miércoles, 29 de junio de 2011

Mujeres y Política. 211 días de impunidad

Soledad JARQUIN EDGAR

La suma se incrementa. La mañana de este miércoles 29 de junio eran 40 las mujeres asesinadas en Oaxaca en los primeros 211 días de la administración gubernamental de Gabino Cué.

La violencia contra las mujeres no tiene límites. La realidad nos supera y las sin-razones para asesinar mujeres no encuentran después de años de insistencia un sitio en las legislaciones, los organismos que operan eso que llaman procuración de justicia son omisos e incompetentes y los jueces dan penas menores a quienes asesinan mujeres o salen libres en sólo unos meses por “buena conducta”. Los hechos son contundentes, demostrables todos.

El resultado es lo que vivimos este día, a mitad de semana.

A 211 días del gobierno democrático, del gobierno de la transición, del gobierno que hace historia, del gobierno que acabaría con la indolencia, la corrupción y la impunidad, el fenómeno de la violencia es un discurso que deja en ese lapso de 211 días, 40 mujeres asesinadas según el reporte hemerográfico de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca.

En la última quincena de junio que termina, séptimo mes del gobierno aliancista, Gabino Cué se ha reunido en dos ocasiones con las mujeres organizadas. Una y otra vez las mujeres de Oaxaca han planteado, como si fuera “un rosario”, las faltas grandes y pequeñas en que incurre el gobierno estatal por no atender el problema de la violencia feminicida.

Hoy sabemos que la falta de atención, la omisión, la permisibilidad, la impunidad que permite el gobierno tiene 40 nombres, 40 vidas que han sido silenciadas, cientos de niñas y mujeres abusadas sexualmente y miles, sí miles, que de forma cotidiana sufren las otras violencias, todas las violencias que usted pueda imaginar y, peor aún, la tortura en torno a ellas se incrementa, los relatos periodísticos así lo reflejan.

Aunque en sus discursos, el gobernante en turno rechaza la tolerancia a la violencia contra las mujeres, la tolerancia cero no existe en Oaxaca. La cifra de mujeres asesinadas se incrementa con el paso de los días, no se inhibe y hay otros ejemplos como el hecho de que un ministerio público dejó en libertad al violador de una menor de edad, a pesar de que confesó su crimen y pareciera que nada pasa, el funcionario Julio César Vásquez Juárez sigue despachando en la agencia ministerial de Tlacolula, sólo que en este momento está gozando de sus merecidas vacaciones, un premio a la ineficiencia. Este no era el primer hecho oscuro del Ministerio Público, existen otras quejas sobre la forma de actuar de este “servidor” y de ellas escuchó ocho días antes el propio Gabino Cué y el procurador de Justicia, Jesús López. Vásquez Juárez, MP de Tlacolula, que no actuó conforme a derecho sino leyendo en sus propios códigos de misoginia y de machismo, que le dictan con frecuencia que la vida de las mujeres no vale nada.

Así, mientras el martes las mujeres discutían sobre el feminicidio, contribuyendo a la tarea gubernamental en esa corresponsabilidad a la que llamó Cué en la última reunión con organizaciones, dos mujeres más fueron asesinadas en Oaxaca, una aquí en la capital, la otra en Amoltepec, en la región de la Mixteca.

En tanto el gobernador, el procurador y la fiscal Ileana Hernández Gómez exponían sendos discursos en un encuentro internacional sobre trata de personas, las cuáles fueron nota principal en algunos diarios, dos mujeres más, una de 36 y otra 49 años fueron asesinadas, una ahorcada y arrojada en una vereda cerca de su propia casa. La otra recibió dos disparos.

Las palabras y las promesas se desvanecen frente a la realidad que nos revelan que detrás de esas promesas y palabras sólo hay inoperancia, consentimiento, ineficacia, incapacidad, impunidad, síntomas de una enfermedad que ha provocado 40 asesinatos y se llama permiso institucional para matar.

lunes, 27 de junio de 2011

Mujeres y política. No es corresponsabilidad es obligación

Soledad JARQUIN EDGAR

“Eliminar la injusticia y los conflictos desgastantes, gozar y disfrutar de la vida, vivir en libertad, son los más caros anhelos de autoestima de más y más mujeres cada día”, esta cita tomada de Marcela Lagarde, deben recordarnos la lucha férrea que muchas mujeres a lo largo de la historia y en el presente siguen enarbolando para que la violencia hacia las mujeres termine. No es digno vivir con violencia y es indigno que los gobiernos no sean corresponsables de no tolerar esa discriminación, a pesar de lo que se diga y plasmen en las leyes.

Recientemente en Oaxaca las mujeres organizadas han tenido dos reuniones con el gobernador en turno. Esta entidad es “emblemática” porque en ella se pueden concretar todas las formas de violencia y todas tienen en la falta de justicia su razón de ser. En esa reunión con el gobernador Gabino Cué, las mujeres hicieron hincapié en la violencia institucional, que finalmente es el punto de partida.

Entre los casos mencionados señalaron concretamente a dos Ministerios Públicos por su misoginia, el de Santiago Zacatepec, en la sierra Mixe, y otro más en Tlacolula de Matamoros, a 30 kilómetros de la capital oaxaqueña, donde existen casos de maltrato hacia las mujeres por parte de los dos elementos.

El pasado jueves 23 de junio, Cué llamó a una cruzada contra la violencia. Él retomó la propuesta de las mujeres. Ellas le pidieron esa corresponsabilidad para no permitir tolerancia alguna frente a los casos de violencia por parte de las instituciones. Al final, como dice el dicho, volteó la tortilla, al pedirles a las organizaciones corresponsabilidad.

En la primera reunión, la del pasado martes 14 de junio las mujeres organizadas pertenecientes a diversos colectivos y que vinieron desde diversos municipios, le exigieron la salida de los Ministerios Públicos. La respuesta del Procurador General de Justicia del Estado fue que no era posible argumentando la falta de recursos.

Esa dilación, basada en un pésimo supuesto por no decir lo correcto, ya tiene otra víctima. Se trata de una niña de 14 años, violada por el esposo de su hermana en Tlacolula de Matamoros. El violador José Luis Flores Martínez “confesó sus actos con lujo de detalle…explicó que lo había hecho para vengarse de su novia…”, en realidad se trata de su esposa y tienen un hijo, fue liberado por el Ministerio Público de Tlacolula, porque la pequeña de 14 años “retiró los cargos presionada por su hermana” (Imparcial 4G/Alejandro Villafañe/24 de junio 2011).

