jueves, 14 de septiembre de 2017

Pobreza, característica de mujeres presas por narcotráfico



Soledad Jarquín Edgar
SemMéxico, Cd. de México, 11 septiembre 2017.- En México 4.3 por ciento de mujeres de entre 12 y 65 años de edad ha consumido alguna droga ilegal alguna vez en su vida (2016), en tanto que más de dos mil mujeres estaban acusadas por haber cometido algún delito relacionado con drogas (2013); la mayoría de estas últimas son mujeres pobres.

El consumo de drogas ilícitas, por un lado, así como su producción y venta son dos aspectos en los que las mujeres no están al margen y de acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres (INMujeres), las mujeres demandan un tratamiento médico-psicológico, pero también un abordaje jurídico desde la perspectiva de género.

En ese sentido, la doctora en sociología Concepción Núñez Miranda, sostiene que estas mujeres no son producto de la delincuencia sino de un sistema de desigualdad.

El consumo de drogas ilícitas entre mujeres

Las cifras derivadas de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas refieren también que la edad de inicio de consumo de drogas entre las mujeres es a los 18.2 años; los hombres a los 17.7 años. De quienes consumen alguna droga ilícita solo el 12.8 por ciento de mujeres recibe tratamiento, frente al 20.3 por ciento de los hombres.

De acuerdo con los datos 2016 de dicha encuesta, “cualquier droga” ocupa el más alto porcentaje de consumo entre las mujeres (10.3 %), seguido de la mariguana (8.6 %) y la cocaína (3.5 %), seguido de los alucinógenos, inhalables y estimulantes de tipo anfetamínico, con 0.7, 1.1. y 0.9, respectivamente.

Comparativamente con otras encuestas, se observa un incremento en el consumo de mariguana, tanto en mujeres como en hombres, en tanto que el consumo de cocaína se mantuvo estable.

Otro dato relevante es que 12 por ciento de los 3.2 millones de estudiantes mujeres de secundaria y el 22 por ciento de los dos millones de mujeres que estudian bachillerato habían consumido alguna droga alguna vez en su vida.

En relación con la rehabilitación, la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas indica que en 2015 se registraron seis mil 513 ingresos de mujeres a estos programas, ellas representan el 11.3 por ciento de los casi 56 mil que acudieron a los centros de rehabilitación gubernamentales.


Las prisioneras por narco

Las mujeres privadas de su libertad por diferentes delitos ascienden en México a más de 12 mil personas, siendo los delitos relacionados con drogas el delito más común con un porcentaje del 12 por ciento en 2013; este porcentaje en América Latina alcanza al 70 por ciento de mujeres.

INMujeres señala que la pobreza es un factor que lleva a las mujeres a involucrarse en delitos de tráfico ilegal de drogas, muchas veces por imposición de sus parejas; ellas, además, tienen poca o nula educación y son responsables de sus familias.

Por ello, la dependencia federal propone una política con un enfoque realista basado en evidencias, que favorezca el tratamiento en lugar del encarcelamiento, una política basada en la perspectiva de género que permita mirar que existen motivos distintos que las llevan a cometer estos delitos por ser mujeres.


Deshilando condenas, bordando libertades

La doctora en sociología Concepción Núñez Miranda quien ha investigado el caso de mujeres presas por narcotráfico señala que estas mujeres comparten pobreza y olvido.

En el libro Deshilando condenas, bordando libertades explica que un mundo donde la pobreza en lugar de disminuir, crece, es necesario analizar qué ocurre con el modelo de reproducción económico social que provoca más pobreza y que haya más personas proclives a ser utilizadas para la producción, circulación y venta de sustancias prohibidas.

“La pobreza que se respira (en sus comunidades) al mismo tiempo las ahoga, dice Núñez Miranda, quien sostiene que invariablemente los procesos penales de estas mujeres están llenos de anomalías, uno de ellos la falta de traductores en los interrogatorios y que éstos son irregularmente demasiado largos.

El estudio, que le ha valido varios premios y reconocimientos, así como la sensibilización a jueces mexicanos, aunque el sistema mexicano no ha variado su postura, señala que la historia de vida de un grupo de mujeres presas por narcotráfico contribuye a explicar la situación extraordinaria que viven estas mujeres, principalmente indígenas.

