domingo, 30 de septiembre de 2012

Mujeres y Política, Retos de la reforma laboral



Mujeres y Política
Retos de la reforma laboral

Soledad JARQUÍN EDGAR
La reforma laboral ha sido aprobada en lo general y durante este proceso hemos recordado lo que significa y ha significado para México el reconocimiento de los derechos de las y los trabajadores. Sus luchas permanentes y cómo este sistema ha cambiado a costa de lo que antes era intocable, los derechos sociales. La corta memoria sigue presente.
En cosa de unos cuantos días la iniciativa preferente de Calderón evocó también la relación de pertenencia de algunos sindicatos con respecto a partidos políticos como el viejo PRI, sólo que ahora con los diputados-líderes sindicales de la versión reloaded del priismo mexicano.
Pero para nadie es ajeno –aún con la corta memoria- que en el corporativismo gremial-partidista están los partidos de las izquierdas y las versiones de camuflaje como la que interpretan la mayoría de las secciones del magisterio y la lideresa más fuerte de este país, cuyo nombre no quiero repetir (las consabidas tentaciones del poder en manos de unos cuantos abusados y abusivos).
Han sido días para un viaje a la historia que está presente y que frente a la realidad parece que no se ha movido nada hacia adelante por el contrario se retrocede cuando es mayor la cantidad de personas cuyas posibilidades se reducen. Un viaje en el que podemos mirar que seguimos en el mismo sitio, atados a un centro y dando vueltas en círculos. Pero no es para asustarse, las instituciones gremiales también son reflejo de lo que es este país o si lo quieren ver de otra forma son parte del sistema político.
En suma, cada vez más personas con un salario precario y con menos prestaciones, lo que tendrá que terminar de ser cierta la promesa de una reforma laboral que responde al sector laboral y no al empresarial.
Algunos puntos controversiales aprobados en la reforma es la regulación del llamado outsourcing, modalidad de subcontratación que incluye periodos de prueba sin indemnización si el patrón decide no continuar la relación; el contrato de prueba por seis meses, el pago por horas (con un salario que no debe ser inferior al de una jornada), el despido por aviso o de lo contrario se tratará de un despido injustificado. Sin duda alguna, quienes saben del tema tienen claro que se están legalizando prácticas que ya eran comunes en México.
Quien sí sabe del tema y expongo aquí parte de sus puntos de vista es el laborista José Alonso Bouza Ortiz, y explicó en una entrevista para el programa de la periodista Carmen Aristegui en la cadena CNN, que tenía dos razones por las cuales nunca habría aprobado la reforma preferente enviada por Felipe Calderón a sólo 90 días de terminar su periodo presidencial y que no había pasado porque la entonces oposición priista no lo había permitido.
Bouza Ortiz señala como erróneo haber mantenido el asunto de los salarios caídos por un año, lo que favorece a la clase empresarial quien ahora tiene en sus manos un despido a futuro fácil y barato. Y por otro lado, este especialista sostiene que el pago por hora también es un error y está planteado de forma “rara” y porque además el o la trabajadora pierden otras prestaciones y sobre todo la estabilidad en el empleo.
Bouza Ortiz señala que la reforma lo que hará es depauperar más a la población que vive de trabajar y si de lo que se trata es buscar una salida a la situación económica que vive el país…“hay que pagar por producir y no pagar menos al que produce”. Fácil y sencillo de entender.
El laborista, a quien citó de una transmisión televisiva, también criticó el hecho de que los diputados no tuvieron tiempo suficiente para analizar la propuesta de Felipe Calderón y en sólo 5 horas les resultaría por demás imposible creer que lo iban a lograr.
De ahí que levantara tantas y tantas sospechas en esa nunca entendida relación que parecen sostener a toda costa el PRI y el PAN y surgieran preguntas que sólo puede responder el tiempo ¿Qué le estaban pagando a Calderón los diputados del PRI y del Verde? ¿Quién le estaba haciendo el favor a quién?
A pesar de todo, la diputación del PRI-Verde y del PAN, reiteran que los derechos fundamentales de la clase trabajadora mexicana quedaron intactos. La verdad –reitero- la tendremos a la vuelta de la esquina.
Ya veremos para qué o a quién sirvieron los 351 votos a favor. Sí se equivocaron los 130 que votaron en contra y si de algo servirán las abstenciones de 10 integrantes de la LXII Legislatura.
Pero es cierto, la falta de tiempo, las prisas incomprendidas de un presidente que está por concluir su sangriento periodo impidió escuchar a los que saben del tema y 500 diputados fueron acorralados para no dar marcha atrás, pero nada justifica si esta reforma no da los resultados que esperan.
El diputado Martín Vásquez Villanueva sin duda dio la cara, lo que no es común que hagan los diputados, y explicó a través de su Facebook la razones de la reforma basado en un juego de “mitos y mentiras contra hechos concretos” y rechazó que sea una imposición de los capitales o un acuerdo entre el PAN y el PRI, por el contrario apunta responde a las necesidades laborales del México actual: facilita la creación de empleos, moderniza las relaciones laborales y regula la contratación.
Otro punto a favor, desde la perspectiva del diputado federal, es que la reforma laboral no desconoce los derechos de los trabajadores, y sí reconoce los derechos de los trabajadores del campo y las empleadas domésticas, lo que constituye un acto de justicia social.
Recalcó que el PRI no traiciona a la clase trabajadora sino que busca garantizar más empleos y mejores salarios y, además, garantiza el respeto a los derechos colectivos e individuales de los trabajadores como lo establece el artículo 133 de la Constitución Mexicana.
En otro de los mitos y mentiras contra la realidad, Vásquez Villanueva apunta que no se atentó contra los derechos de los sindicatos, porque se mantiene inalterable el derecho de huelga, salvaguarda estatutariamente el libre ejercicio del voto y asegura la libertad de asociación de los trabajadores.
Apunta también que mediante el reconocimiento del outsourcing se obligará a patrones y subcontratistas a cumplir con la responsabilidad en materia de seguridad social y sanciona el uso de la subcontratación laboral.
No hay de otra. Veremos qué sucede. Veremos si esto que por un lado se considera el constreñimiento de derechos y por el otro se observa como una modernización del sistema laboral después de 40 años, da buenos resultados, es decir, que haya más trabajo y mejores salarios. ¡Vaya responsabilidad!
Lo que sea, hay algo que es claro y por lo que la madrugada de este sábado, entre el sismo y la somnolencia, ya era denunciado por feministas: la reforma carece de perspectiva de género, lo cual no es raro y denota que voluntad política, entendida como una nueva cultura democrática que incluya a las mujeres.