El agente del Ministerio Público, este servidor público iluminado en machismo pero no en Derecho se llama Julio César Vásquez juárez. ¿Qué o quién autorizó a este flamante servidor público a actuar de esa manera? ¿Acaso tiene sus propios códigos para actuar? Como explican la abogada Bárbara García Chávez y la feminista Ana María Hernández Cárdenas ¿no es acaso un delito que se persigue de oficio y además estaba confeso y se estableció la culpabilidad?

Entonces una pregunta ¿de qué forma el gobernador Gabino Cué y las instancias de procuración de justicia se sumarán a esta cruzada de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y niñas? No es esta una prueba suficiente para que el Procurador de Justicia, Jesús López López, despida e incluso finque responsabilidades contra Julio César Vásquez Juárez nombre del Ministerio Público quien, me atrevo a decir sin temor a equivocarme, le gana su machismo, su misoginia y esa “virtud” que van desarrollando al paso del tiempo de brindar “justicia” al mejor postor.

Hechos como el antes descrito se convierten en las razones por las cuales las mujeres organizadas han fincado responsabilidades al Estado-gobierno como el símbolo de todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres. El gobierno de la alternancia -como le llaman a esta combinación de derecha-izquierda que terminó con más de 80 años de hegemonía priista-, podrá argumentar que “apenas” están por cumplir siete meses, que no tiene recursos suficientes o que como dice Gabino Cué “son los mismos funcionarios (menores) de antes”, cuando se refirió al aparato de procuración de justicia, incluyendo a los policías, pero eso nunca será justificación suficiente, su obligación es la que establece la Constitución mexicana y todas las leyes que de ella emanan, las mimas que juró cumplir el pasado 1 de diciembre 2010.

No es utópico pensar en esa posibilidad de acabar con la violencia institucional inhabilitando a servidores públicos por corruptos o ineptos, es más si lo siguen pensando, si persiste la idea de inamovilidad de los Ministerios Públicos con las características de Julio César Vásquez Juárez y algunos con peores conductas, seguramente se seguirán acumulando los casos, que muestran que en realidad la vida y la libertad de las mujeres les importa un comino, igualito con ese odioso pasado con el que no les gusta ser comparados.

Treinta y siete mujeres asesinadas

Este mismo fin de semana supimos de otros casos de violencia contra las mujeres, como el asesinato de Lucina Cruz Villanueva, -ex comisariada de bienes comunales- a manos del actual comisariado de bienes comunales de Ocotlán de Morelos, Gabino Díaz López. El asesino fue detenido. A ver si no salen con que lo dejan libre porque el fantasma de Lucina se desistió, a ver si no dicen que fue en defensa propia, a ver si no salen con que a los 10 meses está libre por buena conducta y porque es indígena, como ha sucedido en otras ocasiones, en otros tiempos, con asesinos de mujeres favorecidos con el programa de liberación a presos indígenas.

En suma, cuando hablamos de denuncias de violencia contra las mujeres, sean las circunstancias que sean, son actos lamentables, que hieren, que lastiman a más del 52 por ciento de la población. Así, todas las oaxaqueñas sumamos una mujer más a esa lista de 37 mujeres asesinadas. Frente a la inacción del gabinetazo, si nadie atiende la violencia, la titular del IMO, Anabel López, seguirá enviando condolencias a las familias vía correo electrónico o tendrá que convertir esta práctica en una “política pública”. Prevenir, actuar y vigilar que exista la justicia, esa es la obligación del IMO.

En Oaxaca, está claro que las mujeres mueren por todas las sin-razones, las cuales están ancladas en las instituciones. La solución, la cruzada, la suma, el llamamiento es entonces para las autoridades no para las organizaciones. No es por corresponsabilidad es por obligación.

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A Reserva. La Ley, instrumento a conveniencia

Bárbara GARCÍA CHÁVEZ

La administración pública es la estructura orgánica del poder ejecutivo para realizar las tareas permanentes que la Constitución y las leyes señalan al Estado, con el único fin de satisfacer las necesidades generales.

Considerando la vorágine política que marcó la transición electoral que dio el triunfo a la coalición derecha-centro-izquierda, derrotando 80 años de priismo oaxaqueño y originado por grandes movimientos sociales y políticos, las reformas legales para modificar estructuras fundamentales no se hicieron esperar.

El propósito fue hacer patente el desprecio por lo que fuera el marco legal de actuación del ignomioso URO y por supuesto marcar “diferencias” que permitieran demostrar la panacea del mejor gabinete, con fuerte carga mediática que implicara la nueva “ética política”. Tal fue el sonadísimo caso, aún vigente del requisito para ser designados los funcionarios y funcionarias de primer nivel de contar con una carrera universitaria y título registrado. Asunto sabido, es que una ley a modo, no siempre resulta ni ejemplar ni eficaz y mucho menos funcional.

Esta breve recopilación informativa pretende revisar reflexivamente la nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, la cual literalmente fue el primer acto autoritario del gobernador electo antes de asumir su cargo; mandato que incluso parecía el primer abono que le cobró a las bancadas de la coalición y que determinó las primeras negociaciones con la fracción del PRI, que sin debate levantó sumisamente el dedo.

Este ordenamiento, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca es el fundamento jurídico del Gobierno del Estado de Oaxaca, que determina sus funciones, atribuciones y competencias. La importancia de las modificaciones sustanciales, es evidente, no sólo responden a la necesidad de ser y verse diferentes a los actores del negro pasado político; en lo fundamental se pretendió manipular la estructura jurídica que permitiera el nuevo acomodo de puestos y funciones que satisficiera medianamente los requerimientos del PAN, PRD, PC y PT, sin descontar a los reciclados acomodaticios del PRI –los que se encontraban en receso, seguidores de Diódoro Carrasco, José Murat y aunque no lo crean del propio Ulises Ruiz-, más los amigos de infancia de Gabino Cué, y por supuesto, uno que otro rico empresario.

En principio, la administración pública es aquella actividad que se encuentra escenificada por el poder político del Estado, a través de una serie de dependencias y organismos que integran los sectores centralizado y paraestatal, que lleva como finalidad atender necesidades de interés social o colectivo.

En el ámbito de las entidades federativas el gobernador es el jefe de la administración pública, es el titular y responsable del aparato del gobierno estatal, estructurado conforme a lo que establece la Ley Orgánica de la Administración Pública, está compuesto por varios órganos o dependencias a través de los cuales el gobernador ejerce sus atribuciones administrativas.

La Constitución del Estado de Oaxaca señala expresamente que La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca establece el número y denominación de las dependencias administrativas que servirán de instrumentos al gobernador para cumplir con las atribuciones y fines que le señale la Constitución local.

Determina, a su vez, las atribuciones y funciones que corresponden a cada uno de los órganos o dependencias, de acuerdo a los diferentes campos de la actividad del gobierno.

