domingo, 22 de abril de 2012


Mujeres y Política

Instituciones sin vergüenza


Soledad JARQUÍN EDGAR
Pasar por encima de quien menos sabe o menos tiene es “normal” en este país. Los medios de comunicación, aún cuando no reflejan toda la realidad social, al menos nos muestran una parte suficiente para darnos cuenta que la premisa del poder intelectual o económico, ya no digamos público o político, sobre la vida de otras personas es cosa cotidiana.

Cuando este tipo de afrentas son personales, sin duda, también son abusos. Pero cuando son servidores públicos e instituciones quienes agreden la libertad, el patrimonio, la salud…los derechos humanos en general de las personas, son aún más terribles, indignan, duelen o debería dolernos como sociedad.

Ahora que los medios electrónicos ofrecen un cúmulo de propaganda política de quienes aspiran a ocupar la presidencia de la República, tenemos poco tiempo para reflexionar sobre la realidad cotidiana, entretenidos entre el que comía natas con pan cuando era chamaco, la que se jacta de ser una buena madre y celadora de familia, y el amoroso contenido (cuidado con la explosión). Sin embargo, la vida sigue y sus complicaciones también.

El país está en crisis y parece que nos hemos acostumbrado ya no duele que en las instituciones se violenten los derechos de las personas hasta el cansancio, que en el país como dice INEGI haya 2.3 millones de personas sin empleo (aunque sabemos que podrían ser muchas más) y sabemos también que la mayoría es gente joven que están parados sobre una sola línea: de un lado sus esperanzas y anhelos desmoronadas por el desempleo o el trabajo mal pagado y la explotación laboral, sin prestaciones sociales, y del otro lado,  la pesadilla del “sueño” americano o las filas de la delincuencia organizada que tiene muchos frentes, aunque las fuentes oficiales digan otra cosas.

Esta semana por ejemplo supimos a través de la red del Pacto Nacional por la vida y la libertad de las Mujeres, que Jorge Serrano Limón, dirigente de Provida, hasta servidor público en gobiernos del PAN y quien desvió recursos públicos no pisará la cárcel porque después de robar más de dos millones de pesos, el juez sostiene que su peculado no es grave. Pero si visitamos las cárceles vamos a encontrar que en las mazmorras de esos edificios donde todo es gris, hay muchas mujeres y hombres que robaron por hambre. No justifico la acción, pero el desequilibrio entre el poder y el no poder es bárbaro.

Quién no recuerda el caso Serrano Limón, quien siempre moralista acusó a las mujeres que promueven el derecho a decidir de abortistas y criminales, y lo imagino como ventrílocuo moviendo la boca hablando de la vida, en tanto con sus manos desviaba el dinero donado para equipar nueve Centros de Atención a la Mujer (donde por cierto se violenta la libertad de las mujeres).

Pero la justicia  que le ordena 4 años de prisión y le ordena reparar el daño, consideró que desviar casi 2.5 millones de pesos (se acuerdan que se hablaba de que también había comprado tangas con parte de ese dinero) no era un delito grave, por eso cuando “los otros” se roban el dinero o lo distribuyen entre la derecha y la izquierda en maletines, tampoco pasa nada en este país, incluso algunos de esos señores son hoy gobernadores.

Otro hecho que conocimos fue la acusación de acoso sexual por parte del Coordinador General de Comunicación y Proyectos de la de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Arturo Zárate Vite, cometido  contra de dos trabajadoras. Ellas por supuesto iniciaron un proceso penal ante la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, pero la renuncia, se explica en una carta que se ha enviado al presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva.

¿Qué pasó? El acosador renunció librando a la instancia de su responsabilidad laboral y, por otro lado, el visitador Luis García López Guerrero, ante quien las afectadas denunciaron al acosador Arturo Zárate Vite, y ahí el visitador pidió que simplemente lo perdonaran e incluso desestimó las versiones. Y la tercera cosa que sucedió fue el silencio de quienes deben resolver el problema y la respuesta fue el acoso laboral que orilló a las dos trabajadoras a salir de su empleo.

Ver para creer, pero en un país como México donde todo es permisible y la corrupción es galopante, los derechos de las mujeres, son peor que añadiduras. Indignante que todavía muchas mujeres vivan acoso sexual, producto claro está de la educación patriarcal que sigue poniendo a las mujeres como objetos y no como personas, donde algunos señores creen que cualquier mujer puede ser sujeta de este tipo de atropellos a su dignidad e integridad, pero es aún más doloroso que en la CNDH tenga una doble cara ante la sociedad.