Su investigación la llevó a articular diferentes fenómenos sociales actuales: el tráfico ilegal de narcóticos, la pobreza, la justicia y los derechos humanos, analiza sus repercusiones en un sector de personas pertenecientes a la clase social más desprotegida y vulnerable del país: las mujeres de los pueblos originarios, quienes sufren opresiones múltiples, las cuales son violentadas no sólo por una sociedad de desiguales, sino por costumbres que aumentan su opresión y su marginalidad, y cuyos cuerpos son utilizados de “mulas de carga” en la cadena de producción, circulación y venta de marihuana, convertidas en datos, en números utilizados
para que el Estado justifique ante el imperio que está combatiendo el “Narcotráfico”.

Mujeres y Política Terremoto contra elecciones



Soledad Jarquín Edgar
SemMéxico, 14 septiembre 2017.- Las tragedias azotan por doble vía a quienes menos tienen. Juchitán de Zaragoza, llamada la zona cero del terremoto del 7 de septiembre, y que afectó otros 40 municipios de esa región de Oaxaca, así como 18 en Chiapas, y algunos más en Tabasco, con sus respectivas comunidades, serán “una prueba” para quienes buscan desde la presidencia de México hasta las agencias municipales en el proceso electoral del próximo año.

Resulta lamentable hacer en estos momentos esa comparación, mezclar la tragedia con la política y sus expectativas hacia 2018, pero sería ingenuo pensar otra cosa. Más aún cuando tenemos un antecedente que cambió para siempre la participación de la sociedad civil mexicana en 1985. Y es que habría que recordar que la tragedia sucedió apenas unas horas antes de iniciar el proceso electoral 2018 en el que se renovarán 3 mil 416 cargos públicos en todo el país.

El problema es que las víctimas de la tragedia, que suman más de dos millones de personas en ambas entidades ubicadas al sur del país, esperan respuestas, hechos, frente a la tragedia de haber perdido a familiares o todo su patrimonio, es decir, sus viviendas.

Estas familias que al paso de los días experimentan un dejo de abandono, porque los gobiernos simplemente no tienen capacidad de respuesta frente a la magnitud de los daños y reciben –cuando lo hacen- “ayuda” a cuenta gotas. En tanto la sociedad, empieza como a despertar y se organiza, colecta víveres y distribuye comida, agua y otros productos que se requieren en lo inmediato.

Pero el tiempo corre y con esos días más de 900 réplicas del terremoto crean angustia, nadie quiere volver a habitar sus viviendas cuando las cuarteaduras atraviesan de un lado a otro de las piezas de sus casas, o cuando los techos de tejas, como en el caso del Istmo oaxaqueño, se han venido abajo. Pernoctan en la calle, otros se han refugiado en los establecimientos que para ello dispuso el gobierno, pero nadie puede acostumbrarse al movimiento de la tierra, menos cuando ya ha cobrado casi cien vidas.

Entonces la zona devastada por el movimiento telúrico de 8.1 grados en la escala de Richter demanda más de todo, atención médica y psicológica; requiere también dotar de lo necesario para pasar el día a día y tendrá que dar respuestas en tiempo moderado a la reconstrucción.

Y ese es el peor riesgo que enfrenan hoy los gobiernos y con ello las marcas de sus partidos políticos, que no tiene esa capacidad de respuesta, pese a la intervención de la sociedad que tiene todas las limitantes económicas.

La honesta y transparente distribución de los recursos públicos será vigilada por la sociedad desde ahora. El hecho de que no haya poder humano para responder en lo inmediato hace pensar en cómo van a hacer para lo que sigue.

El desaseo político empieza a ser la piedra de toque para muchas familias que a días de la tragedia no tienen una despensa en sus manos, pero sí ven el desfile de políticos que se placean por las calles llenas de escombros sin nada en las manos para las víctimas, solo la promesa de que la ayuda está llegando, pero no acaba de llegar para muchas personas.

Para comprobar este dicho bastaría con mirar las páginas de Facebook de diputados y diputadas que llegan a la zona, se toman la foto. Se establece una diferencia entre lo virtual y lo real. La gente lo dice, se queja, se manifiesta y entre más días pasen más angustia y más inconformidad se va a generar.

Otros políticos se han tomado la foto llevando ayuda a los centros de acopio, fotos oportunistas y de mal gusto, sin efecto entre la ciudadanía. Fotos propagandísticas porque al final de cuentas no tienen fondo, porque atender a la población es su obligación, aun cuando las personas afectadas no vivan dentro de las demarcaciones que gobiernan.

