Mujeres y Política

La maternidad, una catástrofe

Soledad Jarquín Edgar
En la década de los noventa, María Félix fue homenajeada por el Partido Revolucionario Institucional. Tras la exaltación de su vida personal y como actriz que hizo presidente del tricolor, la doña con esos aires que le caracterizaron tomó el micrófono y sin más pronunció: La maternidad es una catástrofe. Congeló el entusiasmo de quienes estaban ahí.
El recuento de ese hecho y el recuerdo de esa frase que pudiera parecer lapidaria para muchas personas que siguen significando la maternidad como el único y sagrado destino de las mujeres, fue hecha hace unos días por la periodista Sonia del Valle, en una conversación en la que estuvo presente la maestra Sara Lovera.
Sin duda María Félix no estaba equivocada. La maternidad es una catástrofe, y lo seguirá siendo, en tanto los derechos fundamentales de las mujeres no sean reconocidos en un sentido amplio, y yendo más allá, diría que ser madre seguirá siendo una catástrofe en tanto ese reconocimiento no sea efectivo en los hechos. Queda claro que ser madre va más allá de la decisión tomada -a conciencia- de las mujeres de ser madres. Eso es muy bueno. Pero con qué garantías una mujer decide ser madre si el Estado-gobierno no le da ninguna. Es decir, ¿serán madres aquellas mujeres que pueden pagar un parto o las consultas prenatales particulares? ¿aquellas que pueden decidir cómo y en dónde ser madres? ¿Qué método médico-científico debe emplearse al momento del parto? ¿O acaso deben las mujeres seguir pariendo sin gozar plenamente de sus derechos a la atención médica oportuna, eficiente, eficaz y sin vivir ningún tipo de maltrato?
Veamos, en el congreso local permanece en la congeladora (que debe ser muy grande) una iniciativa de reformas al código penal y a la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, en el que se plantean dos hechos fundamentales y que se consideran de urgente atención: la tipificación de la violencia obstétrica y el feminicidio.
La propuesta levantó una ola de protestas del sector médico que detuvieron la iniciativa y la mandaron a la congeladora. Por otra parte, independientemente de los análisis sesudísimos que deben hacer las y los legisladores, llegar a “acuerdos”, cabildear o lo que sea, tal parece que funciona en contra de las mujeres y lo peor, como dice Lovera parafraseando a Sara Sefchovich, ahí es donde opera el mujerismo, eso que lleva a las mujeres al poder sin conciencia de género y cuyas consecuencias son graves para el resto de las mujeres y en consecuencia para la sociedad.
Eso pasa en el Congreso local. Del otro lado de la calle, de la calle de la Realidad sin número, dan cuenta los informativos y en los hechos tenemos los datos duros, acontecimientos efectivos, los testimonios de las personas, la vida cotidiana de quienes no pueden pagar la atención médica particular y que se atienen a las consecuencias de una mala atención pública, llámese Seguro Popular o beneficencia de Estado. Información que se cuela entre las rendijas de las “muy importantes” notas que hoy circulan en cada quadratín de un diario, en cada minuto de transmisión por radio o televisión, en cada segundo por internet, sobre las campañas políticas de este importantísimo año electoral.
En cosa de una semana y media dos hechos me llaman la atención. Por un lado, una mujer tiene a su hijo sobre la banqueta en una de las calles aledañas al emblemático hospital “Dr. Aurelio Valdivieso”. De acuerdo a las versiones periodísticas, la mujer solicitó su ingreso al hospital porque presentaba contracciones, pero un muy refinado y seguramente conocedor policía o guardia “evaluó” su condición y le negó el ingreso, le dijo que debía caminar más de una cuadra para entrar por la puerta de urgencias.
El segundo hecho documentado también por los diarios locales es el aborto que sufre una mujer a quien previamente le negaron la atención en las instalaciones de la “benemérita” Cruz Roja en Bahías de Huatulco.
Sólo dos hechos, no sabemos de otros, que no dudo que existan más actos de discriminación a mujeres en hospitales públicos o privados, porque gritan al momento de las contracciones y como le dijo una enfermera a la hija de una amiga “¿qué tu mamá no te dijo que tener hijos dolía?”.
