Soledad JARQUIN EDGAR
Con una semana de retraso a su promesa, Gabino Cué “inauguró” las instalaciones de la Subprocuraduría de Delitos Contra la Mujer por Razón de Género y firmó en ese acto rosa-negro (muy sugestivo) el decreto de creación. Fue un evento muy “chic”, como lo muestran las fotos distribuidas por comunicación social. Minucias frente a la realidad pero que sin duda nos hablan de la banalidad con la que actúan algunas funcionarias, remanentes de la vallistocracia.
Este mismo domingo, los medios locales reportaron otro asesinato cometido contra una mujer. Es decir, a pesar de que las cifras oficiales hablan de 41, el recuento de los diarios locales sumó 52, repito: CINCUENTA Y DOS en lo que va de la actual administración. Los datos están publicados por los medios.
La danza de las cifras siempre ocurre, debido a la falta de un mecanismo que permita llevar ese recuento fatal, es al final la medida de las acciones gubernamentales a favor de la vida de las mujeres. Por eso a nadie le gustan las cifras. Un ejemplo es lo que sucedió en 2009, ya tenemos tres cifras distintas: la representante de ONU Mujer, María de la Paz López, dio el último dato en un desangelado foro que se hizo para “discutir” la tipificación del feminicidio en la Cámara de Diputados local.
De la Paz dijo que en 2009, ocurrieron en Oaxaca 67 asesinatos contra mujeres, dato que obtuvo de las estadísticas vitales, de las actas de defunción, a las que le añade un elemento: “con presunción del homicidio”. En las actas de defunción se establece la CAUSA DE MUERTE y quien realizó este trabajo debió entonces presumir o interpretar que la causa de muerte fue o no un homicidio.
Por otra parte, en ese año la ahora Suprocuraduría reportó 64 asesinatos de mujeres, los medios locales 58. La funcionaria de ONU Mujer dice que fueron 67, basada en la interpretación de las actas de defunción. Una danza de cifras que confunden y que habla de otro renglón desatendido por los gobiernos.
Esta semana, también hubo un foro en la Cámara de Diputados denominado La tipificación del feminicidio: un desafío para el sistema de justicia mexicano. Como en las cifras en este tema también hay muy distintas visiones. Teresa inchaústegui, por ejemplo, opina que se deben eliminar los conceptos subjetivos como misoginia, machismo y otros, como elementos calificativos del feminicidio, considerado como asesinato de mujeres. Elsa Ancona incluye el concepto, aún cuando habla de un delito autónomo.
Todos los días una aprende. En Chihuahua por ejemplo analizan la conveniencia o no de tipificar el feminicidio, las especialistas del norteño estado mexicano concluyen que es suficiente como está establecido en el Artículo 126 del Código Penal, que establece el homicidio de mujeres como suficiente para agravar la penalidad entre 30 a 60 años de cárcel. Debemos recordar que en Chihuahua hay un trabajo serio en este sentido por parte de feministas y académicas.
Se trata, me explican, de no limitar con elementos subjetivos, de difícil comprobación, el asesinato de mujeres, esto podría favorecer a los perpetradores y no a las mujeres. En fin, hay mucho que discutir al respecto.
El problema más grave en este sentido es la falta de interés del legislativo de Oaxaca. Solamente cinco diputadas estuvieron en el foro. Pero nunca estuvieron las seis o más horas que duró, algunas como Aleyda Serrano del PRD llegó hacia el medio día, jugó con su teléfono celular y 15 minutos después se marchó del lugar.
Suficiente para que pasara lista aunque no por lista. Otras estuvieron una o cuando mucho dos horas. La que si se quedó todo el tiempo fue la panista Ivonne Gallegos, presidenta de la Comisión de Equidad y Género, faltaba más, lo que no sabemos es si entendió las propuestas bien planchaditas que le llevaron a la diputada y para lo cual se le paga a la “expertas” en el tema venidas del Distrito Federal, mientras en Oaxaca se monta un teatro. Eufrosina Cruz Mendoza, quien inauguró se apropio del discurso feminista sin ser feminista. Habló cual experta de cómo se debe tipificar este delito, pero tan pronto como pudo se fue aludiendo sus múltiples responsabilidades como presidenta de la mesa directiva del Congreso local.