Los Senadores de la República han afirmado que donarán un mes de su salario, ojalá que sea con todo el bono. Lo mismo se pide para los Diputados locales y federal y hay quienes ya sugieren que presidentes municipales y cabildos hagan lo mismo (pero con todo y bono, insistimos) porque habría que recordar que en algunas regiones se invirtieron miles de pesos en las campañas, quienes ganaron deberán ser generosos con quienes gobiernan y que otros sean solidarios con la gente afectada. ¿Quién dice yo?


Por eso digo que el terremoto del pasado jueves será una medida para el proceso electoral que ya empezó, en la medida de la respuesta, oportuna, transparente y sin corrupción, tendrán votos. Así es la cosa.

miércoles, 6 de septiembre de 2017

Apropiación de derechos, avance para mujeres indígenas



* Tema emergente: la participación política 

Soledad Jarquín Edgar
SemMéxico, Oaxaca, 4 septiembre 2017.- La apropiación de las demandas sociales, culturales y políticas como derechos es, para mujeres líderes indígenas, el avance más importante que se ha registrado en los últimos 20 años.

En el contexto del Día Internacional de las Mujeres Indígenas, que se conmemora este 5 de septiembre, las mexicanas Martha Sánchez Néstor, Sofía Robles Hernández y Flora Gutiérrez Gutiérrez, analizan la condición social de las mujeres indígenas para SemMéxico y ponen sobre la mesa que en ese lapso también han surgido nuevos temas como la participación política.
Martha Sánchez Néstor, originaria de Xochixtlahuaca, Guerrero, y ex Secretaria de Asuntos Indígenas en esa entidad, dice que persisten los pendientes: A las indígenas no se les hace justicia social, presupuestal ni política.

Refiere que el avance más importante ha sido la formación de nuevos liderazgos de mujeres que formadas y articuladas buscan hacer valer los derechos de las mujeres indígenas para exigir al Estado Mexicano el cumplimiento de la agenda a sus derechos sociales y se cumplan los compromisos internacionales que México ha firmado.

Lo que se ha logrado hasta hoy, ha sido gracias a la sistemática demanda de las organizaciones de mujeres, el trabajo institucional con universidades como la UAM Xochimilco o la UNAM y la articulación con los grupos feministas.

Coincide con las otras dos entrevistadas, en la actualidad para las mujeres organizadas y que pertenecen a un grupo étnico hay un tema emergente, la participación política de las mujeres, un asunto que no se contemplaba hace 20 años, porque se pensaba que no correspondía a las mujeres indígenas, pero hoy se plantea desde la necesidad de una participación electoral formal.

Responde la pregunta sobre la participación de la posible candidata María de Jesús Patricio, quien como ella y como Sofía Robles fundaron la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI), y afirma que es simbólicamente importante, sin embargo, advierte que pese a ser un país pluricultural, sigue imperando en México el racismo profundo que les niega sus derechos.

La presencia de María de Jesús Patricio, candidata independiente electa por el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), contribuirá a cambiar el imaginario colectivo en ese sentido, simbólicamente es importante el mensaje que están enviando al país, pero lo que realmente nos preocupa es conocer el planteamiento y la agenda política que va a enarbolar, nos preocupa que no tenga la autonomía suficiente.

Por otra parte, expone, entre otros ejemplos, la falta de una iniciativa institucional que garantice la comercialización efectiva de apoyar de manera circular la economía de las mujeres, que se quedan solo en microcréditos, es decir, la problemática es la misma desde hace 20 años, dice en referencia a los dos decenios que han transcurrido desde la formación de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI), que nació en Oaxaca en agosto de 1997.

Avances en la construcción de espacios

Para la ex presidenta municipal de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca, Sofía Robles Hernández, hoy son más los espacios de mujeres que trabajan por los derechos humanos de las mujeres indígenas y han caminado para formar sus propias instancias, primero dentro de las organizaciones mixtas, luego creando espacios y forjando asociaciones civiles propias, y hoy vemos que están dentro de las tareas de gobierno y, además, con mujeres profesionistas y con propuestas más construidas.

Dice que la participación política de las mujeres en aquellas comunidades que se rigen por sistemas normativos internos no ha sido fácil. 

La Ley de Paridad obliga a incluir mujeres en los municipios, no así en las agencias. Su inclusión ha requerido de mucho trabajo, muchas veces se cumple y no pasa nada, pero hay incidencia cuando esas mujeres están conscientes de sus derechos.

Robles Hernández, quien es responsable del departamento Género y Mujer de los Servicios del Pueblo Mixe, explica que insertarse en la vida comunitaria para las mujeres en los sistemas normativos internos es muy difícil, porque se trata de un servicio, no de un trabajo, por tanto, no reciben sueldo alguno y por lo general son las mujeres “solas” es decir, las que no tienen pareja, las que desempeñan esta labor, como las solteras o las viudas.