A otras las regañan porque llegaron sin bañarse, porque tienen los pies sucios de tierra, también las reprenden porque van por su tercero, cuarto o quinto hijo (que todavía sucede) y así sucesivamente hasta quizá dejarlas morir como ya hemos documentado por más de 20 años en Oaxaca, en Guerrero, en Chiapas y en otras entidades mexicanas. Decesos que desafortunadamente nos muestran la cara real de la pobreza combinada con la negligencia del personal médico, que a su vez, han gozado de todas las complacencias institucionales posibles.
Condición que llevó a un grupo de mujeres a proponer la tipificación de la violencia obstétrica. Mujeres que por cierto también trabajan el llamado parto humanizado. Concepto que desde hace algunos años se había planteado -incluso en el que iba a ser el Hospital de la Mujer allá en Reyes Mantecón y que ya no va a ser por decisión del grupo político en el poder, disponer de una sala especializada para el parto humanizado-.
Lo más reciente fue la iniciativa que ahora reposa en el Congreso Local y que busca regular la atención médica durante el embarazo y parto, es decir, que el personal médico haga su trabajo “lo menos peor”, que las mujeres realmente puedan tener acceso real a la atención médica, tal y como es su derecho. Mujeres madres, sí, pero con ciudadanía.
Los hechos concretos, la vida cotidiana y los testimonios son prueba suficiente de la realidad y, por ende, de la necesidad de regular y legalizar la atención médica a fin de garantizar el derecho a la salud de las mujeres. Sin embargo, hay otra realidad, la política o mala política cruzada con los tiempos electorales que evita confrontarse con los colegios de médicos o los sindicatos de salud. Pero, como decía mi querida abuela, al buen entendedor pocas palabras y en tanto lo que sea bueno para la ciudadanía y no así para los grupos políticos o de “poder” nada pasará por la tribuna de las decisiones legislativas, la iniciativa que busca mejorar la atención obstétrica seguirá en la congeladora. En el fondo, la misoginia opera.
¿Qué interés puede tener para los 42 diputados y diputadas locales que una mujer no sea recibida en un hospital y tenga a su hijo en la calle? Ninguno ¿Qué provoca en las y los legisladores que una mujer aborte porque no recibió atención médica adecuada? Nada. ¡Faltaba más!
Es el mismo caso de las mujeres que sin necesidad son sometidas a una cesárea, sólo porque al personal médico no se le da la gana esperar horas y horas a que nazca una criatura a su hora biológica, natural o que podemos entender de otra forma: a la hora que a ésta se le pegue la gana. No, porque algunos médicos entienden que para eso existen los avances en la ciencia médica y ellos (el personal médico) pueden dormir a sus horas, asistir a una fiesta, convivir con su familia o hacer lo que les dé la gana.
Me pregunto ¿por qué tanto consenso de los diputados con el personal médico y ninguna consulta a las mujeres, a las ciudadanas que deciden tener a sus hijos e hijas? Bastarían algunas preguntas, por ejemplo, que tal si le preguntan a 100 o quizá mil mujeres que tuvieron hijos en los últimos 10 años, si sufrió de gritos o maltratos al momento del parto. Si la regresaron a su casa porque consideraron que todavía no era hora a pesar de las cada vez más frecuentes contracciones. Si su parto fue “natural” o cesárea. Si se atendió en un hospital público o en una instancia privada. Si la lastimaron al momento del parto. Si le hicieron la episiotomía sin preguntarle o avisarle. Cuántos días estuvo hospitalizada y cuáles las razones por las que salió del hospital en sólo unas horas…
Los hechos fundamentales de un parto en la calle por una mala actitud del personal del Hospital Civil o un aborto por la negligente actitud de quienes colaboran en la Cruz Roja en Huatulco, son una evidencia de que el sistema de salud estatal es un desastre que contratan empresas “hechizas”, pero lo cierto es que el responsable de que el sistema opere es una sola persona y se llama Germán Tenorio Vasconcelos.
¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo dejará de ser una catástrofe la maternidad?
El problema es que los legisladores están ocupados en las campañas políticas que todavía no empiezan y no se acuerdan que en Oaxaca las mujeres vivimos al ahí se va, porque no hay leyes suficientes ni buenas ni malas que nos protejan, en cambio, lo que si hay son ocurrencias, por eso ahora hay más mujeres encarceladas por maltratar a sus hijos que hombres encarcelados por golpear a sus parejas y de paso a sus hijos.