Por otra parte, quisiera comentar sobre otra delgada línea, la que se ha inventado entre lo que es posible y lo que no es permisible. Reglas en las que las creencias religiosas tienen cimientos que para algunos parecen, por viejas, indestructibles o inamovibles, suficiente para pasar por encima de los derechos de las otras personas, que al no responder a lo que se ha establecido como “normal” son excluidas y discriminadas.

Es el caso del matrimonio homosexual que levanta ámpula y desgarradura de vestiduras (¿se acuerdan del derecho al voto y la participación política de las mujeres? ¿recuerdan el concepto de mujeres-objeto?) Pues un juez federal emitió la sentencia del juicio de garantías concediendo el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Lizeth y Monserrat, y no se aplique como está el artículo 143 del código civil del Estado.

Sin duda, este hecho inquieta a las buenas conciencias. Por un lado, el Congreso Estatal que tiene que hacer la tarea no responde, hace mutis, salvo declaraciones que la verdad tienen carácter personal no de una institución del Estado.  El ejecutivo estatal esquiva su responsabilidad de gobernar y entonces manda a su esbirra, la directora del Registro Civil, la panista Hayde Reyes Soto, para interponer el recurso de revisión contra la sentencia que ordena la inaplicación del artículo 143 del Código Civil del Estado que impedía legalmente la unión matrimonial de Lizeth y Monserrat. Sucederán muchas cosas en los próximo días, seguramente que sí, pero la verdad es que aquí como en los otros casos deberían de prevalecer los derechos humanos de las personas, no las opiniones de quienes nada tienen que decir, como las iglesias y el anacronismo de la derecha.

La próxima semana plantearé aquí algunas de las gracias que todavía comete el personal médico de las instituciones de salud, sin importar la dignidad de las mujeres, peor aún la vida, violaciones que siguen ocurriendo frente a la omisión de 42 diputados locales que tienen miedo de entrarle a la tipificación del delito de violencia obstétrica, el feminicidio y otras figuras que buscan garantizar la justicia para las mujeres, sus familias, sus comunidades.


A Reserva

Creer es hacer…Lo que nos espera


Bárbara GARCÍA CHÁVEZ
Sin duda los convencimientos espirituales de la y los candidatos a la presidencia determinarán en buena medida el camino de su actuación política; más aún cuando el Estado laico ha venido deteriorándose desde las propias instituciones hasta encontrar caminos legales que ensanchan las brechas de la confesionalidad.

Es muy difícil, casi imposible conocer con certeza los planes y proyectos políticos de la y los aspirantes; tal vez podamos deducir algunas pautas de su posible accionar a partir de sus frases y eslogan de campaña, y claro, de sus historias y caminos por la vida, que seguramente trascenderán en sus acciones públicas en caso de llegar a la silla presidencial.

En éste sentido se observan con mucha claridad algunos indicios durante la pasarela de aspirantes presidenciables a la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) en el marco de su 93 Asamblea Plenaria; claro está que en todos los casos se reflejó la importancia mediática y la consabida inducción de votos que la jerarquía católica influye en nuestra sociedad mayoritariamente guadalupana. Ella y ellos se declararon creyentes y muy laicos, hablaron y expresaron su pensar, atorándose a veces entre lo que debían decir frente al confesor y lo que querían decirle al electorado.

La primera en rendir la consecuente pleitesía fue la panista Josefina Vázquez Mota, la misma que siendo diputada obsequió como regalo de Navidad un iPad, con valor de 12 mil pesos cada uno, a 84 obispos; en ese tiempo Vásquez Mota no abrió la boca y la única explicación del episcopado fue que los obispos son sacerdotes y no guardan ningún voto de pobreza. Seguramente varios de los beneficiarios de tan singular acto de caridad estaban presentes y aplaudieron a rabiar cuando la candidata soslayadamente se comprometió a que la educación pública se abrirá al adoctrinamiento religioso, argumentando, siempre con una sonrisa imborrable, que la educación puede complementarse en las escuelas con voces diversas que enriquezcan las necesidades espirituales de la niñez, adolescecia y juventud. Eso sí, defendió la laicidad del Estado –pero bien entendida-. ¿Qué tal?

