martes, 10 de septiembre de 2013

Feministas de Oaxaca contra la firma de relumbrón de GCM



Oaxaca, 10 de septiembre de 2013

A la opinión pública:

Nosotras mujeres de Oaxaca, que hemos nacido en esta tierra o que vivimos en ella, que somos profesionistas, amas de casa, mujeres que trabajamos de manera independiente o en instituciones públicas o de la iniciativa privada, y que aportamos al desarrollo económico de la entidad; somos madres, hermanas, hijas, somos ciudadanas que creemos en la libertad y  estamos convencidas, por los hechos cotidianos, que la violencia feminicida y el feminicidio no se resuelven con “acuerdos” porque los acuerdos solo reflejan compromisos “de buena fe”, porque esa violencia que tanto nos indigna y daña, que no garantiza nuestros derechos fundamentales que determinan nuestra condición de humanas, demanda acciones concretas, específicas y fundamentales que son originalmente obligación y responsabilidad de quien gobierna esta entidad.

Somos nosotras, mujeres que solo representamos nuestra voluntad personal, las que vemos con extrañeza y desconfianza el llamado del gobierno del estado, encabezado por Gabino Cué Monteagudo, porque el acuerdo al que convoca este día no coloca la violencia feminicida ni los feminicidios como uno de los antecedentes que dan origen, suponemos, a esta firma, aún cuando en poco menos de la mitad de su sexenio, han sido asesinadas 226 mujeres, adolescentes y niñas, lo que equivale a una cifra promedio que produce indignación: 6.7 mujeres por mes asesinadas en Oaxaca, sólo teniendo como referencia los diarios locales.

Nosotras, frente a esas estadísticas, vemos que en Oaxaca, la vida de todas las mujeres está en una situación de emergencia nunca antes vista, si comparamos y observamos que se ha duplicado la cantidad de asesinatos cometidos contra mujeres por mes frente a los resultados trágicos de al menos las dos administraciones públicas que le antecedieron.

Nosotras, consideramos que no es necesario convocar a la firma de un acuerdo, donde incluso participará la iglesia, la más grande de las instituciones opresoras en la historia de la humanidad de los derechos y libertades de las mujeres, la iglesia que nos ve como “la mujer mutilada, tapiada, tapada”; la iglesia de la exclusión permanente y que no reconoce sino hasta hace poco más de cinco siglos nuestra esencia humana. Es la iglesia que protege y encubre a los pederastas de niñas, niños y adolescentes. Es la iglesia que condiciona a las mujeres a silenciar la violencia como única forma de preservar a la familia, aún a costa de sus vidas.

Nosotras, consideramos que bastaría entonces que el aparato de gobierno cumpliera a cabalidad con su obligación de proteger la libertad y la vida de las mujeres, tal y como la constitución mexicana y los acuerdos internacionales firmados por México lo mandatan y por tanto lo obligan. Su papel como gobernante es apegarse a las leyes, es hacer solo y únicamente lo que esas leyes le mandatan.

Nosotras, pensamos que mientras que la exclusión que viven las mujeres frente a la violencia se desarrolla en espacios de solitariedad y siniestramiento -una visibilidad invisibilizada-, esta misma exclusión es comentada, leída, discutida y legislada lejos de su origen, por ello las mujeres no se ven ahí, desconocen estas leyes tan lejanas a ellas como su tranquilidad y como la equidad jurídica a que tienen derecho.

Nosotras estamos seguras de que las instituciones están implicadas y obligadas a regular un orden en la cultura -en las ciudades, medio rural, colonias, barrios, municipios, poblados, etc.- capaz de contener y prevenir y/o poner un límite a la violencia a la que está sometida cada vez más el 51% de la población humana representada en las mujeres.

Nosotras, como muchas otras mujeres nos avergonzarnos, indignamos y condenamos la violencia humana, pero, ello no sirve, no es la solución, más bien es lo que nos sume en una cierta impotencia –permisiva- que nos paraliza, paraliza la acción ciudadana de reclamo hacia el gobierno y las autoridades por una falta de acción o por omisión.

Nosotras, ciudadanas exigimos que frente a la aplicación de la ley y su observancia el gobierno actúe con eficacia, no con ocurrencias mediáticas sino con apego a las leyes, reiteramos.