Ocurrencias y barbaridades como las recientes declaraciones de la diputada Ivonne Gallegos Carreño, presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Congreso del Estado, quien pretendió dar una cátedra sobre los tipos de violencia y las cifras que proporciona el INEGI a través de su página web, para exigir en tribuna se expida el Reglamento de la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Intrafamiliar para el Estado de Oaxaca. Seguramente la diputada no conoce la ley aludida, que resulta obsoleta y asistencialista, pues en el 2001, en que fue creada no estaba tipificado el delito de violencia intrafamiliar, asunto que de acuerdo a dicha ley es competencia del DIF.
También la diputada se atrevió a inventar cifras argumentando que la violencia intrafamiliar se exacerbaba en los casos de las parejas en “unión libre”, en los casos “en que la mujer salía a la calle a trabajar” y cuándo el matrimonio se celebra con el régimen de separación de bienes. Sin duda, le salió lo panista, lo ignorante y vivimos con sus palabras en Tribuna un retroceso de muchos años, desconociendo las muchas luchas que las mujeres han planteado en ese sentido. Sin duda, con funcionarios y legisladores como estos, la maternidad es una catástrofe.

A RESERVA

Solecismo presidencial: Más becarios y menos sicarios

Bárbara GARCÍA CHÁVEZ
Organismos multilaterales como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, de los que países como México refieren una relación económica de suma importancia, sugieren que los recursos del Estado deben ser aplicados prioritariamente en acciones dirigidas a los grupos más pobres.
Bajo esta lógica surgen pro¬gramas como Oportunidades, como política de desarrollo social, sin embargo, el programa se ha establecido como una relación asistencial entre el gobierno y los grupos beneficiarios generando formas de relación paternalistas, entrañan gratitud y exponen a las poblaciones beneficiarias a prácticas clientelares, pero de ninguna manera promueve la construcción de verdadera ciudadanía.
A través del programa Oportunidades, el gobierno federal en concordancia el estatal y el municipal, han utilizado la estructura oficial para la focalización geopolítica del sector social más empobrecido, con mayores rezagos en servicios públicos, salud y educación, y fundamentalmente imposibilitados de alcanzar su propio sostenimiento alimentario.
Es decir, se ubica y se etiqueta la pobreza en México, se publicita y se mantiene, e incluso, tiende a acrecentarse el número de pobres, lo que permite a los estados y municipios hacerse de mayores recursos para efectos “sociales” que permitan a sus gobernantes promoverse y hasta legitimarse; por supuesto también sirven dichos recursos para efectos electorales, argumentando en el dis¬curso político la defensa de la democracia y la justicia social.
El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades fue uno de los programas bandera del gobierno de Vicente Fox y desde entonces ha sido la bandera de los gobiernos federales panistas del combate a la pobreza extrema; bienvenido por los gobiernos del interior, incluso, de otros partidos que critican y descalifican la política económica y social de la derecha, pero cómodamente aprovechan las grandes cantidades de dinero que este programa abona sin mucha fiscalización y que sin duda les permite un gasto considerable que los posiciona políticamente.
Por desgracia Oportunidades sitúa a los más pobres como sujetos depositarios de la caridad pública y no como sujetos de derecho, ciudadanas y ciudadanos con derechos que debe garantizar el Estado.
El programa Oportunidades focaliza identifica, obsequia despensas, dinero, material de construcción, becas, consulta médica a cambio del forzoso adoctrinamiento sui generis, que promueve y difunde la permanencia identitaria del pobre y adiestra al agradecimiento de la ayuda; no informa de los derechos de manera efectiva y determina per se la necesidad y la marginación como premisa ineludible para seguir siendo sujetos de caridad.
El asunto es que lo recibido no es percibido como un derecho, sino como una ayuda; por lo tanto se desdibuja el ejercicio ciudadano y se establecen relaciones de dependencia y agradecimiento.
Se anula la capacidad de auto organización y tiende a romper los lazos sociales al generar competencia en las comunidades por los recursos.
Al ser focalizados y etiquetados los sectores más pobres exigen que la gente exhiba determinados aspectos de su identidad para acceder a la asis¬tencia, agudizan la discriminación social en la comunidad, en la escuela y en los gremios productivos, sin que exista posibilidad real de modificar su estatus social-económico.
