lunes, 29 de abril de 2013

Palabra de Antígona: Hablar sin riesgo


Palabra de Antígona
Hablar sin Riesgo

Por Sara Lovera 
Entre 1983 y 2013, en México fueron asesinados 112 periodistas, 13 mujeres y 99 hombres; solamente en 2012 existe el reporte de 7 desaparecidos. La lista de agravios, despidos y hostigamiento a la libertad de expresión  supera los mil casos.

En los  primeros cuatro  meses de  este año perdieron la vida: Jaime Guadalupe Domínguez, en Chihuahua, el 3 de marzo; Alonso de la Colina, el 16 de abril, en Puebla, y el fotógrafo Daniel Alejandro Martínez este 24 de abril en Coahuila. Este domingo se cumplió un año del asesinato de la periodista Veracruzana, Regina Martínez, sin que a nadie satisfaga el remedo de investigación que se hizo sobre este crimen inaceptable.

Las expresiones de indignación superan todos los cálculos y ahora alrededor del 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, proclamado oficialmente por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1993, hace  exactamente 20 años. Esa proclamación por la libertad de circular ideas, para difundir escritos, para opinar, no ha detenido a los detractores de todos los tiempos que solamente pueden callar a periodistas matándolos.

Hoy de cara a la increíble tasa de impunidad de los crímenes contra periodistas, trabajadores de los medios y productores de medios sociales, la ONU  llama a todos los periodistas del mundo a que inicien una larga jornada para poner en el centro del debate político el derecho a hablar sin riesgo: por el ejercicio seguro de la libertad de expresión en todos los medios.

La situación es crítica, sobre todo en casos de conflictos armados. Pero es asombroso que sin ese marco de conflicto armado declarado, en México superemos las cifras de homicidios contra periodistas, como un signo de la barbarie en que vivimos. Es tiempo de pararla. ¿Quién escucha?

 La Casa de los Derechos de Periodistas (CDP), uno de los sitios de defensa y protección a periodistas en activos, que ha tenido que sacar fuerzas para exiliar a más periodistas de los que la imaginación cubre, está  llamando la atención del gremio, pero principalmente de las autoridades para que sean efectivas las medidas de protección y se deje a un lado la simulación. De nada sirven leyes y mecanismos de protección, si en la práctica las y los periodistas no la tienen y viven miedo y riesgo cotidianos.

La CDP ha concluido con las cifras disponibles que en  2012, el último de la administración calderonista, 15 periodistas perdieron la vida, el 50  por ciento en los estados  Veracruz y  Chihuahua.  Y de las más de 55 agresiones, 22 sucedieron en Oaxaca. O sea está muy claro el mapa y los lugares donde debían actuar las autoridades. Ya es tiempo de obtener respuestas de los gobiernos y de los congresos; de los mecanismos de protección que parecen papel mojado. Se agota el tiempo de la protesta epistolar y la conmiseración. ¿Entenderán los reformadores? ¿Podrán hacer algo? Se necesita  una acción realmente preventiva y de respeto a las libertades fundamentales sustantivas y no demagógicas.

Lo que sucede a periodistas y el tamaño de la violencia general, evidentemente es resultado de la guerra desatada por los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, 12 años de cifras impresionantes: 75 asesinatos de periodistas. Un pálido reflejo de la violencia e impunidad que campea en todo el país, que  ha puesto en claro, que en muy poco tiempo se impuso lo que el analista Eduardo Guerrero califica como “permiso para matar”,  es decir, se ha definido culturalmente en México, un proceso donde hay permiso para agredir, violentar y matar. Es como un monstruo salvaje que salió de las catacumbas para mostrar el más terrible de los rostros de una sociedad y una nación en la cual el respeto a la vida no es más que una falacia y el estado de derecho otra.

Las demandas del gremio son elementales: que las autoridades hagan su trabajo, investiguen, castiguen, prevengan, pongan un dique a esta espiral de violencia que, además, afecta a otras miles de personas, familiares, ciudadanas y ciudadanos, que se levanta como un  huracán incontrolable. En abril 3 colegas fueron asesinados. Los peores años 2006, con 12 asesinatos, y 2008 con cifra semejante.

México ha sido llamado a cuentas por los organismos internacionales. La defensa de periodistas, tal cual el caso del feminicidio con 38 mil mujeres asesinadas en esos mismos años, nos hace uno de los países significativamente violentos e impunes, donde no hay ley ni gobierno.

Ante ello, la CDP ha lanzado una demanda específica para que el  gobierno de Enrique Peña Nieto muestre con hechos su deseo, su declaración de que en este país debe reinar el Estado de Derecho. Que este gobierno y su diligente Procuraduría General de la República haga algo y pronto. Detenga el asesinato, las agresiones y cumpla con lo estipulado en la Constitución. Ya es tiempo.

Urge poner en práctica, no sólo con recursos y discurso, la operación de las medidas de protección. Que las autoridades no se salgan por la tangente, señalando que esta situación es consecuencia del crimen organizado. Los análisis de asesinatos y agresiones señalan que el 62 por ciento de los lamentables hechos son atribuibles a funcionarios menores y mayores; a gobiernos estatales simuladores y corruptos; a excesos de la fuerza pública y a intereses locales, regionales o nacionales para quienes viven como incómodos el ejercicios de la libertad de expresión, de imprenta y el derecho de opinar.

La libertad de expresión es un derecho fundamental o un derecho humano, señalado en el artículo 19º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y las constituciones de los sistemas democráticos también lo señalan. De ella deriva la libertad de imprenta también llamada libertad de prensa.