Nosotras, ciudadanas con derechos, demandamos que las autoridades asuman una ética de la responsabilidad, sean y actúen como una autoridad moral poniendo límite y freno a este odio que parece imparable.

Nosotras, rechazamos los actos de simulación como mecanismo de protección ante la incompetencia, y creemos con certeza que el “acuerdo” que hoy suscriben es un acto mediático que carece de acciones y definiciones para contrarrestar el doloroso fenómeno de la violencia contra las mujeres, cuyo costo es incalculable. Su acuerdo no tiene temporalidad, ni ofrece resultados a corto o largo plazo, no sabemos cómo pretenden autoevaluarse, ni qué metodología aplicarán, la rendición de cuentas y la transparencia, tan necesarias hoy ante la falta de resultados.

Nosotras, hemos analizado su documento y confirmamos que es sólo una acción oportunista que pasa sobre el dolor de las familias, de las madres, padres, hijos e hijas de las mujeres asesinadas y las sobrevivientes de la violencia, porque no concretan especificidades para la definición de políticas estatales o municipales, que sin duda implican la inaplicabilidad de estas como ha ocurrido con otras políticas públicas.

Nosotras, mujeres de Oaxaca, insistimos y no quitaremos el dedo del renglón, es obligación de quienes están al frente del gobierno, accionar políticas públicas específica y concretas que para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres de todas las edades, en todo el territorio oaxaqueño, dentro y fuera de su casa, en la calle, en el trabajo, en la escuela, en todos los espacios públicos y actuar en contra de quién o quienes sea necesario.

Nosotras, reiteramos nuestro rechazo a la creación de nuevos organismos, nuevos espacios o firmas de acuerdos, bastaría, insistimos con que cada quien cumpla con lo que la ley les obliga y preguntamos ¿dónde está el Consejo Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres?

Nosotras rechazamos tajantemente que se sigan desperdigando esfuerzos, pero sobre todo recursos públicos en actos de relumbrón, que en nada benefician a las mujeres, en especifico a las que por alguna razón sufren violencia de forma reiterada, sin que puedan saltar esa brecha por falta de oportunidades y que frente a ellas, las instituciones, señalen que no pueden actuar por falta de recursos.

Nosotras, mujeres de Oaxaca, nacidas o radicadas en esta entidad, no quitaremos el dedo del renglón y por ello rechazamos desde ahora este acuerdo, la firma de un documento, que cómo tantos otros se han signado en los últimos tiempos, bastaría –insistimos- con que ustedes cumplieran con las obligaciones para los cuales han sido mandatados.

Queremos resultados,  concretos y específicos que se reflejen en nuestra vida cotidiana, en lo público y en lo privado, sin dobleces ni condiciones. Queremos vivir en libertad y sin violencia de género en contra de nosotras.

“Feministas en Oaxaca”
Alba Leilany Victoria Ortiz, Ana María Emeterio, Anel Flores, Anne-Katrin Stahn, Aurea Ceja Albanés, Aurora Velasco Santiago, Beatriz Hernández Bautista, Daniela María García, Daniela Ramírez Camacho, Edith Hernández, Edith Matías Juan, Edith Magali Jiménez Sánchez, Erika Carbajal, Erika Lilí Díaz Cruz, Evlin Aragón, Flor María Cervantes Rojas, Flora Gutiérrez Gutiérrez, Gilda Genis, Gerarda López Salas, Hilda Rodríguez, Irene Hernández Arriero, Jazmín Cruz, Laura Susana Chía Pérez, Lidia Aguado, Lidia Gaspar García, Magdalena Gámez Bojórquez, Mandy Elder, Mary Carmen Ortega, Mayra Morales, Mayra Serret, Magali Jiménez, Mónica Bustamante, Noemí Ayuuk, Rosy Velasco, Soledad Jarquín Edgar, Trinidad Bartolo López, Violeta Hernández Andrés, Viridiana J. Canseco Zárate, Yadira Cruz, Yesenia L.H, Yamile Gómez, Yésica Azucena Díaz Cruz, Yésica Méndez  y otras más que cuyos nombres no aparecen porque les arrebataron violentamente la vida.





Palabra de Antígona La Igualdad en la cancha oficial



Palabra de Antígona
La Igualdad en la cancha oficial

Por Sara Lovera 
El 30 de agosto se publicó en el Diario de la Federación el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 (PROIGUALDAD), instrumento rector para las acciones del gobierno tendientes a conseguir la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.