Por supuesto su posición frente a las libertades de la mujer respecto de su cuerpo y sobre las bodas entre personas del mismo sexo dijo que era claro su desacuerdo.
Enrique Peña Nieto candidato del PRI, llegó a la sede religiosa ubicada en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, fue el único recibido por el presidente de la CEM, el Arzobispo de Tlalnepantla, Carlos Aguilar Retes. Es importante puntualizarlo, considerando que siendo gobernador de ese estado, mantuvo una relación privilegiada con la iglesia católica a quien se echó a la bolsa por ésta cercanía muy favorable para los intereses económicos de la prelatura y, por supuesto, para los espirituales del hoy candidato presidencial del tricolor. No hay que olvidar su instrucción católica a cargo del “Opus dei”,  cuyo lema es buscar la santidad en el trabajo ¿Será?

Peña Nieto se pronunció por el estado laico y respecto al aborto se manifestó a favor de la vida y la no criminalización del aborto en México, claro que en su elocución suavizó y justificó ante los jueces de conciencia, limitando la libertad de las mujeres, pues dijo que el aborto debería ser la última decisión posible. Una postura muy cómoda que no dice nada, solo que es “algo” que no le interesa gran cosa.

El candidato llamado de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, llegó muy puntual y sonriente a la cita, sin duda alguna nos dio elementos de análisis respecto de temas que al decir de él son “muy polémicos” como el aborto y los matrimonios gay, dijo que de  ganar la elección de julio consultaría a los ciudadanos a través de un referendo, si es que el asunto lo amerita. “…no voy a fijar una postura ni a favor ni en contra, voy a ser un verdadero juez, y en esos temas consultaré a la ciudadanía”.

Bueno… entonces debería estar buscando un espacio en el poder judicial ¿O no?
Respecto de su visión del Estado laico, se limitó a definirlo sin referir su convicción política; también resaltó que una de las principales razones que explican la actual situación que experimenta el país es la pérdida de valores espirituales, morales y culturales, por lo cual manifestó que en su gobierno se fortalecerán dichos principios.

Muy interesante resulta el papel que le asignó a su esposa Beatriz Gutiérrez, a quien presentó como su enlace con los credos.  Pues resulta que López Obrador en una declaración trivial dice ser ecuménico, lo que significa etimológicamente perteneciente al orbe, es decir universal. Ya aplicado este término al concepto socialmente utilizado, se refiere a la unión de todos los obispos de las iglesias del mundo.

El candidato López Obrador se reconoce miembro activo del Consejo Mundial de Iglesias (CMI), institución de acción pastoral con compromiso ecuménico, que en sus más recientes resoluciones insta a sus miembros a “llevar a cabo acciones concretas de solidaridad” en estos tiempos difíciles; en el mensaje se afirma que “como comunidad de iglesias debemos expresar la preocupación común de las iglesias poniéndonos al servicio de las necesidades humanas, eliminando las barreras que separan a los seres humanos y promoviendo una sola familia humana en la justicia y la paz”.

Los dirigentes de ésta institución condenan “la utilización de cualquier tipo de violencia”, al tiempo que alientan a sus miembros a “no tener miedo y a no perder la esperanza, a promover el amor y el respeto mutuo… suena al candidato de las izquierdas , tal vez mejor calificado como el candidato ecuménico.

El aspirante del Partido Nueva Alianza, Gabriel Quadri de la Torre, aceptó su educación católica e incluso haber sido monaguillo. En su visita al episcopado, se pronunció porque la relación Iglesia-Estado se mantenga como hasta ahora, es decir, que haya una separación que respete las libertades. No estoy a favor del aborto pero tampoco por la criminalización de las mujeres que se ven en la necesidad terrible de interrumpir su embarazo, respecto de las bodas gay dijo estar a favor de las decisiones afectivas de cada persona.

El ejercicio público que debe regir la actuación de los gobernantes frente a los gobernados siempre que actúen en ejercicio de sus legítimas potestades públicas y según lo que la ley establezca. En este sentido es comprensible la urgencia con la que legisladores de todos los partidos, por acción u omisión aprobaron la reforma constitucional al 24, flexibilizando la laicidad que permita dar cuenta a la confesionalidad, a la imputación de pecado y penalizando, por ende, el ejercicio de las libertades  ciudadanas que atentan contra el dominio todo poderoso del Estado actual.
Gane quien gane el retroceso será más o menos pero será. La apuesta es cómo lo detenemos y cómo defenderemos los logros libertarios.