El derecho a la libertad de expresión es definido como un medio para la libre difusión de las ideas, así fue concebido durante la etapa de la  Ilustración. Para filósofos como Montesquieu, Voltaire y Rousseau la posibilidad del disenso fomenta el avance de las artes y las ciencias y la auténtica participación política, la democracia.

La libertad de opinar fue uno de los pilares de la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos (Primera Enmienda),  de la Revolución Francesa y de la Revolución Mexicana. Miles de perseguidos por sus ideas en la etapa porfirista dejaron testimonio de estos hechos; miles de perseguidos en la guerra sucia de los años 70 del siglo pasado igual. Hasta los magnicidios como el cometido contra el periodista Manuel Buendía, hace 29 años, y hoy parece que fuera ayer. Nada cambia, todo permanece, dijera el filósofo, tirando de sus cabellos, asombrado por la barbarie humana, en la época de los grandes avances de la tecnología y la información horizontal. Ya es tiempo de poner freno a la estulticia.

A Reserva: Prodecon ombudsman de contribuyentes


A reserva
Prodecon ombudsman de contribuyentes

Bárbara GARCÍA CHÁVEZ
Hace poco más de año y medio se creó la Procuraduría de la Defensa de los Contribuyentes (Prodecon), después de azarosos transes legislativos, desafortunados arrebatos presidenciales y una acción de inconstitucionalidad resuelta por Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que modifica los artículos 5 fracción VII y 12 fracción II, de la Ley Orgánica de la Prodecon, en relación a la información de datos y transparencia y en el segundo caso a la forma de elegir consejeros.
La creación de esta institución se propuso hace ocho años, pero fue hasta septiembre de 2011 que empezó a desarrollar sus funciones, el debate que ocasionó la citada ley y las observaciones que en su momento emitió el Ejecutivo Federal, contribuyeron a mejorar y enriquecer el marco orgánico a efecto de que pudiera contar con los instrumentos jurídicos necesarios para cumplir con su misión de proteger y defender los derechos e intereses de las y los contribuyentes de manera eficiente y funcional.
Por ello, se da importancia al hecho de que en muy poco tiempo esta institución se ha consolidado como un organismo público que otorga a los contribuyentes una eficaz asesoría, representación y defensa de sus derechos sustantivos y adjetivos en materia fiscal.
La Prodecon es el primer Ombudsman fiscal mexicano, cuyo fin es la revisión y
mejora permanente de las acciones y prácticas de las autoridades fiscales
federales. Su fundamento deviene de la reforma que actualiza el artículo 1 constitucional que en su último párrafo reza:
“Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.
Este contenido respalda la creación y funciones de un organismo en defensa del contribuyente en un país como México que se distingue por tener una legislación tributaria compleja formada por leyes y reglamentos fiscales complicados y muchas veces confusos, con vigencias cortas que propician frecuentemente situaciones desfavorables para las y los contribuyentes, lo que hacía necesaria la existencia de una instancia del Estado que garantice la protección de los derechos fundamentales de las y los pagadores de impuestos.
La Prodecon se establece como organismo autónomo, con independencia técnica y operativa. La prestación de sus servicios será gratuita y sus funciones, alcance y organización se contienen en la Ley Orgánica respectiva.
La Prodecon tiene competencia para conocer de cualquier acto en materia fiscal
federal, ya sea emitido por el SAT, IMSS, INFONAVIT, CONAGUA o autoridades fiscales coordinadas (entidades federativas y municipios que por convenio sean recaudadoras de impuestos federales).
Las facultades sustantivas que tiene la PRODECON son las siguientes:
• Dar asesoría y atender Consulta legal.
• Ofrecer representación legal y defensa.
• Atender procedimientos de quejas y reclamaciones.
• Investigar y analizar problemas sistémicos.
• Proponer al SAT modificaciones a su normatividad interna.
• Emitir opiniones técnicas a petición del SAT.
• Convocar a reuniones con las autoridades fiscales.
• Proponer modificaciones a las disposiciones fiscales.
De las anteriores facultades se podría pensar que la más relevante o representativa de sus funciones es la de atender procedimientos de quejas y reclamaciones, es decir, actuar como Ombudsman fiscal.
La Prodecon se constituye como abogado defensor de los contribuyentes ante las autoridades fiscales o los Tribunales Federales. En estos casos, hay un monto máximo del crédito fiscal que no debe exceder de treinta veces el salario mínimo en el DF elevado al año (709 mil 122 pesos) para efectos de que proceda a la representación legal en defensa del contribuyente.
En virtud de esas atribuciones, la Prodecon recibe toda clase de quejas por actos de autoridades fiscales federales, para verificar que los mismos no vulneren los derechos de los contribuyentes.
Tiene, además, amplias facultades de investigación; puede requerir informes a cualquier autoridad y nombrar observadores que verifiquen las actuaciones de las autoridades fiscales.
Las quejas o reclamaciones fundadas dan lugar a la emisión de recomendaciones públicas no vinculatorias.
La recomendación pública contiene un señalamiento directo respecto del actuar ilegal o inapropiado de la autoridad fiscal federal y propone las medidas correctivas conducentes.
Esta semana se abrió la delegación estatal en Oaxaca de la Prodecon, la novena en el país, y tendrá como reto representar a las y los pagadores de impuestos que soliciten sus servicios, garantizándoles la defensa de sus derechos ante los actos y disposiciones de autoridades fiscales federales que afecten su esfera jurídica y patrimonial y, sobre todo, a las personas que carecen de recursos económicos que no pueden contratar los servicios de un abogado en la defensa de sus derechos.