lunes, 6 de junio de 2011

Mujeres y Política. No, es no, la marcha de las putas

Soledad JARQUÍN EDGAR

El próximo fin de semana en la ciudad de México se realizará la Marcha de las Putas, donde mujeres de todas las edades y actividades saldrán a decir No, es No. A través de las redes sociales y algunas publicaciones se difunde esta movilización que busca dejar en claro que las mujeres no son responsables de la violencia sexual ni agresiones por su forma de vestir, el lugar o la compañía, entre otros aspectos que se siguen empleando para justificar lo injustificable.

La palabra puta se ha utilizado para agredir a las mujeres, para humillarlas, considerando otro estereotipo impuesto a las mujeres, el buen deber ser: madres-mujeres, santas y puras. Así que la marcha que se realizará el próximo domingo en la ciudad de México, rompe con ese estereotipo para decir ¡basta! ante la violencia que sufren todas las mujeres, incluidas, por supuesto las santas y puras.

Todo comienza en la palabra y en cómo creamos el estereotipo. La palabra puta se convierte como por arte de magia en una mala palabra –en el diccionario puta es igual a prostituta-, esto nos lleva a pensar –porque así lo aprendimos- que una puta es una mala persona (mala persona para la sociedad, claro está). Por tanto, la deducción es que siendo una mala persona carece de la posibilidad de derechos frente a los demás, se consuma el estereotipo.

Ellas explican: “¿Por qué putas? Históricamente el término “puta” se encuentra cargado de un significado negativo y peyorativo; puta es una mujer promiscua, que tiene relaciones sexuales por dinero, por placer, que viste de manera inapropiada, que no es una buena mujer. El término sirve como una forma de insulto o etiqueta para el comportamiento de mujeres que se encuentran fuera de lo que la sociedad considera adecuado y aceptable. Bajo esos parámetros y criterios, en cualquier momento de nuestras vidas, las mujeres somos putas y como putas debemos aceptar y callar que se desplieguen comportamientos sexuales sin consentimiento”.
La Marcha de las Putas, que en México promociona Minerva Valenzuela, será una manifestación a la que muchas mujeres deberíamos sumarnos, porque lo único que se busca, exponen sus organizadoras, es decirle “a la sociedad civil, política, religiosa y cualquiera que sea su función en este país, que no importa la vestimenta, el lugar, ni la compañía; nada justifica la imposición de relaciones sexuales o el acoso sexual. La mujer no provoca VIOLENCIA, ni AGRESIÓN; por el sólo hecho de ser responsable y libre al ejercer su personalidad, ideas y principios”.

Lo leí hace muchos años en el suplemento DobleJornada que dirigía la maestra Sara Lovera, ya no recuerdo el título de aquel artículo ni su autora, pero habrá quien se acuerde bien. Ahí quedaba claro, muy claro. El acoso sexual, los piropos molestos y el ataque sexual nada tienen que ver con la forma de vestir, la forma de ser o el sitio donde están, porque a las mujeres las violan desde que son niñas de cuna hasta que son personas mayores. Las violan por usar minifalda o por traer hábitos. Por traer cuello de tortuga o escote. Las violan en la iglesia o en la cantina. Sus padres o los padres. Las violan porque son rubias o morenas. Las violan porque sonríen o están serias… Las mujeres por ser mujeres no provocan la violencia, esa actitud se genera en el imaginario falo-céntrico, en el androcentrismo, en el machismo y, por supuesto en la misoginia. Entonces, queda claro que las mujeres no son responsables de nada, no provocan, lo que hacen es ejercer su derecho a vestir, decir, estar, caminar, pararse, divertirse o dormir donde quieren hacerlo. Y cuando una mujer dice NO, debe aceptarse ese NO. Es cuestión de derechos.

Se trata de desmoronar esa vieja idea que se ha “perpetrado y naturalizado” en la supuesta culpabilidad de las mujeres de ser responsables del acoso y ataques sexuales, porque al final de cuentas no es otra cosa que una forma de discriminación a las mujeres.

El comunicado de la Marcha de las Putas indica que cuando las mujeres dicen NO, la palabra NO, debe tener esa connotación negativa y por tanto sólo puede significar eso: NO, por lo que no deben ser forzadas a tener relaciones sexuales.

Esta movilización se realizó por primera vez este año en Toronto, Canadá, tras una declaración realizada por el policía Michael Sanguinetti durante una conferencia en la Universidad de York, sobre seguridad civil indicó que “las mujeres deben evitar vestirse como putas para no ser víctimas de la violencia sexual”. El policía mostró su ignorancia y las mujeres que están organizadas, ya que el 3 de abril tomaron la calle vestidas con tacones altos, ligueros, escotes y minifaldas.

