lunes, 21 de febrero de 2011

Mujeres y política El infiltrado


Soledad JARQUIN EDGAR

“Patas arriba, la escuela del mundo al revés” ni modo mi querido Eduardo Galeano, tu frase es nuevamente aplicable en Oaxaca.

Por unas horas, esta semana volvimos a una reedición del Oaxaca 2006. ¿Dos escenarios distintos? En 2006, gobernaba el PRI. En 2011, una coalición de partidos encabezados por Gabino Cué, están en el poder. Algunos defensores de “aquella” democracia aplaudían desde sus plumas, espacios académicos e intelectuales y, por ende, políticos, las escenas de violencia. En 2011, los mismos llamaban a la calma en las horas aciagas de la confrontación de este martes, aunque antes llamaron a otra cosa en “pro” de la democracia.

Si antes, quién vestía de blanco y se placeaba con “su gente” en las calles era Ulises Ruiz, en sus odiadas marchas por la paz (pas, pas, pas…) ahora son los otros, a través de terceros llamados ciudadanos organizados, los que llaman a marchar por la paz (pas, pas, pas… de Oaxaca). Bien, muy bien. En Oaxaca, la ciudadanía –se piensa- es una cajita de plastilina de muchos colores que se puede utilizar al antojo de los otros, los buenos, los lobos que tocaron la puerta disfrazados de ovejas y que se dejó que pasaran pensando que eran otra cosa.

En 2006, Ulises Ruiz actuó de forma artera en contra del magisterio oaxaqueño plantado en el zócalo durante varias semanas y ante la imposibilidad del ejercicio de la política, tal y como lo hacían desde hacía más de dos décadas en el mes de mayo. Este fenómeno dio nacimiento a otros fenómenos sociales, como la creación de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

En 2011, la visita del “Valiente” Felipe Calderón detonó la molestia de la Sección 22 y de otras personas que se solidarizaron con la marcha, todo esto sucedía mientras las autoridades locales, invitados especiales y el propio Calderón y otros funcionarios federales disfrutaban de la magia gastronómica de Oaxaca –donde por cierto se cuidó de no tomar la bebida de los dioses zapotecos para evitar malas expectativas mediáticas-.

En 2006, la cada vez más creciente confrontación, que dejó cientos de encarcelados y 26 personas asesinadas, provocó que URO y el gobierno federal –con la autorización del entonces presidente electo y a días de tomar posesión –el panista Felipe Calderón- se autoriza -reitero, siete meses después del conflicto-, la entrada de la Policía Federal Preventiva para detener la cada vez más mayor acción de los appistas.

En 2011, la policía Federal Preventiva ya estaba en el zócalo cuando llegó la protesta magisterial, junto a ella, los policías estatales bajo el mando del nada brillante Marco Tulio…. A los alrededores, agentes de tránsito vestidos de gala y varios cientos de hartos elementos del ejército mexicano que en corto acusan cansancio y enojo contra el soldadito de la patria y su jefe máximo.

En 2006, Flavio Sosa Villavicencio era el vocero de la APPO y después de las “batallas campales” Sosa aparecía en el escenario de los medios nacionales –si era televisión mucho mejor-, eso sí, no podemos decir que peinado, es decir, estaba pero no estaba, estaba en los medios y no siempre en la primera línea de aquellas batallas. En 2011, Flavio Sosa Villavicencio estaba y no estaba, su declaración tardó en llegar y esta vez su voz era necesaria considerando que ya no era vocero de la APPO sino representante popular en la LXI Legislatura y contrario a lo esperado declaró que Gabino Cué estaba cumpliendo. El mundo al revés.

En 2006, los excesos de la llamada burbuja que rodeaba a URO y por supuesto de los excesos de la Sección 22 del SNTE, provocaron el enfrentamiento que generó la polarización de toda una sociedad, harta –como los soldados- de los malos gobiernos, de la falta de políticos capaces de trabajar por Oaxaca y no sólo de llenarse las bolsas de dinero, como aquel reportero llamado Rito Salinas, hoy uno de los más ricos de Oaxaca.

En 2011, fue la intolerancia, la incapacidad política, es decir, lo mismo que en 2006. Como en 2006, en 2011 se le buscan tres pies al gato, también se anda a la caza de culpables, materiales e intelectuales, de la gresca que dejó en claro –otra vez- que en “bolita”, como “montoneros” policías y maestros-appo pueden agredir a quién sea, como pasó con las tres mujeres policías federales retenidas y golpeadas cobardemente por la turba y como sucedió minutos antes a periodistas, mujeres y hombres, a manos de “los pefepos” y estatales. Aquí nadie se salva.

Como en 2006 ahora en 2011, como señalan el Colegio Oaxaqueño de Comunicación y la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, en relación con la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión: “Es evidente que la CORTV sigue en la misma línea que le ha sido impuesta por gobiernos anteriores al mostrarse como un medio al servicio gubernamental”, por la forma en que se minimizó la gresca del pasado martes.