Pueblo sin ley

Se dilataron 12 meses en discutir la ley que tipifica el feminicidio y todo parece indicar que será 60 días después cuando finalmente se firme el decreto, es decir en los primeros 10 días de octubre, explicó a esta periodista el presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Mendoza Reyes.
Pero hay una condición para que el gobernador Gabino Cué Monteagudo firme su propia iniciativa y es quitando el artículo 134 del Código Penal, situación que ha provocado profundo malestar entre las integrantes de la Comisión Permanente de Equidad de Género, porque –para acabar pronto- la Junta de Coordinación Política decidió no subir estas modificaciones, provocando una aceptación tácita de las observaciones enviadas por el gobernador, trasgrediendo así el trabajo de la propia comisión, que durante 15 horas y junto con la Consejería Jurídica del gobierno estatal habían llegado a un acuerdo salvaguardando a las víctimas y a sus familias, como relató en una conversación periodística la diputada del PRI Delfina Prieto.
¿Será un problema de discriminación al trabajo de las diputadas? Habrá que ver y visto desde ese sitió hay razón para estar molestas, porque pasaron sobre un acuerdo para darle la razón a quien se equivocó, con “improvisaciones y ocurrencias” y “torpezas jurídicas” como le han llamado la diputada del PRI, Mercedes Rojas y la feminista Yésica Sánchez Maya al trabajo de la Consejería Jurídica, quien tuvo que revisar la iniciativa antes de que llegara al congreso local.
Así que, si no deciden otra cosa en unos 10 días habrá delito de feminicidio firmado por el Ejecutivo. Lo cual urge, si no que miren la cifra de mujeres asesinadas en Oaxaca. En suma 14 meses después de que ingresó la iniciativa habrá decreto.
@jarquinedgar