Entre los pendientes refiere que aún es deplorable el servicio médico que se presta en las comunidades indígenas y en lo referente a la justicia, todavía hay mucho que hacer en las comunidades, donde la violencia familiar no se atiende.

Protocolos sin perspectiva comunitaria

Para la fundadora de la Red Nacional de Abogadas Indígenas, Flora Gutiérrez Gutiérrez, hay avances sustanciales, pero asegura que es necesario analizar las políticas públicas y logros de las mujeres desde una perspectiva comunitaria.
Así explica que recientemente analizaron el Protocolo para Atender la Violencia Política por Razones de Género, el cual carece de una pertinencia cultural, pues solo habla de los sistemas de partidos políticos y no considera los supuestos de este tipo de violencia que pudieran ocurrir en los sistemas normativos internos.

Entre esos supuestos señala, primero, cuando no las dejan participar en la asamblea comunitaria; segundo, cuando ya participan, pero hay candados por el sistema de cargos, como el hecho de cumplir con cuatro cargos antes de poder ser electas presidentas municipales, lo que no siempre se exige del todo a los hombres, para ellos es suficiente que cumplan con dos o tres. Y, tercero, cuando a las síndicas o regidoras no las llaman a sesiones de cabildo, es decir, son electas, son nombradas en las constancias, pero no en los hechos.


La justicia, el gran pendiente

Por otro lado, apunta que un reciente estudio elaborado por la Red Nacional de Abogadas Indígenas, Capítulo Oaxaca, reveló la falta de acceso a la justicia, sobre todo en aquellas violaciones a derechos humanos como la violencia de género.

Ellas acuden a la autoridad comunitaria, donde los estereotipos y la costumbre, imponen ciertos criterios para la autoridad, como el hecho de pensar que la violencia familiar “son chismes” o “asuntos de pareja”, de ahí que más del 70 por ciento de las mujeres que acuden a su autoridad no encuentran justicia y, por falta de dinero o conocimiento, o porque los Ministerios Públicos están fuera de su población, no acuden a otras instancias de justicia.

Ellas mismas, las mujeres de las ocho comunidades donde se realizó el estudio, calificaron en más del 80 por ciento como regular atención que recibieron; “nos preocupa cómo la cultura y los estereotipos influyen en la falta de acceso a la justicia para estas mujeres”, cuando se trata principalmente de problemas de violencia familiar, pensión alimenticia y abandono.


Mujeralia

Población 

De acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015, en México 6 millones 146 mil 479 personas que hablan alguna lengua indígena son mujeres, 200 mil más que los hombres. En términos de relación hombre-mujer, hay 95 hombres por cada cien mujeres. (INEGI)

Oaxaca (906,202) Chiapas (873,154 ) y Veracruz (561,295) son los estados donde hay más mujeres indígenas. (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de México CDI) 

Cerca de 900 mil indígenas viven en una entidad federativa distinta a la de su nacimiento, y 2.6% de la población hablante de lengua indígena vive en una entidad distinta a la que vivían en marzo de 2010; de este total 54% son hombres y 46% mujeres. (INEGI)

Situación conyugal 

La situación conyugal predominante de la población indígena de 12 y más años es la de casada o en unión libre, ya que 55.6% de las mujeres y 57.8% de los hombres se encuentran en ese estado, seguida por la soltería, con proporciones de 31.4% y 37.4%, para cada sexo, respectivamente. (CDI)

En la población indígena las uniones suelen llevarse a cabo en edades más tempranas. En el grupo de edad de 15 a 19 años, el 19.3 % de las mujeres y 7.2% por ciento de los hombres ya han dejado de ser soltera o soltero. (CDI)

La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID 2014) indica que la edad promedio a la primera unión de las mujeres hablantes de lengua indígena en edad fértil es a los 18.7 años, casi dos años menos respecto a las mujeres que no hablan lengua indígena (20.3 años). (INEGI)

Salud 

Quince de cada cien personas hablantes de lengua indígena no están afiliadas a servicios de salud; los más desprotegidos en términos de no afiliación son los varones: 57.7% no cuentan con ella, contra 45.3% en las mujeres. (INEGI)

Fecundidad 

Según la ENADID 2014, las mujeres que hablan alguna lengua indígena tienen en promedio un hijo nacido vivo más (2.5) que las mujeres no hablantes de lengua indígena (1.6). (INEGI)