La propuesta del gobierno federal, a través del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) es integral y prácticamente toca todos los problemas identificados por el movimiento de mujeres y las instituciones, en los últimos años. En todos propone políticas y acciones.

Sus metas parecen inalcanzables o podrían considerarse, como sucede con otros programas, ambiciosas pero poco creíbles.

A la vuelta de 40 años de feminismo, de políticas y señalamientos internacionales en el centro un problema básico es que la sociedad no ha cambiado. Que amplios sectores siguen pensando que las mujeres valen menos que los hombres. Por tanto se justifica la discriminación, no se la identifica y millones de mujeres viven exclusión social y violencia; límites a sus derechos y violación a las leyes. De ahí que igualdad sustantiva significa igualdad en la vida cotidiana, ya que la ley o la norma no son suficiente, no se cumple o se le da la vuelta. Se desconoce.

Llama la atención que reconozca que a pesar de leyes y acciones, las mexicanas están lejos de conseguir una vida digna, libre y sin violencia; una vida plena y con oportunidades reales en los que, el programa, dice, va incidir sistemática y profundamente. Es ley y compromiso.

El documento plantea, por ejemplo, que sus líneas de acción, sus programas, lo que diagnostica y propone debe ser de conocimiento y observancia obligada por todos los órganos de la administración en sus tres niveles: federal, estatal y municipal. Coincide con el Artículo 1º de la Constitución relativo a la defensa, promoción y respeto a los derechos humanos de todas las personas.

Se funda en las leyes de igualdad, por una vida sin violencia para las mujeres, la de no discriminación y todos los tratados y compromisos firmados por el Estado en los últimos 40 años. Normativas nacionales e internacionales.  

Es, tal como aparece el perfil del gobierno actual, una pieza fundamental en el camino reformador. Se funda en una de las cinco líneas del Plan Nacional de Desarrollo, (mandatado por la Constitución) y, por tanto, se puede exigir, evaluar y observar antes de la fácil descalificación.

Es verdad que llevarlo a cabo y con éxito tiene grandes dificultades. La primera es el sistema económico, consustancialmente depredador de lo humano; la otra es la desconfianza social al gobierno de Enrique Peña Nieto, ahora reflejada en una multitud de protestas, movilizaciones y demandas ciudadanas.

Creo que no es tiempo para  la descalificación anticipada; otra dificultad, central, es la incomprensión dentro de los órganos e instituciones oficiales y de amplias capas de la población, para realmente concebir a las mujeres como seres humanos, con derechos  para construir otra sociedad. Hoy vivimos un panorama devastador  tras 12 años de desgobierno, la violencia creciente y la inoperancia de la legalidad. Tal cual, todo  ello contribuye a que las cosas no avancen. Sin duda.

El reto es derribar esos obstáculos y nadie puede suponer que es rápido, que depende de una persona o un grupo; menos de la crítica sin bases sociales, puesto que no tenemos realmente una organización social de mujeres que atempere la desgracia; tampoco podemos pensar que se resuelve en los discursos cuya plañidera actitud ignorante es si nombran o no a las mujeres.

Yo creo que urge primero conocer el programa, analizar y vigilar con seriedad y constancia. Lo que el programa dice y mandata, es absolutamente trascendente. ¿Quiénes tienen que hacerlo realidad? Primero los y las funcionarias; luego las y los legisladores –propone una cruzada de armonización legal- y después las y los ciudadanos. También los partidos políticos y lo que se llama sociedad organizada.

Está integrado por seis objetivos transversales –quiere decir para todas las dependencias del gabinete y toda clase de órganos autónomos-; delinea 36 estrategias y 314 líneas de acción. Promete autoevaluarse y contiene 18 indicadores con metas para el 2018. O sea, un maravilloso repertorio para observar, dar seguimiento y pedir cuentas.

El mandato es claro: todas las dependencias de la Administración Pública Federal deben incluir en sus programas la perspectiva de género y eso significa identificar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, los tipos de violencia y de discriminación que viven las mujeres y las niñas en las esferas familiar, escolar, laboral, comunitaria, social y política, e identificar los obstáculos para el avance de las mujeres, las prácticas excluyentes y discriminatorias, violentas, sexistas e irrespetuosas. Implica también realizar acciones. Es decir, propone una revolución.