A Reserv, a propósito del aborto



A Reserva
A propósito del aborto

Bárbara GARCÍA CHÁVEZ
Yo declaro haber abortado. Así concluía el manifiesto que en 1971 publicaron 343 mujeres francesas, entre ellas Simone de Bouvoir, Catherine Denueve, Jeanne Moreau y Marguerite Duras. Alzaron su voz por el silencio de miles de sus compatriotas que abortaban bajo condiciones peligrosas al realizarlo en la clandestinidad. Cuatro años después se logró la despenalización en el país galo y desde entonces las francesas –así como sucede con varios millones de mujeres en el mundo- pueden ejercer libremente el derecho a decidir sobre su capacidad reproductiva… ¿Y en México?
En 1990, la Asamblea del Movimiento Feminista Latinoamericano trató el problema del aborto inseguro y clandestino por ser una de las causas principales de mortalidad de las mujeres en muchos de los países de la región. En ese mismo evento, se declaró el 28 de septiembre como el Día Internacional por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. 
A pesar de este pronunciamiento que pretende salvaguardar la vida de las mujeres y su derecho a decidir sobre sus cuerpos y sus destinos, en nuestro país se ha retrocedido desde las posiciones políticas más conservadoras elevando a rango constitucional la prohibición de suspender el embarazo por decisión exclusiva de las mujeres, con la retahíla eclesiástica del “derecho a la vida desde el momento de la concepción”. 
Son ya 19 entidades de la república mexicana (Baja California, San Luis Potosí, Chihuahua, Sonora, Morelos, Colima, Puebla, Jalisco, Durango, Nayarit, Quintana Roo, Campeche, Guanajuato, Yucatán, Querétaro, Oaxaca, Chiapas y Tamaulipas) las que han impuesto la carga de un embarazo no deseado a las mujeres, a pesar de la obligación del estado mexicano frente al derecho internacional de respetar y promover los derechos  de las mujeres y niñas a la vida, a la integridad física; incluyendo protección contra todo tipo de violencia, a la salud, a la educación, a la información y a la no discriminación; conforme está establecido en los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos.
La invasiva posición de la iglesia y su jerarquía católica ha sido determinante en los posicionamientos y arrebatos de políticos de personajes conservadores de toda la geometría política en México.
Desde los tiempos de santo Tomás en el siglo XIII se había recomendado a los miembros de la Iglesia se abstuvieran de tomar partido en los debates científicos debido al riesgo de que implican los frecuentes cambios en el conocimiento científico, por lo que las pautas vicarias  que sostienen las creencias canonícas tendrían que conservarse incólumes y dogmáticas.
La fe cristiana afirma que la dignidad de la persona humana tiene su más profundo fundamento en el hecho de ser hijos de Dios y hermanos de Jesucristo, dimensionando como drama terrible el aborto, como un atentado contra esta dignidad sagrada.
Se pronuncian a favor de la vida, sin argumentos bio-éticos como si la vida implicara solo plasma y sentencian no solo al alma también invaden la esfera pública impunemente: “Quien consiente y deliberadamente practica un aborto, acepta que se lo practiquen o presta una colaboración indispensable a su realización, incurre en una culpa moral y en una pena canónica, es decir, comete un pecado y un delito”.
El Canon 1398 dice: "Quien procura un aborto, si éste se produce, incurre en excomunión Latae sententiae" que es algo así como un juicio sumario, que da cuenta de la tortura del alma in saecula saeculorum (para toda la eternidad) que ya de por sí es mucho, y aún más terrible resulta la persecución que -en la tierra- desde la iglesia se hace para que se criminalice a las mujeres que abortan.