La ley reformada decreta el mismo número de secretarías, pero modifica sustancialmente denominación y funciones, desaparece algunas y crea otras, es el caso de la Secretaría del Trabajo, que dicho sea de paso es cuota política y presupuestal del Partido del Trabajo (PT), y la Secretaría de Desarrollo Social y Humano a cargo de personajes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), por ser los ocupados en el sector social más desprotegido ¿Qué no la izquierda trabaja por los pobres?

Fusiona las Secretarías de Economía y de Turismo, designando en un principio al panista Alfredo Ahuja Pérez, quien se ostentó como licenciado en Psicología egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero el número de su cédula profesional respondía a otra persona. Provocó un escándalo entre la clase política de Oaxaca, resultó criminal confeso y bastó con un disculpe usted, por ahí sigue en un puesto público cobrando y sin dar la cara.

Lo que era la Secretaría de Obras Públicas ahora se nombra rimbombantemente como Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, que tiene al frente a un rico y reconocido empresario constructor, asistido por uno que otro priista que estuvieron al servicio de Ulises, “El Malo”.

La Secretaría de Desarrollo Rural se amplía en nombre y recursos, para ser Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, así alcanza para dos o tres grupos del PRD -por cierto, están trenzados discutiendo quién se lleva más recursos a su programa, robusteciendo algunas tribus perredistas-.

Para la derecha, insigne y honorable, la Secretaría de Contraloría y Transparencia, en ella una mujer de peso moral: Perla Woorlich y su personal. Y claro la maestra Elba Esther Gordillo se adelantó asegurando para su control a la “licenciada” que no ha podido acreditarse titulada, doña Irma Piñeyro Arias.

Comandando todos los espacios y tomando la batuta el mismísimo Benjamín Robles de Convergencia, metiendo mano en la reforma de la Ley para que desde la oficina de la Gubernatura, se asignara excesivas atribuciones y competencias, que le permitieran el control político y presupuestal del nuevo gobierno por la paz y el progreso; sin embargo tuvo que dejar tan alto cargo por no cumplir el requisito de ser licenciado por ninguna institución de educación superior.

Ahora este personaje se desempeña como secretario particular del gobernador, habilitado de facto en el puesto que dejó, usurpando no en pocas ocasiones funciones de la Secretaria de Gobierno, tal como lo vimos en días pasados entregando al Congreso del Estado el Plan Estatal de desarrollo, por cierto fuera de tiempo y excediendo el plazo de proyección de la administración 2010-2016, con programas a 25 años –Habrase visto soberbia mayor-

Pues sí, este agregado que se hace en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca en el capítulo de Órganos Auxiliares es muy descriptivo si se considera la amplísima competencia y extremas atribuciones del jefe de la oficina de la gubernatura, creada ex profeso para Benjamín Robles alias Cara Sucia, que en ese tenor pudo contratar a propios y extraños siempre que le juraran amor y lealtad eternas; descritas en el artículo 34 de la ley en conversa declarándolo de plano jefe máximo del gabinete y supervisor de todas las funciones.

Hoy por hoy ya no es preponderante esta súper oficina, el interés ha modificado sus expectativas de acción y asignación, por lo que en muy poco tiempo estaremos presenciando nuevas modificaciones a la Ley que rige y determina la organización y funciones del ejecutivo del Estado, de tal manera que la ley se adecue al quehacer público y no como debe ser: adecuar la función pública a la ley.

Por otro lado, aparte de la sumisión del Congreso local que implica no acuerdos con la sociedad si no acuerdos de carácter político que lían cuotas de poder y no debate legislativo que refiera el carácter hermenéutico que explique el beneficio de las normas que aprueban; está siempre latente la tentación de la facultad de emitir decretos sin equilibrio de la propia cámara de diputados.

Si, el gobernador de acuerdo a la multicitada ley, puede emitir decretos para la creación, modificación, adscripción, supresión o fusión de las unidades administrativas de las dependencias centrales que requiere la Administración Pública, asignándoles las funciones correspondientes; lo que en su afán de protagonismo mediático y tratando de contrarrestar la creciente inconformidad social y el desencanto -una vez más- borraría del mapa al Congreso local, que debió fijar límites precisos para impedir excesos del poder ejecutivo al momento de ejercer las facultades otorgadas y precisando supuestos específicos.

Esta posibilidad del decreto sin especificaciones y supuestos determinados, resultaría riesgosa para el debido ejercicio republicano, la democracia se debilitaría recrudeciendo viejas prácticas autoritarias.

Vale más acordar, convencer con argumentos de razón política a las diferentes fracciones parlamentarias que entrar en el camino de la ilegitimidad. Son los diputados y diputadas quienes representan la voluntad popular. Debiendo actuar en consecuencia.

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Palabra de Antígona. Revertir 82 años de historia

Por Sara Lovera

El próximo domingo, cuando se abran las casillas electorales en el Estado de México, mujeres votantes, decididas a reaccionar ante la ignominia que significa vivir en la entidad de mayor peligro para sus vidas, podrán inclinar la balanza, con una decisión histórica que revertiría 82 años de gobiernos priistas.

Y es que de los más de 10 millones de electores, las mujeres con derecho y obligación de votar representan el 52 por ciento. Si todas salieran y votaran por el cambio en sus vidas, hoy acosadas por la violencia, el desempleo, la miserable vida en el campo y la antigua explotación industrial, de pastaje a las plantas trituradoras de salud y derechos, y levantan su voz y su voto jubiladas, migrantes, presas y víctimas de la impunidad, todas las encuestas se irían a la basura y otra fuera la realidad.

No sé porque me acuerdo de la desgracia que campea en los caminos de Chimalhuacán, donde muchas mujeres son arrojadas al canal del desagüe, como me contó con detalle un día doña Emerenciana López Martínez que lucha por estas mujeres hace al menos dos décadas y me duelen -no sé por qué-, las manos lastimadas y callosas de las obreras de Ecatepec.

No se trata de un cuento de horror o de hacer un muro de lamentaciones, sino de recordar cómo en el Estado de México, por decreto, cuando la Cámara de Diputados ubicó a la entidad como la segunda en mujeres asesinadas en los últimos 28 años, los del grupo de poder desestimaron ese diagnóstico y ocultaron la realidad, entonces el gobernador era Arturo Montiel, el tío de Peña Nieto y el Procurador estatal era Alfonso Navarrete Prida, que hoy se pasea de democrático.

Tengo que decir que en octubre de 2010, las autoridades del Estado de México se negaron a cumplir con la Ley que obliga a decretar una alerta de violencia de género, apoyada en las mujeres priistas y con la complacencia de encubridores y cómplices que en plena campaña electoral, en abril pasado, tipificaron el feminicidio con literatura y filosofía que deja al juez toda interpretación y busca disminuir la cifra del feminicidio.

