujeres como nosotras, con los mismos sueños y anhelos que los nuestros. Y las legisladoras, como los legisladores de todos los partidos políticos y, por supuesto, quien gobernará –dice- con justicia e igualdad, tienen en sus hombros la responsabilidad de trabajar para que el Estado pueda quitarse de encima la pesada losa del feminicidio y dejar de vivir en una sociedad que no garantiza los más elementales derechos de las personas, de manera especial, de las mujeres que estadísticamente y en la vida real, la de carne y hueso, nos revela los efectos negativos de la desigualdad. Hagamos honor a la vida.

Violencia contra periodistas

Rebeca Luna, periodista, compañera de hace muchos años, fue nuevamente agredida y hay razón para pensar que esta nueva agresión y tiene su origen en su trabajo. Apenas este jueves, la Comisión Nacional de Derechos Humanos reconocía en Oaxaca que en este sexenio se han registrado 66 homicidios de periodistas (parte de la necrópolis moderna en que se ha convertido México), otros 12 están desaparecidos y hay 18 atentados contra medios en el país.

A la agresión de Rebeca Luna se suma a la otra agresión no resuelta, pendiente por llamarlo de alguna manera, cometida contra Ixtli Martínez, y el asesinato de las locutoras triquis Felicitas Martínez y Teresa Bautista. Son muchas las razones para pensar que el ser periodista es estar al margen, al garete, sin ninguna clase de protección, como quizá lo estemos todas las ciudadanas de este país. Sin embargo, habría que recordar que atentar contra el trabajo periodístico es atentar contra toda la sociedad, porque lo que se lesiona es, sí, el cuerpo de las periodistas como Rebeca o Ixtli, o terminar sí con las valiosas vidas de las jóvenes triquis, pero también se cancela una de las más sagradas aspiraciones de la ciudadanía: la libertad de expresión, la libertad de información. Siguen los pendientes con las y los informadores de Oaxaca, sin resolver también las violentas agresiones y amenazas contra Pedro Matías y Félix García o los asesinatos de Brad Will, Raúl Marcial, los tres trabajadores del periódico el Imparcial del Istmo, todo esto de 2006 a la fecha.

jarquinedgar@gmail.com