Este principio rige en la condena ungida que la iglesia impone a las mujeres que toman la decisión de abortar desde una posición recónditamente confesional, que retoma inapropiadamente un estado que se auto determine formalmente laico.
No cabe duda que la libertad de decisión y la garantía de los derechos que conlleva el ejercicio de esta libertad debe circunscribirse en un ámbito de autodeterminación y soberanía, separado formal y efectivamente de toda influencia religiosa o filosófica hegemónica.
En estricto derecho se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde el 2007, cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó el recurso de inconstitucionalidad contra las modificaciones al Código Penal del DF en relación con las reformas que permiten la interrupción legal del embarazo hasta las doce semanas de gestación, resolviendo por supuesto la constitucionalidad de la reforma.
Tuvo nuevamente que intervenir la Corte de Justicia ante dos acciones de inconstitucionalidad promovidas en contra de normas constitucionales locales (Baja California y San Luis Potosí) que protegen la vida desde el momento de la concepción.
Ante la tesis “abortista” sustentada a cargo del ministro José Fernándo Franco González Salas, que afirmaba contundente que la despenalización del aborto no es contraría el derecho a la vida y aunque existiese ese derecho desde la concepción, no podría violar la dignidad y los derechos reproductivos de las mujeres, se impusieron las tesis más reaccionarias del derecho desde la perspectiva de juristas formados al parecer en el derecho canónico que argumentaban que sí se reconoce como titular de derechos al naciturus, con independencia de los derechos de la madre.
Oaxaca, en 2009 adoptó la reforma constitucional que protege la vida desde el momento de la concepción, aceptando la iniciativa de la entonces diputada panista Perla Woolrich Fernández, otras y otros legisladores, incluso de la llamada “izquierda parlamentaria” que inesperadamente se le sumaron en una sesión exprés donde incluso hubo violencia explícita contra las mujeres organizadas que fueron literalmente golpeadas por pretender detener la aprobación de dicha reforma.
Hubo quien anunció en la revista Proceso el año pasado, que en los dos últimos años del sexenio de Ulises Ruiz Ortiz (2006-2010), aproximadamente ocurrieron 6 mil 400 abortos “inseguros y clandestinos” en Oaxaca, lo cual en esas condiciones verdaderamente resulta casi imposible de comprobación. Claro que es trascendente que cualquier aborto realizado en esas circunstancias pone en riesgo la vida de las mujeres, e implica situaciones que por sí mismas violentan los derechos humanos de ellas desde el momento en que determinan una decisión en ese sentido.
En Oaxaca, como en otras entidades de la Republica, las mujeres y las organizaciones civiles feministas se han desmovilizado significativamente en la defensa integral del derecho a decidir de las mujeres en su cuerpo y destino, respecto a la interrupción voluntaria del embarazo cuando el gobierno ha decidido implementar medidas legales e intervenir sólo en los casos de aborto por violación. Tal parece que cambiamos la canasta de frutas solo por unas cuantas uvas.
Estar a favor de la despenalización sin llevar a cabo acciones positivas con el fin de prevenir el problema y cambiar las condiciones sociales y económicas que llevan a las mujeres a tomar esa decisión es hacer demagogia.
www.canalgentelibre.com