De acuerdo a la ENADID 2014, 52.6% del total de mujeres hablantes de lengua indígena de 15 a 49 años no utilizaron algún método en su primera relación sexual por desconocimiento, y 22.5% no lo hizo porque deseaba embarazarse. (INEGI)

Trabajo 

Es de destacar la mayor participación de mujeres indígenas que trabajan por su cuenta (32.2%), en comparación con las mujeres no hablantes de lengua indígena (19.0%). (CDI)

Educación

Las mujeres hablantes de lengua indígena son las que presentan un mayor rezago educativo, ya que casi una de cada cuatro se encuentra sin escolaridad alguna y una de cada cinco cuenta con secundaria completa. (CONAPO)

SEM/sje/gr/lr


viernes, 4 de agosto de 2017

Orfa Bohórquez Valencia, 31 años de su asesinato






·      Luchó contra el caciquismo e impulsó la educación media superior de Miahuatlán

Soledad Jarquín Edgar
SemMéxico, Oaxaca, 4 agosto 2017.- Orfa Bohórquez Valencia nació en Miahuatlán de Porfirio Díaz un 15 de agosto de 1942; su madre era Nemencia Valencia. Sus estudios primarios los realizó en su tierra natal y el resto de su enseñanza formal en la ciudad de México y en el Estado de México, a partir de entonces realizó visitas a Miahuatlán durante los periodos vacacionales, hasta que finalmente en 1974 decidió regresar a vivir a ese lugar.
En aquellos años, Miahuatlán estaba llena de carencias solo tenía una escuela secundaria, quienes querían estudiar tenían que emigrar al Istmo de Tehuantepec, a la ciudad de Oaxaca, Pochutla o hasta la ciudad de México, el lugar que eligió Orfa Bohórquez Valencia, para estudiar la licenciatura en Derecho.
La falta de escuelas es una de las principales causas de la migración y fue una de sus preocupaciones básicas, con un grupo de jóvenes integró la Organización Cultural Pelopenitza, vocablo zapoteco con el que se conocía a Miahuatlán y que significa “donde principia nuestro ojo de agua” o “pueblo junto al agua”. Con organización solicita a la autoridad municipal rescatar espacios públicos y destinarlos a actividades sociales, culturales y educativas; de esta manera se recuperó la casa de la maestra Francisca Pérez, ahí se instaló una biblioteca; al igual que el kiosco y la plazuela del Carmen. Años después integran una nueva organización cultural llamada Centéotl (1987-1977) en la que ella encabeza las gestiones necesarias ante las autoridades de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca para que en Miahuatlán se instaure la Preparatoria Seis “Lázaro
Cárdenas”, ante la propuesta del grupo de jóvenes, la UABJO accede a fundar la escuela en ese municipio.
Para ello, el Gobierno municipal decide que se utilicen las instalaciones de la Escuela Primaria Juan Escutia, que contaba con una galera y techos de lámina, además debe buscar y construir un espacio adecuado para el correcto funcionamiento de la institución educativa, que finalmente no cumplieron con su responsabilidad, viendo esto, las autoridades de la UABJO determinaron que ante la falta de interés trasladarían la preparatoria al municipio de Tlaxiaco, en la región de la Mixteca. Este episodio representó un duro golpe para las y los jóvenes miahuatecos que ya se habían inscrito y cuyos estudios se verían truncados, ya que aunque existía el ofrecimiento de la Universidad para que continuarán estudiando en la ciudad de Oaxaca, la falta de recursos económicos que implica el traslado a otra ciudad impidió que una gran mayoría no concluyera su preparatoria.
Orfa Bohórquez Valencia y otras personas decidieron constituir un nuevo movimiento, esta vez, las exigencias de la ciudadanía no se limitaban a los aspectos educativos y culturales, sino que se ampliaban a una serie de demandas presentadas durante décadas y que nunca habían sido atendidas, dejando a Miahuatlán sin el anhelado desarrollo urbano y económico, sumido en un atraso producto del cacicazgo ejercido apenas por una cuantas familias que dominaban el escenario político-financiero; eran los dueños y propietarios de tiendas, comercios y haciendas, con el poder de designar, sin el consenso del pueblo, quién gobernaría el municipio, los cargos se pasaban de uno a otro entre las mismas familias.