Si las mujeres tomaran conciencia de cada uno de los oprobios que viven, entonces estaríamos en presencia de una fiesta democrática, porque con esa conciencia podrían indignarse ante las revelaciones de los cuantiosos recursos que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha ejercido en su campaña, sólo de 500 millones de pesos en los últimos 45 días.

Eruviel Ávila, el alfil de Peña Nieto, ha podido poner su propaganda en el New York Times y pagar a quienes cuidarán las casillas el próximo domingo una cantidad calculada de 70 millones de pesos en un sólo día. Cifras que se publican y que nadie desmiente.

Es decir, la del domingo será una elección donde la maquinaria se echó a andar, se concretizó, creció y los antiguos del partido de Estado, ya hacen cálculos a su favor. Esperan, que es lo peor, un 60 por ciento de abstencionismo y propalan con inversión millonaria encuestas de corte publicitario, dando a Eruviel más de 30 puntos por encima del contrincante número dos, Alejandro Encinas, que sin embargo crece y podría acortar en pocos días esa distancia, incluso revertirla. Nadie tiene consigo la seguridad de lo que pasará el domingo.

Lo interesante de mi sueño, de ver a todas las mujeres votando por su dignidad y su integridad personal, masivamente, sin recato ni miedo es que podría ser realizado antes que tarde y convertirse en un vértice del porvenir.

La estrategia de los poderosos, grupos de poder, control de facto, han tejido una telaraña confusa, insultante, calculada por el déficit ciudadano que no se inmuta ni ante la violencia ni ante el chantaje, la amenaza y la desfachatez con que se usa a la pobreza económica o cultural para conseguir lo que desean; ese silencio atroz ante los asesinatos, como el domingo pasado, cuando fueron ejecutadas tres mujeres, entre los ejecutados de la guerra de Calderón.

Se trata, me diría una amiga, de esa conspiración contra lo humano, el déficit del Sistema Educativo Nacional, el déficit que obstaculiza el conocimiento y la capacidad de tener una escuela que abre puertas a la ciudadanía y podría ser piedra de toque para la democracia.

No sé porque ahora me acuerdo de Vicente Fox, cuando hablaba de las mujeres y hombres que no aprendan a leer y a escribir, felicitando a la gente que no sabe racionalizar y que ahora anuncia -como el diablo- que no hay remedio, que ganará el candidato del grupo Atlacomulco.

Y es que este déficit del saber nubla el entendimiento, la realidad.

Pero en el Estado de México hay más. Saber que ahí vive el 13 por ciento de los votantes del país, que se trata de la entidad de mayor número de votantes y la más laberíntica y problemática. No es una entidad de mayoría indígena, pero las mazahuas dieron esplendor a la industria electrónica de pastaje; no es una entidad paralizada, sino la de mayor Producto Interno Bruto, poblada de hombres y mujeres de la clase trabajadora; no es una entidad de inertes, sino de clase medieros que poblaron cerros y amplias zonas de Naucalpan, poblada de muchos productores y productoras del campo, de migrantes y laboriosas familias emprendedoras.

Es como un galimatías, pienso en Chalco y sus quesos, en la zona industrial de Tlanepantla, en Otumba, donde se erigió una escuela para formar trabajadoras domésticas; de esa historia de Quién Resulta Responsable cuando el profesor Carlos Hank dejó crecer a los magnates de la construcción y se erigieron miles de ciudades dormitorio y tengo que pensar en cómo se pobló Ciudad Netzahualcóyotl, pulmón de brazos para la albañilería, la fontanería, donde vive la mano de obra de la antigua central de abastos que era la Merced.

Lo que las elecciones del próximo domingo nos dejarán, sin duda, es este buen sabor de boca en que los principales de izquierda hacen un serio intento de unidad y se avizora la recuperación de votos en zonas amarillas o azules que fueron nublándose por esta enorme maquinaria del dinero.

Lo que más me duele es que algunas inteligencias se han dejado arrastrar por la campaña mediática que ha colocado al saliente Enrique Peña Nieto como la única posibilidad para el 2012, sostenida por decenas de testaferros que no conocen cómo se cayó la candidatura de Fernando Casas Alemán o cómo fue que se consiguió, a pesar de todo, instalar gobierno de coalición, un día en Chiapas y otro día en Oaxaca y alguna hermosa jornada hace ya 14 años en el Distrito Federal.

Convertido por los "líderes de opinión" en el laboratorio electoral de 2012, el Estado de México, es el receptáculo más evidente de la desigualdad en todos aspectos y de la desigualdad entre hombres y mujeres más profunda.

Ahí en el Estado de México, la entidad de mayor población del país, más de 15 millones de habitantes, se ha podido sustanciar que hubo 700 asesinatos de mujeres en apenas 24 meses (hasta enero de 2011) y en el que se habla en estas fechas, para ganar todos los votos, de adopción de parejas de homosexuales o de una verdadera política que acabe con la violencia de género, palabras. En el gobierno de Peña Nieto, desapareció un instituto de las mujeres, para convertirlo en un consejo que incluye a lo que llaman "población vulnerable", para no reconocer a más de la mitad de la población.

Me duele que haya mujeres embarcadas por lo mediático, esperando ya una diputación o una colocación para el 2012, y que propalan las ventajas del gobierno saliente, padrino de Eruviel, sin recato ni compostura. En fin. Lo único deseable es que el próximo domingo la gente que está harta y desencantada de los políticos de siempre, salga a votar y tome en sus manos otro destino y rechace el chantaje y la altanería de los señores del poder y del narco.

saralovera@yahoo.com.mx

jueves, 23 de junio de 2011

Las feministas a la televisión oaxaqueña: Cué.

El 23 de julio debe iniciar operaciones la Subprocuraduría para atender delitos de género

Soledad JARQUIN EDGAR

Una Subprocuraduría para atender delitos de género contra las mujeres que debe iniciar actividades el próximo 23 de julio y la propuesta para que en la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión las organizaciones civiles tengan una hora a la semana para “hablar de estos temas”, fueron los compromisos inmediatos que estableció el gobernador Gabino Cué Monteagudo ante unas 40 integrantes de diversas organizaciones pro derechos de las mujeres.

Tras una primera reunión celebrada la semana pasada y luego de que transcurrieran 216 horas, el mandatario oaxaqueño planteó sus respuestas, pero advirtió que no basta la alternancia ni la voluntad política, “todo el mundo quiere hacer su santa voluntad, la democracia es corresponsabilidad, le piden a este gobierno imposibles”, planteó y citó como ejemplo el caso de Antorcha Campesina.