Lo único que salva a la población pobre es demostrar que son pobres, estigmas y estereotipos que se utilizan como “requisitos para ser beneficiarios de la ayuda de Oportunidades.
Dentro del Programa de Oportunidades las becas juegan un papel importante, que se fortaleció y amplió a lo que se denomina Programa Nacional de Becas para Educación Superior (PRONABES), su objetivo es brindar apoyos económicos a estudiantes de escasos recursos para que tengan mayores oportunidades de acceso y permanencia en la Educación Superior Pública, así como para la terminación oportuna de sus estudios. Estas becas tan cacareadas consisten en entregar al estudiantado la inaudita cantidad de 700 a mil pesos mensuales; un promedio de 30 pesos diarios.
En reciente discurso de Felipe Calderón insolentemente y de forma airada y petulante dijo: “mas becarios y menos sicarios”. Claro, aludiendo al reclutamiento de jóvenes que por obvias razones, por lo menos para Calderón, ha venido en aumento.
La falta de oportunidades, el ineficiente ejercicio público del gobierno en materia económica, la falta de políticas de fomento al empleo, acceso y permanencia en los niveles medios y superior de educación, y la propia guerra que de pronto parece engrandecer las posibilidades del crimen organizado frente a la desesperanza que vislumbra la pobreza extrema, la emigración, la economía informal y la ausencia de seguridad social.
En este infortunado discurso, Calderón dejó implícito que los posibles sicarios son necesariamente los pobres, los que son sujetos del programa Oportunidades, aquellas personas que provienen de familias inscritas, que son asistidas y con antigüedad en los registros de Oportunidades y que llegaron a terminar la secundaria y no hubo más apoyos y siguen tan pobres como siempre.
Qué ironía, el programa estrella de combate a la pobreza ha generado según el propio presidente de México sujetos reclutables por la delincuencia.
Qué fracaso de política social (asistencial), estigmas y estereotipos que sugieren en el fondo un terrible desprecio de quien dirige los destinos del pueblo mexicano, a jóvenes sin futuro cierto. Pero está correspondido si esos jóvenes están mas cerca de la delincuencia que de los centros de estudio, seguramente también estarán resentidos con quien los gobierna y, por desgracia, su desesperanza mantiene una enorme brecha en nuestra sociedad.
En Oaxaca, el gobernador Gabino Cué sigue la inercia del PRONABES, con algarabía y publicidad excesiva compromete 17 mil becas para jóvenes estudiantes de nivel superior de 42 instituciones públicas del Estado. En ese momento no aclaró que las instituciones educativas tendrían que hacer el trámite respectivo, lo que no han hecho y por lo tanto la histórica promesa en muchísimos casos se quedó en promesa.
Ahora, al término del segundo mandato presidencial del Partido Acción Nacional, el estudiantado es visto o como potenciales electores o como posibles sicarios. Es miopía política o reconocimiento tácito del fracaso rotundo de la política social que augura desventuras.
En otro tema…
La más reciente vicisitud en la vapuleada Oaxaca, es el caso controvertido de la obra vial en Cinco Señores, en la capital de Oaxaca; no es novedad la inconformidad de algunos grupos sociales con buenas intenciones y otros con no tan buenas, como sucede en nuestro estado, las manifestaciones son consideradas por el gobierno cuando intervienen actores de trayectoria internacional y reconocida trascendencia mediática.
Lo destacable, que tampoco nuevo, es la intervención cínica y oportunista de sujetos insertados en el gobierno democrático, desde las instancias mas sensibles de este mediático gobierno, las responsables de prensa y comunicación.
Nada menos que desde la Secretaría de Administración, la directora de comunicación social, Alma Bernal, pupila bien colmilluda de uno de los que tienen ficha roja en la INTREPOL, compinche de Ruiz Ortiz, tal vez por aburrimiento o por necesidad o por pura perversa diversión, anda de visita por las SINFRAS ofreciendo sus buenos oficios al ingenuo funcionario constructor para poner orden en los medios calentando las manos de algunos periodistas, que según ella desactivarán la publicidad que cuestiona la obra.
Por supuesto la “comunicadora” Bernal pide un dineral y se asegura de obtenerlo mostrando sus credenciales de “experta mediadora”. ¿Qué tal?