En 1980 se formó el Comité de Defensa de los Intereses del Pueblo (CDIP), presidido por José Arias, Orfa Bohórquez era la líder y una figura relevante, aunque decidió manejarse siempre con lo que hoy se conoce en el ámbito político como un “bajo perfil”, no tenía afanes protagónicos. El CDIP es calificado por algunos autores como un grupo radical de izquierda, pero en realidad estaba conformado por mujeres y hombres dedicados a diversas actividades, la gran mayoría se componía de campesinos y estudiantes, a los que se sumaban colonos y habitantes de barrios y rancherías pertenecientes al municipio.
Aunado a las demandas de agua potable, pavimentación de calles, alumbrado público, acciones de saneamiento y construcción de escuelas, se da una conciencia colectiva entre una mayoría de pobladores, no estaban dispuestos a seguir permitiendo la imposición de las autoridades municipales por parte de la familia López Ramos.
Hoy, algunos integrantes y fundadores del CDIP recuerdan que en 1982, unas doscientas personas tomaron por primera vez el palacio municipal de Miahuatlán, con una duración de dos meses; el objetivo era hacer valer la palabra del pueblo, lograr voz y voto y que los caciques dejaran las simulaciones para al final imponer la voluntad de unas cuantas personas sin tomar en cuenta los deseos y decisión del pueblo; que el pueblo reclamara el legítimo derecho a elegir a sus autoridades y exigiera que se respetara desafió a las familias que ostentaban el poder y cuyos intereses se verían afectados al perder el control, el anuncio del final de una época que había favorecido a unos cuantos, empezó con la caída del último Presidente Municipal impuesto por los caciques miahuatecos, de nombre Edgar Loaeza Martínez.
En los comicios de 1983, el CDIP, a través del Partido Revolucionario Institucional,
propone como candidato a la Presidencia Municipal a José Benito Hernández Altamirano, recién graduado de la carrera de Arquitectura, obtiene el triunfo y es designado como Primer Concejal para el trienio 1984-1986; de esta forma y para siempre, “la izquierda priista” de Miahuatlán de Porfirio Díaz le arrebató el poder a los caciques encabezados por la familia López Ramos.
El gobierno de José Benito Hernández Altamirano fue el primero del PRI, aunque para los integrantes del CDIP no tenía mayor importancia; Orfa Bohórquez aseguraba a sus compañeros de la organización, que no tenía mayor importancia el partido, porque “en realidad se trataba de hacer valer la voluntad del pueblo y no debería existir oposición a la voluntad del pueblo”.
Los conflictos previos a los comicios de 1983 hicieron que el entonces Gobernador del Estado, Pedro Vásquez Colmenares pidiera a Orfa Bohórquez, su alumna en la carrera de Derecho, fuera a la capital del Estado a entrevistarse con él. Galdino Ramírez Carmona, quien fuera pareja de Orfa Bohórquez, recuerda que el ex Gobernador le ofreció hacerse cargo de la Secretaría de Turismo, e incluso de la Secretaría General de Gobierno y hasta del Instituto Nacional Indigenista en más de tres ocasiones; ella siempre se rehusó a aceptar las propuestas del mandatario, sabía de sobra que la verdadera intención era alejar a su ex alumna de Miahuatlán; las respuestas de Orfa Bohórquez Valencia siempre sorprendían al Gobernador:
“No señor Gobernador, muchas gracias por todas sus propuestas, pero no necesito ningún empleo, quiero estar al lado de mi pueblo, he despertado el interés de mi pueblo y no lo voy a olvidar por una cartera en el gobierno ni por ningún buen sueldo”.
En otra ocasión le dejó en claro que ni siquiera buscaba la Presidencia Municipal de Miahuatlán “lo que pretendo es que la gente sea quien elija a sus autoridades de manera democrática y no al dedazo” dijo al mandatario.
Ramírez Cardona narra que en aquel tiempo había mucha miseria en Miahuatlán, que la propia Orfa Bohórquez tenía problemas financieros, que la oferta hecha por Vásquez Colmenares, alguien que además de haber sido su maestro era su amigo, habría tentado a cualquier persona, pero Orfa ni siquiera lo pensó y nunca se arrepintió de rechazarla, era una mujer de convicciones e ideales, y clara en lo que deseaba no para ella sino para su gente.
Ella le propuso al nuevo Presidente Municipal construir un mercado, mismo que lleva su nombre, dadas las precarias condiciones en que se expendían los productos.