Como en 2006 en el 2011, las lecciones aprendidas se repiten. ¿Qué quiere la Sección 22? Pregunta apresurado el gobernante en turno. Sólo una disculpa. Bien, así humilde y sin humillarse, acude a los medios para disculparse, basta con que Chepi quede satisfecho por los excesos policiacos.

Pero la Sección 22 quiere fuera a Irma Piñeyro, a Marco Tulio y a Bernardo Vásquez. ¿Quién calma tanta sed? ¡A los leones, a los leones! Gritan las hordas, el vulgo, los enfadados maestros y appistas que aún no ven saciada su venganza. Se lo deben, se las debe Gabino, quien no está dispuesto a ceder más.

El resto, qué importa el resto. Por su parte la PFP ya interpuso las denuncias por las agresiones sufridas. ¿Doble discurso, no hay acuerdo con el gobierno federal, qué alguien me explique? ¿Qué no ya habíamos limado las asperezas señor Presidente? O es sólo hacer los trámites de rigor. Cualquiera que sea la intención habrá descalabros.

¿Por qué sí saben lo que va a pasar en Oaxaca, si uno de los agresores de las policías es detenido? Bueno, sencillo, volveremos al 2006 y sin necesidad de “infiltrados”. Ante este panorama me queda claro: el infiltrado se llama Felipe Calderón…

TIBIO CONGRUESO

Qué vengan los bomberos que me estoy quemando. La diputación local no encuentra la salida, lo que es claro es que argumentos sobran, las leyes están claras.

Por más de dos horas, diputados y diputadas discutieron sobre lo que tiene que pasar con los funcionarios que no cumplen con los requisitos que ordena la ley y son ellos, los que aprueban las leyes, los más obligados a cumplir con ellas. Tibia, muy tibia las fracciones (o facciones) de todos los partidos políticos. Mesurados, excesivamente mesurados. Alguien les tendrá que decir que en Oaxaca, como en México, lo que se tiene que hacer es aplicar la ley y punto. Quién no cumpla se tiene que ir, de lo contrario lamentablemente, las “autoridades” seguirán violentando la ley, así de sencillo y ¿quién puede confiar en un gobierno que no se apega a las leyes? Y cuando escribo gobierno me refiero a todos sus poderes, claro está. Una salida “decorosa” aplicar la ley para los funcionarios que no cumplen con los requisitos para el ejercicio de la función pública, sin necesidad de echarles carne a los leones. No cedería pero tendría el mismo efecto.

GENOVEVA MEDINA

Se fue Genoveva Medina una de las tres mujeres que por Oaxaca han ocupado un escaño en el Senado de la República, una trayectoria larga en el PRI desde los años cuarenta, se fue esa mujer que no se sintió frágil nunca y que se permitió ser la misma pelada de siempre, como ella decía. Se fue dona Geno, la comerciante que quiso ser maestra y una de las impulsoras del folclore de la capital oaxaqueña. El último homenaje que recibió fue el de Ciudadana Distinguida, que le otorgó el gobierno de la ciudad a través de la Regiduría de Equidad y Género, con la concejala Bárbara García Chávez. Se fue doña Geno sin que el PRI, su partido, la reconociera como debía ser.

El PRI, como todos los demás partidos, pierden de vista a las mujeres, el viejo mecanismo del patriarcado se impone, el resultado es que sólo tres mujeres han sido Senadoras, todas del PRI hasta ahora, una de ellas doña Genoveva Medina.

http://caracolasfem.blogspot.com

A reserva Gobierno Democrático, certeza Jurídica


Bárbara GARCÍA CHÁVEZ

Hacer leyes, promulgarlas ex profeso con la intención obvia de regular situaciones que implican al Ejecutivo e impelen indignamente al Legislativo con el propósito de alcanzar popularidad, al regular circunstancias pragmáticas que redunden en laureles políticos, sin ética jurídica, improvisación y ausencia de deliberación legislativa, es indicio de soberbia política y centralismo autoritario.

Es el caso de la reforma a la fracción III del artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que adiciona la obligatoriedad a las y los funcionarios estatales de presentar su título o cédula profesional, aprobada irresponsablemente el 29 de noviembre del año pasado, en una muestra inaudita de servilismo al entonces gobernador electo, próximo a tomar protesta; su intención mediáticamente escandalosa, se dirigía a resaltar un “gabinete de élite” (puros profesionistas, los mejores…) esta situación degenera con la imposibilidad de cumplimiento a la nueva ley por quien fuera designada y designado por el gobernador Gabino Cué a los cargos públicos en cuestión.

Es sin duda alguna una aberración ético-jurídica que no encuentra salida; que se complica aún más cuando nuevamente interviniendo la autonomía republicana del Poder Legislativo, el gobernador democrático, Gabino Cué mandó un oficio para que la LXI Legislatura dispensara la ausencia del título profesional de la funcionaria Irma Piñeyro. Lo que así sucedió en absurda incongruencia, política y jurídica.

La dispensa puede definirse específicamente como una exención o liberación de la ley en casos especiales concedida por el que gobierna la sociedad. Tiene su origen en el derecho canónico o leyes eclesiásticas, y se hacía indispensable para adecuar las conductas humanas imperfectas al objetivo o meta divina: la salvación eterna.