Emulando a las canadienses, las mexicanas harán una protesta, se apropiarán –explican- de la palabra puta para rechazar cualquier tipo de violencia ejercida hacia nosotras con el pretexto de nuestra apariencia y manifestamos que ni las trabajadoras sexuales ni ninguna mujer debe ser violentada “por puta”. No quiero dejar de transcribir algunas de las frases que se utilizan en la promoción de la Marcha de las Putas y que buscan que todas personas aprendan a respetar:

¡Basta! Yo decido sobre mi cuerpo y No, es No.
Si me pongo medias de red y tacones de aguja: no, significa no.
Si la apertura de mi falda sube hasta mi muslo: no, significa no.
Si en cualquier momento decido no consumar el acto sexual: no, significa no.
Si me pongo una borrachera marca no se asuste: no, significa no.
Si bailo de forma sensual: no, significa no.
Si el escote de mi vestido es épico e invitador: no, significa no.
NO, SIGNIFICA NO.

Sería fantástico que las organizadoras pudieran invitar a las mujeres de los municipios donde sus alcaldes opinan, piensan y actúan de forma misógina y creen que usar minifalda provoca a los hombres o en su defecto que usar minifalda puede generar embarazos, como sucede con los muy ignorantes de Huatulco, Oaxaca, y Novolato, Sinaloa, por citar a dos de otros muchos. Bien harían las mujeres de estos y quizá de todos los municipios del país en salir a la calle en marchas de putas para exigir sus derechos como mujeres a decidir sobre sus cuerpos y a gritar a todo pulmón que No es No.

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A RESERVA. Oaxaca se quedó atrás

Bárbara García Chávez

Rousseau, célebre ilustrado, cuyas ideas políticas influyeron en gran medida en la Revolución Francesa; autor del Contrato Social, obra que modifica el concepto de soberanía, designa a las leyes como la expresión de la voluntad general del pueblo.

La soberanía, decía, es el poder expresado voluntariamente por el colectivo, es absoluta, ya que obedecer al soberano es obedecer la voluntad propia, comprometida. La ley, expresión de la voluntad general, tiene para Rousseau un carácter sagrado, pues representa el único modo de eliminar las arbitrariedades de los hombres particulares que tienen el poder. La ley no puede ser injusta, pues está hecha por el soberano, el pueblo como un todo.

Rousseau plantea la distinción entre soberano y gobierno. Si el soberano es el pueblo en corporación que sabe las leyes, el gobierno es sólo un grupo de hombres particulares que las ejecutan y representa la fuerza al servicio de la voluntad del pueblo, es sólo un "ministro del soberano", simples empleados del pueblo, éste los puede establecer o destituir cuando quiera.

No cabe duda que la ley moldea conductas, sobre todo cuando es producto de la voluntad democrática del pueblo, cuando la razón se sobrepone al dominio arbitrario de quien ostenta el poder formal y fáctico.

Hoy, la ley edifica y consolida nuevos paradigmas que integra en el marco ético-jurídico de los derechos humanos, respetando la laicidad republicana y derivando obligaciones internacionales para el Estado.

Me refiero a la declaratoria de procedencia de la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos que emitió el Congreso de la Unión el pasado 3 de junio; aprobada el 8 de marzo por el Senado de la República y enviada a los congresos de las 31 entidades federativas para su refrendo, aprobándola 21 legislaturas locales.

Una pena que Oaxaca no se incluya en este proceso, que no se haya convocado a sesión extraordinaria a debatir lo que implica para el país -obviamente prioritario- la trascendencia de los derechos humanos hacia una verdadera transición de justicia democrática; resulta sólo demagogia, el discurso de todas las fuerzas políticas, las unas y las otras, las coaligadas por la paz y el progreso y las de oposición, pues hasta la fecha de la declaración de procedencia de la reforma, Oaxaca brillaba por su ausencia.

Se impone indiscutiblemente la extrema necesidad mediática de sobreponer a Gabino Cué para rendir él y solo él, cuentas del “histórico” avance democrático. Muy preocupados no estaban los diputados Pavel López, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, quien argumentó que ya su gobernador y comisionada habilitada (Eréndira Cruzvillegas) estaban trabajando en una iniciativa “mejor”.