Frente a ello, Cué Monteagudo sostuvo que “la gente tiene que cambiar, dejar de hacer lo que quiere, eso no es democracia es libertinaje”, luego afirmó que ningún dinero alcanzará para combatir la violencia si la gente no cambia, por lo que pidió corresponsabilidad de las organizaciones de mujeres.

Pero ellas, las mujeres habían puesto los temas sobre la mesa en la reunión anterior, mismas que reiteraron: no impunidad a todos los tipos de violencia contra las mujeres, la armonización de las leyes, la tipificación del Feminicidio y políticas educativas con perspectiva de género, no sin antes hacer notar que en la última reunión del Consejo Estatal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres no asisten los funcionarios que toman las decisiones.

¿Entonces cómo le hacemos con la gran cruzada que usted planteó en su discurso? Preguntaron.

Antes, la titular del Instituto de la Mujer Oaxaqueña (IMO), Anabel López, dio lectura a las “respuestas” sobre los planteamientos hechos por las feministas en la anterior reunión, las cuales clasificó en seis rubros de las acciones gubernamentales: agenda legislativa, estancias municipales, salud, seguridad para mujeres que viven violencia, procuración de justicia, vivienda y trabajo.

La agenda legislativa, que será presentada al Congreso local, plantea la modificación y adición al Código Penal tipificando el delito de Feminicidio y elevando a delito grave la violencia familiar, así como sanciones a quien cometa el delito de omisión alimentaria. Reforma al Código Procesal Penal estableciendo las medidas de protección cautelar a favor de mujeres que sufren violencia y adecuaciones a la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia de Género, reforma a la Ley Orgánica Municipal creando la obligación de instancias municipales de la mujer, de las cuales sólo hay 40 en Oaxaca y reforma al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de Oaxaca para aumentar la participación política de las mujeres.

En el renglón municipal propuso capacitación a las directoras de instancias municipales de la mujer y la creación de un fondo de apoyo para las mismas. Gestión de recursos para el equipamiento de hospitales para atención a mujeres con enfermedades como el cáncer, vih sida, entre otras.

Anunció que se presentará la propuesta de reglamento para la prestación de servicios de interrupción legal del embarazo por violación, abastecimiento permanente de métodos anticonceptivos en centros de salud y hospitales. Elaboración de materiales de difusión, sensibilización e información sobre la prevención del embarazo adolescente, vih-sida y violencia. Capacitación en materia de derechos sexuales al personal de los servicios de salud.

Anabel López anunció que habrá un programa de vivienda para mujeres en situación de violencia y un convenio con cámaras empresariales para la generación de empleos a estas mujeres.

En seguridad para mujeres que viven violencia, la titular del IMO sostuvo que se construirá un refugio para mujeres en situación de violencia, capacitación a comandantes de la Policía Estales y agentes estatales de Investigación para la actuación pronta y expedita en caso de violencia contra mujeres, así como a ministerios públicos y jueces para procurar e impartir justicia a mujeres en situación de violencia y el establecimiento de un modelo único de atención para mujeres y niñas víctimas de trata.

En procuración de justicia, se informó de la creación del centro de justicia y la subprocuraduría, ésta última que anunció el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Jesús López López y que ratificó el gobernador Cué con fecha de apertura para el próximo 23 de julio, luego de que las mujeres demandaron fechas concretas y tiempos específicos para las acciones anunciadas.

El Procurador de Justicia del Estado, Jesús López López y la Fiscal, Liliana Hernández, informaron que en breve la Fiscalía se instalará en un edificio propiedad del gobierno en el centro de la capital oaxaqueña, que contará con un albergue de tránsito, ludoteca, cámara de Gesell y agentes especializados en el tema, así como personal médico y psicológico y dieron a conocer que también habrá dos fiscalías regionales en el Istmo y la Mixteca.

El anunció de que Oaxaca deberá contar para el próximo 23 de julio con la nueva Subprocuraduría Especializada sorprendió al Procurador, quien antes había lamentado que el Estado no cuente con recursos para la investigación de los delitos e, incluso, señaló tajante que para el delito de secuestro no tenía nada.

Fueron las preguntas de las feministas sobre la necesidad de establecer cuándo, dónde y cómo a la propuesta presentada por del gobierno, lo que obligó al mandatario oaxaqueño a decir que el próximo 23 de julio deberá iniciar operaciones la nueva Subprocuraduría, una vieja demandan planteada por las mujeres y promesa que hiciera el pasado 8 de marzo al conmemorar el Día Internacional de la Mujer, aunque está pendiente la iniciativa de Ley que permita la modificación respectiva.

Gabino Cué que sí fumó, a pesar de la prohibición legal que impide fumar en espacios públicos y cerrados, cerró la reunión porque debía atender a las niñas y los niños en el siguiente acto que se realizó en el patio central del Palacio de Gobierno. Ellas, salieron satisfechas.

lunes, 20 de junio de 2011

Mujeres y Política. ¿Acaso no soy el cambio?


Soledad JARQUIN EDGAR

El hecho de que en lo que va del año 2011, un total de 31 mujeres hayan sido asesinadas y otras cinco hayan pasado por lo mismo en diciembre de 2010, nos habla de que en los primeros meses de la administración gubernamental de Gabino Cué Monteagudo las víctimas del feminicidio sumen 36 mujeres, 11 de esos asesinatos ocurrieron sólo en el último mes.

En el primer año de gobierno del exgobernador Ulises Ruiz, entre diciembre de 2004 y noviembre de 2005, las mujeres asesinadas fueron en total 38 –según los reportes de los diarios locales-, esto evidencia que en muy poco tiempo el gobierno actual estaría por rebasar la cifra reportada en aquellos primeros meses del gobierno de Ruiz, un sexenio para olvidar en todos los sentidos. De ahí la preocupación.

Frente a la gravedad del problema, al menos para las organizaciones de mujeres, esta semana se buscaron respuestas del gobierno de Cué, quien atendió la audiencia en Palacio de Gobierno y mientras escuchaba fumaba y fumaba. No hubo las respuestas esperadas, pero el más sorprendido fue el propio gobernador, quien confiaba y esperaba escuchar que todos los asesinos estaban en la cárcel. ¿Acaso no soy yo el gobernador del cambio? Parecía decirse a sí mismo, confiado y fumando.

Cué se molestó porque las ciudadanas organizadas le advirtieron que sí no atendía el problema, sí no hacía algo real, su gobierno prospectivamente podría superar las lamentables cifras de mujeres asesinadas que dejaron en Oaxaca los gobiernos priistas, los mismos con los que tanto le emberrincha que lo comparen.