El mercado estaba en condiciones muy limitadas, eran casetas maltrechas de láminas de zinc; sin embargo, no había posibilidades financieras para emprender el proyecto, ella le pidió a José Benito Hernández que acudiera a dónde fuera necesario para hacer las gestiones; en varias ocasiones el munícipe recibió la misma respuesta: “No se puede”, “no hay dinero”, incluso se propuso que fuera financiado por Banobras y que las y los locatarios pagaran la deuda durante los próximo 25 años, fue la asamblea comunitaria la que determinó no tomar el crédito; para entonces, recién iniciaba un nuevo Gobernador, se trataba de Heladio Ramírez López, quien decidió finalmente aportar parte de los recursos
que se necesitaban para la ejecución de la obra, por su parte, la comunidad aportaría materiales de la región y mano de obra. Los planos fueron ejecutados por el Arquitecto José Santibáñez, aprobado el proyecto, los comerciantes decidieron desalojar el lugar, solo se negaron los caseteros del frente, eran comercios de los caciques, éstos se ampararon ante la justicia federal, ante la resolución que impedía al Ayuntamiento derribar las casetas, el pueblo acordó en una asamblea demolerlas, eran las únicas de concreto, las derribaron en un acto en el que participaron alrededor de quinientas personas.
Cuando el juez federal fue notificado de ese hecho, señaló que no podía hacer nada puesto que no hubo intervención de la autoridad municipal, por lo que no había contra quien proceder.
Un nuevo proceso electoral se llevó a cabo el 3 de agosto de 1986, en el que fue electo Abel Bohórquez Valencia, hermano de Orfa.
Poco antes de las veinte horas del 4 de agosto, Orfa Bohórquez, se encontraba platicando con un grupo de personas en la puerta principal del palacio municipal, entre ellas Jaime Canseco, Delegado Electoral Municipal del PRI; además de Magdalena Ramírez y Patricia Jiménez, Secretaria del Presidente Municipal y otras dos personas, de pronto, el alumbrado público se apagó, en el mismo momento una persona se acercó al grupo, sacó un arma de entre sus ropas y disparó a quemarropa sobre el rostro de la lideresa del CDIP, la bala penetró al cerebro a través de su rostro y no alcanzó a salir.
Medios de comunicación locales como El Imparcial, Noticias y Carteles del Sur publicaron la noticia, señalando que al menos cuatro personas se habían acercado al grupo la noche del 4 de agosto y uno de ellos “vació” su pistola.
Galdino Ramírez, esposo de Orfa Bohórquez, declaró que su esposa ya había recibido varias amenazas vía telefónica, por medio de cartas anónimas y hasta volantes, diciéndole que era mejor que se fuera de Miahuatlán porque sus días estaban contados, antes del cobarde atentado que terminó con su vida Orfa Bohórquez, era Presidenta de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos en ese municipio, recibió muestras de apoyo ante las amenazas sufridas, incluso le sugirieron irse a Francia pues las amenazas ponían en riesgo su integridad física; pero ella no hizo caso, el deseo de ayudar a su pueblo fue mayor que el temor por su vida, desde que regresó a Miahuatlán se había hecho la promesa de trabajar por su pueblo y, sí era necesario moriría por él; era una mujer que no temía a la muerte, siempre decía “en cualquier lugar que me sorprenda la muerte será bienvenida”, frase que es su epitafio, comenta Ramírez.
A pesar de las amenazas, la lideresa del CDIP viajó sola en varias ocasiones a la capital oaxaqueña, recorriendo también las rancherías; “sin duda fue un exceso de confianza de nuestra parte, subestimamos a los enemigos políticos de Orfa”, recuerda con dolor Ramírez Carmona.
Orfa Bohórquez despertó a un pueblo adormecido por costumbre de obedecer la imposición, sus enemigos acérrimos fueron los López Ramos a quienes se les había arrebatado el poder del que gozaron e hicieron uso y abuso impunemente durante tantos años.
Aunque murió instantáneamente, fue trasladada por el propio Galdino Ramírez y otras personas hasta el IMSS Coplamar en un vano intento de salvarla, según las versiones periodísticas que confirmaron su fallecimiento. Ramírez afirma que al escuchar las detonaciones llegó rápidamente al palacio municipal, solo para encontrarse con que habían asesinado a su esposa. Tras la confirmación médica del deceso, el cuerpo de Orfa Bohórquez Valencia fue llevado hasta su casa, ubicada en la calle de Ciprés 108, no permitieron que le practicaran una autopsia, no dejaron pasar a los fotógrafos de medios ni al Agente del Ministerio Público, como tampoco a los enviados del gobierno estatal.