En fin, el problema se multiplica cuando vemos que no solo nos enfrentamos a los modos de quien gobierna sino cómo nos gobiernan. Lo cierto, insisto por enésima vez, en que el legislativo tiene poco interés. Increíble que una de 42 diputados y diputadas haya estado presente en el foro y que otros cuatro lo hicieron para salir en la foto. Eso nos conduce a un doble discurso, a una diferencia clara y profunda, entre el decir y el hacer.
Una historia repetida en México incansables veces, desde aquel que dijo que defendería el peso como un perro hasta el oaxaqueño que juró que nunca más se utilizarían las fuerzas policiacas contra el pueblo. O aquellos funcionarios públicos en la pared tienen la frase juarista que les invita “a vivir en la honrada medianía” y piensan que la Honrada Medianía es una isla paradisiaca a donde irán que vacacionar alguna vez.
Decir y hacer que a veces abre una ancha brecha que se traduce en desigualdades grotescas. Gabino Cué volvió a decir, volvió a prometer, veremos el hacer, daremos tiempo para ello. Sin embargo hay ya tareas que puede cumplir en lo inmediato para cumplir su dicho de “cero tolerancia a la impunidad”, como señaló al inaugurar la Subprocuraduría de Delitos Contra la Mujer por Razón de Género.
Una tarea pendiente es procesar, enjuiciar y si es necesario encarcelar a los hoy servidores públicos del IEEPO, incluyendo al titular Bernardo Vásquez, denunciados la semana pasada por acoso sexual. Algo debe hacer frente a la segunda denuncia por violencia física presentada por la pareja o ex pareja del titular del Instituto Estatal de Educación para los Adultos. Algo tiene que hacer para detener el influyentismo de un médico de apellido Jiménez Herrera, agazapado bajo los apellidos de su hermano, funcionario público del pasado y del actual gobierno, en su pretensión de despojar a su ex pareja.
Bueno, que decir de la denuncia que presentó una universitaria contra Zenén Bravo Castellanos, ex diputado del PRD y ex subsecretario de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado.
Pendiente también está en el actuar contra los maestros de la Sección 22 acusados de violar sexualmente a niñas y niños en sus aulas de clase y que por pertenecer al magisterio son intocables. Sin duda alguna, muchos pendientes para que el decir y el hacer se encuentren en algún punto.
Cero tolerancia también significa que todos crímenes contra mujeres sean esclarecidos y que los asesinos cumplan sentencias, no es ningún consuelo el anuncio con fanfarreas que hace el Procurador General de Justicia del Estado, Manuel de Jesús López al indicar que el 40 por ciento de las averiguaciones previas por asesinatos de mujeres se han esclarecido. Eso todavía es impunidad.
No se trata de hacer eventos “chic” dignos de revistas del corazón, sino de hacer las cosas como deben ser. Ya hay una Suprocuraduría, muchas personas lo festinan aunque en el fondo esa “institución” ni siquiera esté regulada legalmente y carezca de presupuesto legal. Eso sí, quienes ahí trabajan cobran desde hace mucho tiempo como si esa dependencia fuera una suprocuraduría, para ellas no habrá cambio. Lo que se espera es que las mujeres víctimas de la violencia y sus familias puedan sentir el cambio. Tortuoso el camino, ni duda cabe. Por lo pronto Cué ya tiene por dónde empezar a cumplir su palabra y hacer realidad su dicho –reitero- de “cero tolerancia a la impunidad”.
Aquí en el norte del país, se nota la violencia, pero también la pobreza. Peligroso sin duda.
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