Sin duda, lo que más le molestó a Gabino Cué no fue la advertencia de las organizaciones. En el fondo, la molestia, el que su rostro se enrojeciera, fumara y fumara, fue darse cuenta que sólo cinco y no 36 de los asesinos estaban en la cárcel. Peor aún, las leyes siguen en el mismo tenor, el feminicidio como delito no existe en Oaxaca, porque hasta ahora no ha habido nadie que presente la iniciativa, eso sí ha tenido un uso mediático para al menos tres legisladores que han hecho los anuncios respectivos, pero sólo eso, el juego del lobo. Lo más que la administración gabinista ha planteado es una agenda, que debe estar guardada en el cajón de la Comisión de Equidad y Género que encabeza la panista Ivonne Gallegos Carreño y que le entregó la directora del Instituto de la Mujer Oaxaqueña, Anabel López.

Gabino Cué salió molesto de la reunión y señaló su desacuerdo con la comparación de la que fue objeto, bueno eso dijo, pero en el fondo su molestia evidente fue porque su gente no tiene resultados, incluso en alguna parte del extenso diálogo con las mujeres organizadas, planteó que si sus colaboradores y colaboradoras no estaban a la altura de las circunstancias tendría que hacer algunos relevos. No era para menos, ya que estamos hablando de la vida 36 mujeres que tenían sueños, proyectos, anhelos, mujeres de todas las edades asesinadas con saña inaudita, inadmisible, como el colgar de un tendedero a una niña de 10 años después de violarla y asesinarla, dispararle en la vagina a otra o enterrar vivas a dos más.

Una y otra vez, hemos escuchado en los últimos meses que lo que urge es armonizar las leyes y sobre el tema, decía antes, hay tres declaraciones por parte de diputados, curioso todos varones; sin embargo, habría que decir que desde 2007 existen propuestas de armonización, detrás de este trabajo estuvo el Instituto de la Mujer Oaxaqueña y su ex titular Norma Reyes Terán. La ex funcionaria dice, no sólo estamos frente a la negativa de los diputados varones, o de una buena mayoría de ellos, porque no les interesa imprimir castigos ejemplares a los violentadores, sino porque no les deja dinero.

A todo esto habría que agregar que sobre esa iniciativa, está la pesada losa del pasado reciente y nadie quiere saber nada, nadie quiere acercarse ni un centímetro a ese pasado o a lo que representa. Entonces no sólo buscan descubrir el hilo negro y el agua tibia que los lleve por los ríos caudalosos de la gloria del cambio. El problema es que las aguas navegables se extinguen a cada momento. Así que seguirá ocurriendo: hombres que pagan una sanción económica y vuelven a su casa para de nueva cuenta golpear a sus parejas o incluso asesinarlas, como ocurrió en Juchitán justamente hace un mes. Ella, una de las 36 víctimas, ya había denunciado en tres ocasiones a “su pareja” por eso que llaman violencia familiar. Al final, la permisibilidad permitió su asesinato. Funcionarios insensibles, leyes blandas, castigos irrisorios, investigaciones mal elaboradas y un sin fin de etcéteras que favorecen la existencia de la violencia machista.

El resultado es lo que vemos ahora, repito 36 mujeres asesinadas y cinco asesinos en la cárcel, 13.8 por ciento, apenas nada. Un síntoma de este fenómeno lamentable de la violencia contra las mujeres –como se dijo en la reunión con Gabino Cué- es la permisibilidad, la lacerante impunidad, que provoca la victimización extendida que alcanza a las familias de las 36 mujeres asesinadas y, peor aún, a todas las mujeres que se convierten en blanco perfecto de un juego macabro.

Pero eso no es todo. Oaxaca es nota nacional e internacional por la violencia machista que sigue impidiendo que las mujeres puedan a vivir libres de violencia, como reza el título de la flamante ley desdentada que existe ahora, porque en algunos municipios las mujeres no las dejan gobernar, como sucede en San Juan Lalana y en la Pe Ejutla, o en las agencias de Emiliano Zapata y El Paraíso de San Juan Cotzocón, mismo caso en Zaachila, donde una mujer no puede acceder a su cargo como regidora, simple y sencillamente, repito, porque a algunos hombres no se les da la gana y porque no están dispuestos a ser gobernados “por las pinches viejas”, como reza la expresión misógina que hemos escuchado en repetidas ocasiones en los meses recientes.

Eso ocurre por la cerrazón que impone el machismo y la misoginia que todavía prevalece en las poblaciones rurales, indígenas y hasta urbanas, y me atrevo a decir que sobre todo es resultado de la ignorancia que sigue imposibilitando ver y aceptar que las mujeres como los hombres tienen los mismos derechos.

Pero lo que resulta inadmisible es que en todos estos casos, está de nuevo presente la permisibilidad, la impunidad, que propicia un mal entendimiento de los usos y costumbres, que se aplican –está bien claro- de manera arbitraria y hasta convenenciera, trastocando la vida comunitaria. Solapada, sin duda alguna, por la inoperancia del Instituto Estatal Electoral, de funcionarios del gobierno estatal agazapados de las ubres de la Secretaría General de Gobierno y, peor aún, con la injerencia de partidos políticos o diputados en sistemas electorales de usos y costumbres. Un agregado son los grupos caciquiles que todavía perviven en Oaxaca y que ven en las administraciones municipales dirigidas por mujeres la pérdida de su poder de mando, porque ellas no siempre están al servicio de sus caprichos y decisiones.

La violencia en la vida de las mujeres de Oaxaca será una constante, en tanto, los gobiernos de todos los niveles y representaciones siguen durmiendo el sueño de los justos, ocupados en sus disputas de poder, en cómo hacer para que no se les queme (más de la cuenta) el mole oaxaqueño de un gobierno de derecha-izquierda y donde la oposición se desdibuja por sus propios problemas, ocupada también en el año electoral que se avecina. Ya lo había dicho antes y lo reitero, cada mujer asesinada es responsabilidad de todos los que nos gobiernan, de los encargados de los gobiernos municipales y de la seguridad pública, de quienes hacen las leyes, de quienes toman las decisiones y hacen valer las disposiciones legales y aplicar la justicia. Las leyes son laxas, como dijo Gabino, y yo añadiría que leyes laxas pero se pueden cambiar para no sufrir por gobiernos laxos.

Los servidores públicos, incluyendo a Gabino Cué, deben apurarse en sus tareas, aplicarse en el deber de servir que para eso se les paga o la opinión pública seguirá siendo contraria, habrá más críticas, más cuestionamientos, más exigencias y más advertencias sobre el alcance que pueden tener sus desatenciones, como en el caso de los asesinatos de mujeres, aunque no les guste y les enoje, les ponga la cara roja y fumen y fumen.

Sin duda, tiempos descompuestos para las mujeres y a pesar de todo, ahí están, no cejan en el intento de que este mundo algún día la discriminación y la impunidad desaparezcan, por eso organizadas en colectivos, en asociaciones o de manera individual se manifiestan y exigen.