En el lugar de los hechos fueron localizados los casquillos de un arma nueve milímetros, un solo disparo, mortal por necesidad dada la distancia entre el disparo y la víctima, señala Ramírez Carmona. El cortejo fúnebre fue impresionante, iban más de dos mil personas acompañándola, cuentan quienes vieron el suceso.
Durante el novenario y como lo dicta la costumbre, se levantó la cruz para ser llevada al panteón municipal apenas rebasando las 04:00 de la mañana, cuando el cortejo pasaba frente al Palacio, se escucharon detonaciones por todos lados, la gente, enfurecida, optó por incendiar las casas y los comercios propiedad de la familia López Ramos, en respuesta, encapuchados que salieron de la casa de un hombre llamado Tilo Aguilar dispararon sobre la población enfurecida, se aseguraba que esto fue obra de los López Ramos a quienes se responsabilizaba del asesinato de Orfa Bohórquez, así como de las amenazas en contra del Presidente Electo Abel Bohórquez: “esta noche habrá fiesta en tu casa”, decía uno de esos anónimos.
Esa misma madrugada secuestraron a Galdino Ramírez y Esaú Hernández, hermano y cuñado de Orfa respectivamente; a Pablo Luis Franco, todos eran profesores del bachillerato; los dos primeros aparecieron tres días después, en conferencia de prensa en la oficinas de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, señalaron que fueron secuestrados y torturados psicológicamente por sus actividades en el Comité de Defensa de los Intereses del Pueblo y temían por la vida de Franco, quien no había sido localizado.
En los días subsecuentes los comerciantes, colonos, locatarios y el Consejo de Agencias Municipales organizaron mítines y marchas para reclamar justicia, por otra parte, más de quinientas personas se trasladaron a la capital oaxaqueña para demandar al Procurador de Justicia, Jaime López Farías, el esclarecimiento del asesinato; Romelia Bohórquez Valencia, hermana de Orfa, declaró: “para pedirle y exigirle el total esclarecimiento de la muerte de mi hermana Orfa, pues su muerte no puede quedar impune, ya que siempre enfrentó al caciquismo y a la lucha por las mejores causas de nuestro pueblo, ella estaba al lado de los campesinos porque era secretaria del Comité de Defensa de los Derechos Humanos.
“En muchas partes las puertas se nos han cerrado, pero en otras se nos ha escuchado; consideramos que las votaciones fueron limpias que lo que pasa es que los caciques no están acostumbrados a perder; las gentes de Miahuatlán se han negado a proporcionar datos a la Procuraduría por temor a ser muertos; el procurador afirma que tiene los mejores elementos para esclarecer el asesinato, sin embargo, éste es el momento en que todavía no hay pistas de los asesinos”.
En la misma información Patricia Jiménez, Secretaria del Presidente Municipal y testigo del asesinato, aclaró que el Procurador mentía al afirmar que no hubo apagones al momento del crimen, confirmó que al menos en cuatro ocasiones se había suspendido el alumbrado público… aseguró que hubo personas que vieron a los asesinos en el río pero no proporcionaron su identidad ante el temor de ser asesinados también y pidió al pueblo de Miahuatlán tener valor civil y denunciar a los criminales.
Galdino Ramírez afirma que el asesinato de Orfa fue un golpe muy duro para la familia, “nos partió el alma” murmura, “pero también fue muy difícil para el movimiento, en esos momentos yo sólo pensaba en mis hijos, el mayor de apenas año y medio y el pequeño de ocho meses de nacido”. Ambos fueron trasladados fuera de Oaxaca la misma noche del 4 de agosto y nunca más volvieron a Miahuatlán, hoy son dos hombres que no guardan resentimiento alguno por la pérdida de su madre. Orfa Bohórquez Valencia, mujer intensa para vivir, valiente, llena de energía e ideales. “El precio que pagó la familia fue altísimo, a pesar del sacrifico humano, se puede decir que Orfa consiguió despertar a todo un pueblo, les enseñó a defender sus derechos, el pueblo cambió, les quitó la venda de los ojos”, sostiene orgulloso Galdino Ramírez quien tras varios años de ausencia volvió a Miahuatlán en 2012.
Hasta ahora el crimen de la activista Orfa Bohórquez nunca ha sido resuelto, en cambio, tras su muerte, se ha pretendido ligarla como integrante del movimiento armado clandestino, se ha rumorado incluso que su muerte fue un ajusticiamiento del Ejército Popular Revolucionario por su cercanía con el gobierno.

**Tomado del libro Mujeres de Oaxaca.