Proigualdad va a necesitar voluntad política y profundidad. Una cosa que me llama poderosamente la atención es su diagnóstico sobre los medios de comunicación. Ahora las y los ciudadanos han elaborado, sin perspectiva de género propuestas para las leyes reglamentarias de la reforma a los medios. Es decir, no tenemos en la sociedad, ni en los grupos de interés, ni entre las y los especialistas o los que así se llaman,  la convicción de la que presumen. Para componer este país se requiere incluir la igualdad entre mujeres y hombres, no hay democracia ni propuesta, sin este componente social, de profunda comprensión.

Es decir, una propuesta ciudadana con perspectiva de género debió entrar al tema de los contenidos de los medios, más allá de la llamada de atención sobre la publicidad. No existe un órgano oficial o civil que analice la programación, el dicho de miles de personajes que se hacen de un micrófono, de centenares de periodistas cuyo lenguaje y discurso vive sin ética de género y desarrolla prácticas discriminatorias todos los días.

Las acciones afirmativas a favor de mujeres y niñas son indispensables para  eliminar las desigualdades. Pero tienen que estar en la vida de relación cotidiana, en la escuela, en los sindicatos, en las organizaciones, en los medios, en la escuela,  en los partidos políticos, en las empresas, en todas partes. No basta con el propósito oficial. Y este es un gran reto, porque vivimos todavía en el caos, en la desvergüenza y la corrupción. Pero, ojo, es falso que no se puedan realizar acciones, mientras cambiamos el sistema. Hoy no podemos posponer tareas urgentes, como disminuir la violencia como modo de resolver problemas, por ejemplo, y eso pasa por nosotras y nosotros.

El programa expone que las acciones positivas tendrán  particular atención en las mujeres indígenas, en las mujeres adolescentes y jóvenes, en las adultas mayores, en las niñas y las mujeres discapacitadas, en las migrantes, en las mujeres en condición de pobreza, en las jefas de familia; sin olvidar a las que son afectadas por el cambio climático y los desastres naturales y las reclusas, entre otras, grupos de mujeres que deben tomarse en cuenta cuando se elaboren los programas sectoriales, institucionales, especiales y regionales. Y agregaría en las instituciones y órganos de la sociedad civil. ¿Si no es así qué estaremos reclamando?

Entra al fondo del asunto, reconoce que la cultura mexicana está permeada por visiones sexistas y discriminatorias que violentan los derechos de las mujeres y de las niñas, y han construido un modelo de masculinidad que exalta el uso de la violencia y la discriminación. Los medios de comunicación masiva con frecuencia reproducen esas visiones en perjuicio de las mujeres, "naturalizando" la desigualdad de género. Ante esta realidad, prensa, radio, televisión y las nuevas tecnologías tienen un nuevo papel que desempeñar a favor de la igualdad entre mujeres y hombres, el combate a la discriminación y la erradicación de la violencia. ¿Con qué instrumentos? Los que debieran formar parte de la segunda oleada que reglamentará la nueva estructura de los medios.

Este punto arriba descrito es para mi algo sustantivo. En la vida diaria, cada mexicano y mexicana convalidan la discriminación y la violencia contra las mujeres sostenidas por esos medios aberrantes. ¿Cómo cambiarlos?

Habría que aprovechar este compromiso empezando ahora mismo. Y no es una postura cristina o simple, mientras no exista una masa crítica que combata la discriminación, no podemos esperar con visión subordinada que sean solamente el gobierno y sus agentes quienes podrían hacer realidad tamaño programa. Se necesita recuperar la humanidad del desbarajuste social a donde hemos llegado.

Por lo pronto hay que dar la bienvenida al programa, conocerlo, diseccionarlo, masificarlo. Esa es una tarea de información y difusión de gran alcance. Además es un instrumento político y un medio permanente para pedir que camine. Pero ojo, si no lo conocemos no podemos exigirlo. Al INMJERES le toca explicarlo y a las autoridades de todas las dependencias tomarlo en serio. Si no sucede esto como premisa, entonces podremos afirmar que se trata de un plan sin dientes. Hoy tenemos casi 19 mil millones de pesos para desarrollar acciones, como se dice, de género. Hay que ver en qué se pone y cómo, ayudará, pero tampoco es suficiente.

Veremos.