En cambio otras frente a la parálisis gubernamental (no la de ahora, sino la de siempre) emprenden iniciativas brillantes como el Fondo de Becas Guadalupe Musalem, que está semana entregó 10 nuevas becas para que jóvenes de escasos recursos puedan terminar sus estudios de preparatoria. La cifra crece, ya son más de 80 las adolescentes y jóvenes beneficiadas, más de 80 historias que se cuentan de manera distinta, historias que generalmente se convierten en éxito.

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A reserva. Oaxaca sigue atrás

Bárbara GARCÍA CHÁVEZ

Feminicidio, neologismo que expresa una conducta violenta de hecho o acción contra la mujer, que de acuerdo a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -de Belém do Pará- en el artículo 1º está basada en el género o misoginia que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Contiene elementos impunidad o inacción estatal frente a los crímenes, enfatizando la responsabilidad del Estado.

En los últimos años, en México como en otros países latinoamericanos se ha debatido con mayor intensidad la revisión del marco jurídico-penal aplicable a la tipicidad y sanción de las conductas que constituyen violencia feminicida y feminicidio,

Este debate ha resultado controvertido más en el plano político que el estrictamente jurídico, que implica la creación de un tipo penal especifico que necesariamente requiere un proceso legislativo que retome la teoría y pronunciamientos feministas y de los movimientos de mujeres, que por más de una década, han aludido los asesinatos de las mujeres por el hecho de ser tales en un contexto social y cultural que las ubica en posiciones, roles o funciones subordinadas, lo que, favorece y las expone a múltiples formas de violencia, rodeado de impunidad de facto y desinterés del estado.

Abría que empezar con las palabras. Como se ha dicho muchas veces, lo que no se nombra no existe; reconocer el poder que tienen las palabras seria el principio del cambio de paradigma. La tipificación del feminicidio es una forma de visibilizar el problema. No nombrar el feminicidio, no tipificarlo, significa allanarse a la omisión, reproduciendo y perpetrando las relaciones verticales de poder dominantes.

El proceso legislativo para incluir la conducta feminicida como delito, debe implicar el concepto claro y preciso del feminicidio en la tipicidad, de la que se desprenda una única definición. El bien jurídico protegido por supuesto es la vida y la integridad de las mujeres.

Deben establecerse tantos supuestos típicos como sean posibles las conductas feminicidas, esto es las posibilidades concretas como que hubo violación sexual previo al asesinato, que el feminicida llevara con su víctima vida conyugal, entre otros. Esto define y adecúa la punibilidad o aplicación de sanciones.

Evidentemente se debe constituir como delito agravado, considerando que en todos los casos se constituye como conducta dolosa entendiendo por dolo la concurrencia del elemento ético, constituido por la conciencia de que se quebrantó el deber; y el elemento volitivo o psicológico que consiste en la voluntad de realizar el acto.

La Antijuricidad es el elemento subjetivo que implica que el sujeto activo tenga conocimiento que está realizando una conducta ilícita, lo que habrá de definirse a priori si se plasma la convicción del legislativo de garantizar los derechos humanos de las mujeres, en particular cuando se trata de los derechos a la vida, a la integridad física y psíquica de las mujeres. La permisidad o falta de acción del estado, frente al feminicidio, por obvias razones, constituye un atentado contra estos derechos.

Si bien es cierto que el fenómeno del feminicidio ha sido tema de estudios e investigación académica, los movimientos de mujeres feministas y organizaciones pro derechos humanos, han influido en la intención de gobiernos creando instancias de promoción de los derechos de las mujeres, capacitación y apoyo a mujeres violentadas; es hasta hace muy poco que se considera la adecuación de las leyes secundarias con los tratados internacionales ratificados hace muchos más años por México.

Victoria Esperanza Chavira Rodríguez, diputada local del Partido Acción Nacional en Chihuahua planteó en septiembre de 2007, dar al feminicidio rango de delito, presentando una iniciativa que modificaría el Código Penal del estado, con lo que Chihuahua, dijo, estaría a la vanguardia en el combate a ese ilícito. Como respuesta obtuvo una negativa contundente de la mayoría priista.

A finales de 2008, la diputada federal del Partido Socialdemócrata Marina Arvizu, presentó una iniciativa de modificación al Código Penal Federal, para incluir la tipificación del feminicidio como delito y tipo penal autónomo con una pena de 40 a 60 años de prisión.

Estas iniciativas son el antecedente de los actuales procesos legislativos en cadena, desde los congresos locales, en una apurada escalada a partir de la aprobación unánime que tipifica el feminicidio en el Código Penal del Estado de México en marzo de este año.

Le siguieron de cerca los congresos locales de Guerrero, Guanajuato y Distrito Federal, y varios estados más están en estudio de iniciativas, como Durango, Querétaro, Hidalgo, Coahuila; la mayoría para ser aprobadas, resaltando en todos los casos la participación solidaria de todos los partidos para resolver con amplias mayorías o de plano por unanimidad.

Estados como Oaxaca, donde el gobierno se ha paralizado frente al activismo de las mujeres, que reclaman el asesinato de 36 mujeres en seis meses y no atinan ni a las políticas públicas que den respuesta mas allá del consejismo, inocuo, ni al impulso legislativo que salga del pichicateo protagonista de los grupos políticos ahí representados.

Por otro lado, la tan mencionada armonización legal, establece el principio de un triunfo importante que tardó en llegar y que al parecer pasa por voluntades con inclinación electoral, -al fin somos más de la mitad de la población-. Lo que es cierto es que la inercia llevará tarde o temprano a los partidos políticos en Oaxaca hacer lo propio. Que sea y sea bien.

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Palabra de Antígona. Emergencia Nacional: 14 mil violaciones

Por Sara Lovera

Un grupo de mujeres diversas, convocadas en principio por las responsables de la política feminista de los partidos de la Revolución Democrática y Convergencia, Mónica Soto y Carmen Ojesto, se han puesto a discutir la celebración de un Encuentro Nacional de Mujeres de Izquierda ante la Emergencia Nacional.

Una primera convicción que anima a este llamado es que en México podríamos estar en presencia de una espiral imparable que nos llevará a un estado neofacista y sin oportunidad para recuperar lo que hace pocos años era eso de la transición a la democracia y mantener el pacto social que genere el Estado de derecho y pacífico que soñamos. Un Estado que garantice a sus ciudadanos y ciudadanas la posibilidad de un desarrollo individual y colectivo con derechos, justo y progresista.

La Caravana convocada por el poeta Javier Sicilia, curtida por la indignación y el llanto, ha sido fundamental para hacer el recuento de los agravios, aunque el documento final obvia nombrar la ominosa y creciente violencia contra las mujeres y el asesinato de muchas de ellas.