Feminicidio, 60 años de cárcel

Bien, muy bien por las feministas que son las verdaderamente responsables de este logro, que implica muchos años de lucha perseverante para alcanzar la justicia que en principio se está reconociendo con la tipificación del delito de feminicidio que lo comete quien prive de la vida a una mujer por cuestiones de género, cuando la víctima presente signos de violencia sexual, se le hayan infligido lesiones degradantes o haya antecedentes de violencia en el ámbito familiar. También cuando haya existido “entre el activo y la víctima” una relación sentimental, afectiva o de confianza, que haya habido amenazas, acoso o lesiones del sujeto activo contra la víctima, o que su cuerpo sea expuesto o exhibido en un lugar público.

Ahora toca a los estados que han dilatado intencionalmente la iniciativa para que se legisle las reformas pertinentes en cada Código Penal y Procesal Penal y en todo caso se armonicen las leyes adecuando o incluso mejorando los supuestos jurídicos en la tipificación de este nuevo delito que por si mismo es agravado y circunstancialmente castigado con mayor penalidad.

Hasta ahora, sólo nueve de las 32 entidades del país tienen tipificado el feminicidio en sus códigos penales: Colima, Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Morelos, San Luis Potosí, Veracruz y Tamaulipas; habrá que ajustar la redacción y el contenido para alcanzar una mayor eficacia en el procedimiento que aplique la intencionalidad y culpabilidad sin dar rescoldos  jurídicos que permitan liberar a los feminicidas; sigue tocando a las mujeres revisar y vigilar el debido proceso y el cumplimiento de la pena.





Palabra de Antígona

México: El Aborto en el Distrito Federal

Sara LOVERA
Cientos de denuncias por violaciones a los Derechos Humanos y decenas de escenas de violencia callejera, en la que participan delincuentes, miembros del Ejército y distintas policías, son reportadas a diario en nuestros medios de comunicación; las cifras de muertes evitables por cánceres femeninos, embarazos y tortura a manos de sus maridos, también son el pan de cada día.

Todos estos hechos que nos debieran dejar impávidas, rodean  las campañas políticas que a los opinadores les parecen aburridas y sin fondo. En este contexto, en el Distrito Federal el 24 de abril es, a pesar de esta sociedad puritana  y paralizada, un día memorable y emblemático, recordaremos cuando en 2007 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal  aprobó la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) hasta las 12 semanas desde la concepción, y desde entonces las fuerzas reaccionarias y misóginas han conseguido incluir en 18 constituciones estatales el  reconocimiento de  la vida legal del feto desde la concepción.

Las consecuencias de estos hechos, con la complicidad de legisladores y legisladoras locales de todos los partidos políticos -lo que es lamentable-, van desde la restricción para distribuir anticonceptivos, limitar la legal anticoncepción de emergencia hasta el encarcelamiento de muchas mujeres acusadas incluso de homicidio, lo que ha generado una respuesta organizada de militantes feministas.

La persecución, no obstante continúa, las cifras y circunstancias resultan hasta ahora inasibles. Puede decirse que las mexicanas vivimos restringidas en nuestros derechos sistemáticamente, encima se nos reprime y  persigue. En cambio el crimen verdadero, la violencia contra las mujeres, la ilegalidad de los partidos políticos al no respetar ni sus leyes internas ni las que se mandatan y obligan por ley, hace de la impunidad una circunstancia mayúscula.

A cuenta gotas sabemos de apresamientos por aborto, injustificados y mañosos que dan la vuelta a la ley, con la complicidad de personal médico. Principalmente, jóvenes mujeres han enfrentado cárcel, persecución, y sentencias de hasta más de 20 años de cárcel, existen expedientes abiertos, en Veracruz, Baja California, San Luis Potosí  y sobre todo en Guanajuato, sin que las buenas conciencias se alteren.

Nadie sabe a ciencia cierta cuál es el número de abortos inducidos en un país donde se practican en la clandestinidad y viven una sistemática restricción por ley, según  dice el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), al advertir que durante décadas se han utilizado distintas técnicas para medir la cantidad de abortos clandestinos, datos confusos, no verdaderamente científicos.

Sabemos, porque hace años que se hace investigación, que las instituciones privadas y públicas registran sólo parte de la información o en ocasiones ninguna, dice otra vez GIRE, porque se les registra como espontáneos o "sin especificar".