En el derecho positivo, el legislador no está obligado a conceder la dispensa, pues se borraría el límite entre ésta y la excusación de la ley; no debe concederla si ella no implica un bien mayor que su denegación. Esto significa que la dispensa nunca es lícita si no existe una causa suficiente.

Conceptualmente hay que distinguir con exactitud entre la dispensa y la excusación de la ley. La o el dispensado es puesto fuera del alcance de la ley por un acto jurisdiccional o del legislador en este caso; la o el excusado, en cambio, lo está por la misma naturaleza de las cosas, es decir, a causa de los perjuicios que implicaría el cumplimiento de la ley, los cuales serían superiores al bien que de su cumplimiento resultara.

En fin, bastaría con abrir los ojos y destaparse los oídos para percatarse que la dispensa otorgada a la Secretaria de Gobierno, no nos salvo de ningún mal, en todo caso solo ha ocasionado conflictos que se agudizan y se ignoran frívolamente.

El 21 de diciembre pasado, a menos de un mes de las torpezas cometidas, fue el diputado panista Luis de Guadalupe Martínez Ramírez, encargado de presentar otra iniciativa, bajo el supuesto de “no es para echar atrás” su modificación realizada por la diputación en noviembre anterior, sino porque se ha interpretado como discriminatorio, lo demás es lo de menos.

Por otra parte, actuar en la ilegalidad con argumentos de mesiánicos con tintes populistas, parafraseando la democracia, violentando cínicamente el orden jurídico y el Estado de Derecho. Si toda actuación que emane del ejercicio de la función pública, debe constreñirse al mandato expreso de la ley, no hay justificación alguna para hacer y disponer, cuando la ley no lo establece. Sin legalidad no hay legitimidad.

Cuando el poder político se ejerce con la petulancia de -no oigo ni veo nada que cuestione o disiente mis mandatos- se llega a menudo a perder de vista los límites del Estado de Derecho, las acciones concurrentes con otras ocurrentes, hacen disponer de la fuerza pública con exceso violentando derechos fundamentales.

La gobernabilidad, el Estado de Derecho, la participación ciudadana, la justicia democrática, se vuelven conceptos sin sentido si no se forjan en el convencimiento ideal de la seguridad jurídica, que reúne dos dimensiones: la objetiva, relacionada con la estructura funcional y positiva del sistema jurídico, y la subjetiva o certeza jurídica.

Esta última, determina el principio de previsibilidad que tiene la y el ciudadano de las consecuencias jurídicas de sus propias acciones. En expresión del jurista italiano Cesare Beccaria, la lex certa permite “juzgar por sí mismo cuál será el éxito de su libertad”.

Así la libertad se hace reflexiva, proyectada y limitada por la ley; la ley entonces auto-regula la libertad consciente.

No obstante, es tarea del legislador, que la ley no implique gran dificultad comprensiva. Las leyes, como enunciaba Montesquieu, “no son un arte de lógica, sino el argumento sencillo de un padre de familia”, por tanto, la ley no debe resultar engañosa u oscura, ni paradójica y tampoco ambigua. Este postulado de técnica jurídica se formula para el Derecho como principio de estricta legalidad.

En La Política, Aristóteles argumenta el carácter ontológico de la ley en referencia a los gobernados y la certeza de su aplicación justa a partir de su creación humana “…La ley educa expresamente a los gobernantes y prescribe que estos juzguen y administren con el criterio más justo, lo que cae fuera de sus manos…”

Frosini, especialista en estudios de Derecho y Estado en su obra La letra y el Espíritu de la ley, sostiene con rigor ético, que la fuerza obligatoria de la ley tiene por primeros destinatarios a quienes hacen y han de hacer cumplir las leyes -los tres poderes del gobierno-, y sólo en última instancia estarán obligados la generalidad de ciudadanos, en efecto, es así, en esto consiste la certeza jurídica como solidez práctica, como hecho y como destino del Derecho.

La falta de certeza Jurídica, conlleva planteamientos ambiguos o anacrónicos, que derivan en situaciones como la discrecionalidad de funcionarios en la toma de decisiones, genera espacios propicios para la corrupción y la búsqueda de beneficios, y lo más grave es que genera una percepción social de aplicación selectiva de la ley, la idea de “Si los que gobiernan no la cumplen, menos yo”

Si hay seguridad plena de que la ley se cumple siempre, aplicándola a quien se destine, sin excepción ni privilegios; a favor o en perjuicio, esto es certeza jurídica.

La certeza jurídica, debe hacer predecible la aplicación de la ley mediante el fortalecimiento de las instituciones garantizando el acceso de todos los ciudadanos a un sistema de justicia eficaz y elevando la calidad moral de la conducta de los funcionarios y servidores públicos, sólo así se desarrollará una verdadera cultura de la legalidad.

Esperamos que la actuación política fuera de la ley del gobierno democrático de nuestra entidad, que sin duda tiene su causa en el desconocimiento y no en la perversión política, recomponga sus caminos y de un marco legal a sus funciones públicas legitimando democráticamente y con certeza jurídica al tan esperado gobierno para todas y todos.