viernes, 28 de septiembre de 2012

Autonomía y autodeterminación del propio cuerpo




Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca se une a la campaña 28 de Septiembre:

“La reivindicación feminista por la autonomía y autodeterminación del propio cuerpo”


La ciudadanía de las mujeres tiene su mayor expresión en la libertad y autonomía sobre sus cuerpos, territorio personal y privado sobre el cual deben tener la capacidad de decidir soberanamente, es decir, libres de coacción, control o violencia.

Dicho ejercicio libertario da cuenta, entonces, de su capacidad para autodeterminarse en temas tan relevantes como la reproducción y la sexualidad. Por lo tanto, la defensa de la libertad sexual y reproductiva y del control del propio cuerpo constituye un elemento central de la agenda feminista, y debe ser considerada un principio ético político irrenunciable.

El acceso al aborto legal, seguro y gratuito forma parte intrínseca de la autonomía sexual y reproductiva, y se sustenta no solo en consideraciones sanitarias, sino más bien en la perspectiva de las mujeres como sujetas de derechos, con plena capacidad moral para tomar las decisiones más favorables de acuerdo a sus necesidades y realidades de vida.

En ese sentido, numerosas reflexiones acerca de la penalización del aborto que aún persiste en numerosos países y de los costos implícitos en dicha prohibición, enfatizan que este castigo atenta directamente contra el goce de una serie de derechos humanos consagrados de las mujeres, entre otros:

• El derecho a la vida
• El derecho a la libertad y seguridad personales
• El derecho a gozar del más alto nivel de salud
• El derecho a la igualdad y a la no discriminación
• El derecho a la autodeterminación
• El derecho a no ser sometida a torturas 
•El derecho a no ser objeto de injerencias arbitrarias 
•El derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión
• El derecho a controlar su propia fecundidad
• El derecho a la privacidad
• El derecho a contar con servicios de salud reproductiva y acceso al aborto seguro para responder a las necesidades de salud.
• El derecho a los beneficios del progreso científico
• Los derechos sexuales y reproductivos

La 
Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, RSMLAC, uno de cuyos principios de acción prioritarios es, precisamente, la defensa irrestricta de la libertad sexual y reproductiva y del derecho al aborto como derecho humano, ha estado comprometida con las acciones y discusiones relativas al tema que se desarrollan en nuestra región desde hace décadas.

Asimismo, es integrante de la campaña regional 
28 de Septiembre por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, participando en su fundación y lanzamiento, y organizando en octubre de 1992, junto con Católicas por el Derecho a Decidir, CDD, de Uruguay, la reunión de Piriápolis donde se discutieron “Aspectos éticos y legales en la implementación del aborto”. De sus acuerdos y conclusiones surgió la primera coordinación de la campaña que estuvo en manos de CDD y que hoy reside en la Colectiva Mujer y Salud de República Dominicana, la que ha lanzado su llamado a la acción 2012:  Aborto legal y seguro. Una cuestión de Derechos, una cuestión de Democracia.

La Campaña 28 de Septiembre da cuenta, entonces, de una voluntad conjunta de múltiples organizaciones que hace ya 22 años acordaron realizar esfuerzos y compartir estrategias destinadas a afirmar la ciudadanía plena sobre sus cuerpos, promoviendo acciones en cada uno de los países a partir de llamados a la acción definidos según la contingencia regional y las realidades locales.

Sin embargo, los cambios culturales, sociales, políticos y legales que permitirían sustentar y reconocer el ejercicio de la libertad sexual y reproductiva de las mujeres no se han producido sino a paso muy lento, no solo en nuestra región sino en todo el mundo. Incluso asistimos a retrocesos en algunos avances ya logrados, lo que hace necesario repensar y rediseñar los abordajes políticos de la demanda del aborto, ampliando alianzas con otros sectores sociales, reforzando la 
defensa del Estado laico, renovando discursos que centren el debate no en aspectos sanitarios sino de igualdad, libertad, derechos y ciudadanía de las mujeres.

Efectivamente, el ejercicio de una maternidad voluntaria y no impuesta, sigue truncado por la persistencia de la discriminación social de las mujeres a quienes el patriarcado continúa expropiándoles el poder de decisión sobre sus cuerpos, a través de leyes punitivas, de la imposición de una añeja tutela moral religiosa, de la violencia explícita y simbólica.

Al mismo tiempo, permanece el perverso doble discurso social que permite el aborto clandestino e inseguro, al igual que la sanción y encarcelamiento de mujeres pobres y jóvenes que abortan, mientras las mujeres con recursos pueden hacerlo en forma segura y sin castigo, todo lo cual da cuenta de un problema de justicia social inaceptable.

No podemos olvidar que América Latina y el Caribe es una de las regiones del mundo donde persisten las leyes más restrictivas y punitivas sobre el aborto, pese a lo cual se producen más de 4 millones de abortos inducidos, la mayoría clandestinos. Es decir, en nuestro contexto, la vida y salud de las mujeres tienen escaso o ningún valor, y sus opciones sexuales y reproductivas chocan contra el poder hegemónico de los Estados, las iglesias, el conservadurismo moral y político. Ante ello, decimos: Basta 
¡¡Aborto seguro y legal ahora!!