También ello se debe a que  muchas mujeres se niegan a admitir que se han practicado un aborto; el personal de salud no suele reportar como tales los abortos inducidos y existe temor a las implicaciones legales.
Una cosa llama la atención, el proceso en contra de las mujeres es tremendo en los estados de la República y no puede esperarse un cambio porque quienes toman o quieren tomar decisiones, no toman posición alguna, antes al contrario.

Datos reveladores  en San Luis Potosí, son ejemplo de lo que está sucediendo, como para preocuparnos. La Procuraduría de Justicia informó al diario Pulso de aquella entidad, que son muchas las mujeres denunciadas, podríamos suponer que por médicos: 17 en 2009; en 2010 otras 15 y el año pasado 11. En total sumaron 43 las acusaciones en tres años. Del total de las mujeres acusadas seis fueron procesadas, tres de ellas en 2009 y otras tres el año anterior.

De la media docena de procesadas, dos fueron sentenciadas. Una fue absuelta y la otra condenada a 20 años de prisión. Se trata de una joven soltera de 20 años de edad, con estudios  de  bachillerato. Eso ha sido posible, porque el artículo 16 de la Constitución Política de esa entidad refiere que en San Luis Potosí se reconoce la vida humana como fundamento de todos los derechos humanos, “por lo que la respeta y protege desde el momento de su inicio en la concepción”.

Pero no sabemos  qué pasa con la práctica del aborto, solamente en el Distrito Federal a partir de 2007, cuando se aprobaron las modificaciones al Código Penal y a la Ley de Salud del D.F.,  que permitieron la despenalización del aborto hasta la semana 12 de gestación, se ha conseguido obtener un  flujo de información más preciso, transparente y con datos consistentes.

La opinión guardiana de "las buenas costumbres" decía se iban a disparar las cifras, pero las cifras  son evidencia de todo lo contrario.
Lo que la ILE permite es salvar muchas vidas y abrir la posibilidad de que hospitales oficiales, privados, médicos particulares, pueden realizar una interrupción, garantizando todos los cuidados.

De acuerdo con esta información, difundida y ordenada por GIRE, entre el 24 de abril de 2007 y el 29 de febrero de este año, 75 mil 176 mujeres se han practicado un aborto legal en buenas condiciones. En promedio mil doscientas al año y sólo en 2008, la cifra reportada es de casi 4 mil.

En los Hospitales de la Secretaría de Salud del D.F. han sido atendidas mujeres de todo el país: el 73.9 por ciento de esos más de 75 mil abortos son mujeres que viven en esta ciudad, una de las más pobladas del mundo; al Estado de México corresponde el 22.9 por ciento y, de acuerdo con la información, más de cien mujeres provenientes de Puebla,  Veracruz, Querétaro, Oaxaca y el conservador estado de Guanajuato.

Cifras nada espectaculares, si consideramos que hace algunos años se hablaba de medio millón de abortos clandestinos y hoy, la autoridad reconoce entre 120 y 250 mil, según quien los difunda.

Es importante saber que las mujeres que se practicaron la ILE en la capital, el 83 por ciento son católicas, principalmente de entre 16 a 30 años de edad, 52.9 por ciento son solteras y 45 por ciento tienen pareja (casadas o en unión libre). Es decir, un grueso volumen de mujeres que ya tuvieron hijos o sus parejas estuvieron de acuerdo. Tampoco hablamos de eso que decían los conservadores, mujeres sin responsabilidad.

Es evidente que la ILE sería una puerta ancha para acabar con el problema de salud pública que significa el aborto clandestino. Sería un camino que parece todavía lleno de obstáculos. Quienes aspiran a dirigir el país -candidatos y candidata- no se comprometen a nada, ni a disminuir la violencia contra las mujeres ni ha acabar con verdadero compromiso con la discriminación de la mitad de la población, y mucho menos, a reconocer este derecho de las mujeres para dejar de arriesgar su vida al acudir a la práctica clandestina del aborto.

A la candidata y candidatos menos les aflige que muchas mujeres, miles indígenas, campesinas y pobres, sean perseguidas por las fuerzas carceleras vestidas de jueces, policías, médicos y ministros del culto que las condenan antes que escucharlas.

Cinco años de libertad en el Distrito Federal, hace la diferencia, conservar éstas libertades parece lo más urgente, lo más importante para no perder todas las esperanzas en un país, calificado como inviable.

saralovera@yahoo.com.mx