De cara a ello, las mujeres tendrían que alzar su voz para contribuir a parar esta guerra absurda, pensaron las convocantes, sabedoras de que es muy importante que las mujeres consigan puestos de decisión, pero la pregunta es ¿para qué? si probablemente, de no parar esta situación, tal vez estemos a punto de tener las últimas elecciones "normales" en 2012, si llegamos a ello.

De ese tamaño es la preocupación. Y tal parece que de ese tamaño es la realidad a la que desafortunadamente nos hemos acostumbrado. El reguero de muertos, de encuentros violentos, de amenazas zigzagueantes en amplias zonas del territorio nacional nos dejan mudas. Es sorprendente cómo las palabras, todas son insuficientes para describir el suceso cotidiano, el que recogen los diarios.

Este domingo, por ejemplo, el diario El Universal da cuenta de un documento de trabajo de la Cámara de Diputados , específicamente de la Comisión de Seguridad Pública, encargada de acercarse científicamente al recuento que va siendo una catarata de cifras lamentables que dejan sentir que el régimen actual dejará un grave saldo social.

Sin embargo, a pesar del tremendo desgaste emocional que esto significa, el documento sostiene que alrededor de 23 mil jóvenes han sido enrolados en el crimen organizado, son miles de muchachos y muchachas que han perdido toda oportunidad humana. Es absurdo hablar de sus oportunidades educativas o de trabajo, ¿serán los jóvenes y las muchachas marginadas, pobres, caídos en desgracia?

Y las bandas delincuenciales y policiales también según el más reciente conteo del horror, habla de unos 10 mil menores que han quedado en la orfandad, huérfanos de padre o de madre, sin que se cuente a las viudas, a las madres que tendrán que reorganizar toda su vida para al menos mantener un mínimo de esa estructura, tan llevada y traída por el discurso calderonista que es la familia, esa ideal, de las fotos bonitas y las caras alegres.

Y dice más. Según el recuento que hace la comisión camaral existen entre 120 y 240 mil mexicanos y mexicanas que han sido obligados a dejar sus casas, sus pueblos, sus lugares de origen, las y los desplazados, en un país que no es Colombia ni la Guatemala de hace apenas unas décadas. Son personas obligadas al desarraigo que atenta contra la memoria y los afectos.

Estuve en Michoacán este fin de semana y observé a vuelo de pájaro decenas de casas en venta y el horror en los ojos de algunas dirigentes políticas de Convergencia, suspender sus asambleas -ahí está a todo lo que da el proceso preeletoral-, como resultado de la violencia desatada que cerró carreteras, tendió mantas de varios grupos de la Familia Michoacana y sabemos por los reportes periodísticos, dejó muertos estos días, nuevamente. Celia, una de estas mujeres, me contó que el temor del cierre carretero era encontrarse, como hace meses un panorama semejante a los paisajes de países devastados por las guerras que pasan por la televisión, que antes nos parecían tan lejanas y atroces.

El documento de marras, como se lee en el reportaje, además documentó 14 mil violaciones sexuales que han sido denunciadas formalmente, sobre lo cual, la diputada perredista Teresa Inchaústegui, secretaria de esa comisión, señala que a los ya casi 40 mil muertos que son resultado de la guerra que lanzó el señor Felipe Calderón el 1 de diciembre de 2006, hace incalculable el daño provocado, en más de un sentido, por las vidas cegadas, las familias rotas, mutiladas y denostadas.

Aunque nadie habla de las viudas y los cuerpos mancillados es evidente que estamos en presencia de una emergencia que obliga a parar esta situación. Quizá por ello es tan atinada la convocatoria de estas mujeres, autodenominadadas de izquierda, que están conscientes de la importancia de debatir al país desde la perspectiva de las mujeres, víctimas directas y adyacentes de la situación.

El Encuentro previsto para julio próximo también examinará lo que ha significado la política económica y el desempleo; los daños invisibles, esos que corroen el alma y producen efectos en cascada por el miedo. Las mujeres y las familias cuya salud está dañada y en proceso de agravamiento, porque no se entiende cómo se vive el día a día en las calles de Culiacán o de Coahuila, esa entidad donde se resume con cifras elocuentes la persecución a migrantes y todavía resuenan por todas partes los dolores de las viudas de la región carbonífera, donde se amasan millones, quizá, para comprar votos.

Es tan tremenda la situación que las mujeres que van a organizar este encuentro necesitarían días y días para oír o plantear testimonios, que no se pierdan como sucedió en la Caravana, que formen un legajo que haga posible instalar o instituir una Comisión de la Verdad, donde globalmente se sistematicen los agravios y las demandas, el tamaño de la impunidad que acaba por ser una palabra vacía, como las otras.

Tal vez es este el problema principal y no la llevada y traída agenda de los derechos de las mujeres, los que parecen no tener apoyo o posibilidades en un país donde hoy la democracia parece tan lejana, esta tan destruida y mancillada.

Es verdad que las mujeres no tienen hoy el reconocimiento de su capacidad política, pero no la tiene nadie, no podemos aspirar a la normalidad democrática, esa que se debate en los diarios, donde se pican los ojos unos precandidatos a otros, unos partidos a otros, mientras una criatura en la escuela tiene el peligro de ser enrolado al crimen, donde no se pueden caminar las calles ni en Michoacán, ni en Nuevo León o Sinaloa, porque puede ser baleada, morir o ser violada; mientras se cierran negocios y se huye del peligro con todo y menaje de casa en el mejor de los casos.

Quizá por todo esto, sentarse unas horas a pensar, cómo la voz de las mujeres pude servir para algo en el país denostado y devastado, desde una perspectiva política, más que elaborar estrategias para llegar al poder.

Es obvio que estas mujeres que convocan y las que ya están discutiendo, piensan que se necesita algo diferente, distinto, una movilización que cubra todas las calles del país pidiendo que alguien o algo, de alguna forma pare esta barbarie, aunque parezcan frases desgastadas, pero qué decir y cómo decir que cegar vidas, sembrar el miedo, desmantelar la actividad profesional, comercial o intelectual, es horrible y tremendo, o pavoroso y descomunal.

Las mujeres tendrán que preguntar dónde quedaron las instituciones que se defendieron hace unos años, cómo acomodar las palabras y los discursos que no tienen nada que ver con la realidad y cómo salvar los procesos electorales del teñido de sangre que se da al lado de las campañas, las asambleas y los recorridos, si nadie puede salir de casa sin ese apretujado corazón. Bienvenida la discusión, el debate, las ideas que vayan más allá de las quejas, más allá de las discusiones y novedades partidarias, más allá de los intereses personales por ocupar y disfrutar un puesto o un presupuesto.

saralovera@yahoo.com.mx