La diputación estaba en receso, es decir, muchos de vacaciones. No hubo ningún interés de nadie. Ni Margarita García, la diputada convergente que argumenta los abusos del poder, siempre con los derechos humanos en la mano, ni Flavio Sosa que pide castigo una y otra vez para los violentos asesinos del pasado inmediato, se replegó a los tiempos de Cué y no a la agenda legislativa nacional.

Por supuesto, tampoco en el PRI hubo uno sólo de esa bancada para alzar la voz, por lo menos para curarse en salud.

Pues bien, sin registrar la aprobación del legislativo oaxaqueño, se confirmó la reforma que resulta un verdadero avance en materia de derechos humanos, que a grandes rasgos contempla modificaciones semánticas, como el sustituir la palabra individuos por “personas”, el término asilo se complementa con la palabra universal “refugio”.

Asimismo, se establece que la prohibición de toda discriminación por motivo de las preferencias, sea de manera explícita la referente a preferencias sexuales.

En educación se introduce la obligación de fomentar el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

El principio general migratorio será regido por el derecho de toda persona para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes.

Se limita la extradición de reos políticos, por consideración a la calidad de esclavos o por que se hubieren alterado sus derechos humanos en el país que lo solicita.

En materia penitenciaria su sistema se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad.

Sobre la suspensión de garantías se acotan y equilibran las facultades del Ejecutivo y se salvaguardan los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez, los derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.

La restricción o suspensión de garantías deberá ser proporcional al peligro a que se hace frente, observando en todo momento los principios de legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), podrá ejercitar acciones de inconstitucionalidad contra leyes federales y estatales que vulneren derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que México sea parte.

También tiene la facultad de conocer quejas en materia laboral y emitir recomendaciones a las autoridades competentes sobre violación de derechos humanos laborales.
Asimismo, se establece la autonomía de los organismos públicos de derechos humanos en las entidades federativas.

La elección del titular de la CNDH y de los integrantes del Consejo Consultivo de la misma, así como de los estatales, deberá ajustarse a un procedimiento de consulta pública, de forma transparente.

A partir de la publicación de esta reforma, todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones de los organismos de derechos humanos, nacional o estatal. También hace obligatoria la reparación del daño por la autoridad responsable en caso de acreditarse la violación de derechos humanos.

Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar -a solicitud de estos organismos-, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos para que expliquen el motivo de su negativa.

En tiempo y forma, cumplieron su compromiso con la democracia 21 estados de la República.

Oaxaca se quedó atrás buscando loas, en simulaciones y falsos historicismos que pretenden ensalzar a un sólo hombre, argumentando falacias que estorban los verdaderos procesos históricos, Guanajuato se abrió de capa y decidió no aprobarla con su mayoría conservadora del PAN, lo cual exhibe su posición retrógrada frente a los avances democráticos, no asombra a nadie, en todo caso indigna.

Así es, la reforma va sustentada en la igualdad formal, asumiendo que la diversidad es la riqueza de nuestras sociedades, carácter pluricultural y multiétnico de nuestro país. Queda armonizar la ley con la función ejecutiva, judicial y del vivir y actuar de la ciudadanía. Sigue que las autoridades, sus funcionarios, personal e instituciones se comporten de conformidad a la nueva legislación para garantizar plenamente los derechos de mujeres y hombres.

Los acontecimientos que han violentado la paz social y nuestros derechos fundamentales en los últimos seis meses, no son reversibles, ahí están: decenas de muertos por conflictos políticos y agrarios; mujeres inhabilitadas de facto en escaños políticos ganados, agredidas física y verbalmente, casi en situación de asilo; represiones con uso excesivo de la fuerza pública; permisión abierta para que a la sociedad se nos cierren las vías y acceso al libre tránsito; inseguridad creciente y escandalosa, acompañada por supuesto de cínica impunidad; falta de pago de remuneración legal a miles de trabajadores al servicio del Estado; sin contar con la sistemática descalificación de quien piensa diferente.

Sin embargo, en congruencia con las declaraciones de diversos actores del gobierno del Estado y la reforma del Estado, así como en cumplimiento de las nuevas normas inscritas en la carta magna, deben los poderes del Estado y los ayuntamientos, suscribir con verdadera responsabilidad de cara a todos los sectores de la población oaxaqueña, sin excepciones, un compromiso donde prive la democracia pluralista, representativa, participativa, paritaria y creíble. Donde la igualdad esté basada en los intereses de la diversidad y los derechos humanos, pilares fundamentales para lograr la estabilidad social, política y económica. La voluntad se demuestra con hechos no con declaraciones.

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